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Editorial

Derecho a un aire sano

Órdenes ambientales del Consejo de Estado, estaciones de monitoreo en rojo y naranja, y la Estrategia Nacional de Calidad del Aire; tres hechos sobre una problemática que impone retos diarios.
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Publicado el 21 de agosto de 2019

Tres noticias -una jurídica, otra factual, otra política- atrajeron la semana pasada, de nuevo, la atención sobre la recurrente problemática de la calidad del aire que, en particular, viene padeciendo desde hace varios años el área metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá.

El hecho jurídico fue la decisión del Consejo de Estado de mantener vigentes las medidas cautelares que había emitido el Tribunal Administrativo de Antioquia para que las autoridades de Medellín y las ambientales del área metropolitana tomaran todas las medidas eficaces orientadas a garantizar un ambiente sano, en particular las atinentes a un aire limpio.

Estas órdenes tuvieron su origen en una acción popular presentada por un grupo de ciudadanos que buscan la protección judicial efectiva del derecho colectivo a un medio ambiente sano, se ordene a las autoridades públicas tomar medidas efectivas para tal fin. Como el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que había riesgos ciertos de perjuicios irremediables, ordenó preventivamente unas medidas, mientras se decide de fondo la acción popular. El Municipio de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) apelaron esas medidas provisionales y, en segunda instancia, el Consejo de Estado no solo las ratificó sino que hizo una serie de llamados de atención que los responsables ambientales tendrán que tomarse en serio, si bien no se puede decir que hayan permanecido cruzados de brazos, porque en el expediente han podido mostrar toda una serie de soluciones que se han ido ejecutando.

De lo dicho por el Consejo de Estado hay que destacar el requerimiento que hacen para mejorar los canales de información a la ciudadanía y, en concreto, cuidar que la información que se emite sea inteligible, es decir, comprensible, no oscurecida bajo tecnicismos, y que además sea fácilmente accesible.

El segundo hecho fue el estado que indicaron las estaciones de monitoreo que, a partir del viernes, tuvieron zonas en color rojo, naranja y amarillo. La capa turbia era notoria en el valle de Aburrá, aunque las autoridades del Sistema de Alertas Tempranas (Siata) la atribuyeron a “masas de aire provenientes de la Amazonia brasileña hacia la región andina colombiana”, es decir, las causas no fueron por emisiones internas del valle de Aburrá.

No dejó de ser paradójico, sin embargo, que en días de plenos indicadores rojos, naranjas y amarillos de decenas de estaciones se produjera el tercer hecho, el político, que fue la presentación en Medellín del estudio de calidad del aire realizado por el IDEAM, que arroja mejora en los índices de calidad del aire, y durante el cual se anunció, con la presencia de cuatro ministros, la Estrategia Nacional de Calidad del Aire.

Será muy bienvenida esta estrategia nacional en cuanto se asuma como política pública, con compromiso de todas las autoridades, máxime cuando se sabe que las autoridades municipales podrán adoptar algunas medidas en defensa de la calidad del aire pero que con muchas otras se topan con que son competencia de las nacionales. Y éstas, al ponderar la prevalencia de derechos, no han sabido si proteger el interés colectivo al medio ambiente sano o los intereses sectoriales de gremios como el del transporte, que también deben estar integrados en esta Estrategia Nacional que ahora se anuncia.

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