Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
El Gobierno por fin, como en la fábula, se dio cuenta que iba caminando desnudo en materia fiscal. Todos los expertos venían advirtiendo sobre la crisis que se estaba incubando, pero el único que no la quería ver era el Gobierno, que se empeñaba en decir que cumplirían la regla fiscal.
Pero los cuentos se acabaron y la crisis quedó en evidencia el viernes 13 de junio, cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó las metas de ingresos, gastos y endeudamiento de la nación en los próximos años, en un documento que se conoce como Marco Fiscal de Mediano Plazo. Y ahí se cayó toda la estantería. Ávila dijo que la crítica situación fiscal “podría representar una amenaza para la estabilidad macroeconómica en el corto y mediano plazo”.
Las cifras que presentó dejaron a más de uno boquiabierto. Este año el descuadre en las finanzas públicas llegará al 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB), dos puntos por encima al 5,1% que había previsto hace unos meses, y que se convierte en el mayor desequilibrio fiscal solo comparable con el de la época de pandemia. La deuda subirá a 61,3% del PIB y seguirá su carrera ascendente en los próximos años, los gastos seguirán aumentando, mientras los ingresos se mantienen estancados.
Ante este inquietante panorama el gobierno anunció una fórmula que causó mayor preocupación. No hará un gran apretón en los gastos, como lo pide el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y, por el contrario, recurrirá a la cláusula de escape de la misma, que se usa solo en situaciones extremas, para pasarse por alto este tope en los próximos tres años. De esa manera abre las puertas a más deuda.
Con el agravante de que los intereses van a costar mucho más: como lo advertía el economista Salomón Kalmanovitz: “la tasa de interés del 5% hace dos años, hoy debe pagar cerca del 8%, al percibirse un riesgo mayor”. Es decir, Colombia se endeudará más y le costará más.
Adicionalmente, alista una tercera reforma tributaria de inmensas proporciones. Después del decretazo en el que se van a gastar más de 800.000 millones de pesos en una consulta popular, ahora el gobierno sorprende a los colombianos con unos “impuestazos” porque con la nueva reforma que llevará al Congreso espera recoger entre 19 y 25 billones de pesos anuales.
Este será un nuevo golpe para la economía, como incluso se reconoció en el documento del Ministerio de Hacienda que señala que “aumentar la carga tributaria, sin mejoras estructurales en la calidad y eficiencia del gasto público, podría frenar la actividad económica, afectar el crecimiento y, por esta vía, reducir los ingresos fiscales”. Al leer esto resulta casi un insulto al país que estén preparando el nuevo paquetazo de impuestos. Tal vez tiene que ver con que el ministro Germán Ávila dijo que él llegó a obedecer al Presidencia, y entonces evidentemente no le obedece a los técnicos de su ministerio ni a los documentos que ellos preparan.
No sobra decir que se trata de la tercera reforma tributaria de Petro, o la cuarta si se cuenta la Conmoción Interior. El primer golpe del gobierno de izquierda llegó en 2022 con la reforma del ministro José Antonio Ocampo para recaudar $20 billones por año. Ricardo Bonilla, sucesor de Ocampo, presentó una reforma tributaria por $12 billones que no la aprobó el Congreso; Germán Ávila firmó un decreto para anticipar autorretenciones en la fuente para conseguir otros $7 billones de pesos este año. Y habrá que sumar los impuestos que se impusieron con motivo de la Conmoción Interior, a los juegos de azar y a los hidrocarburos.
Y ahora, el Gobierno se viene con otra megarreforma que trae temas tan controvertidos como la revisión de la estructura del IVA y del impuesto al consumo para llevarlo a niveles similares a la tarifa del IVA, revisión en el impuesto de renta para personas naturales de altos ingresos, mayores impuestos al carbono, que le acabarían de dar el golpe de gracia al sector de hidrocarburos, la imposición permanente del IVA a los juegos de azar en línea, la creación de gravámenes ambientales sobre el uso de plaguicidas, emisiones de ruido y productos como los vapeadores, entre otras muchas propuestas. Hay que recordar que por una reforma tributaria con menor alcance, cuando Petro y sus seguidores estaban en la oposición en 2021 casi incendian al país con violentas protestas.
El ministro Ávila justifica estas decisiones por el gasto adicional que le dejó el gobierno Duque, que según sus cuentas es de $120 billones, de los cuales $80 billones corresponden a los subsidios que se dejaron de cobrar a la gasolina –dato no confirmado, en primer lugar porque el Fondo implicado existe desde 2007 y el déficit que dejó Duque fue de $30 billones–.
Lo que no dijo el ministro es que el gobierno, conociendo esta situación desde un principio, se pegó un tiro en el pie al atacar al sector de hidrocarburos, uno de los que más recursos genera, atacar al sector privado, frenar la inversión y aumentar los gastos creando nuevos ministerios, embajadas y contratando personal de manera irresponsable.
Metidos en esta vaca loca resta esperar si el Congreso, con el que las relaciones están más tirantes que nunca, va a aprobar estos impuestazos, o qué otro camino cogerá el gobierno para tapar este desangre fiscal que ayudó a fomentar.