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Editorial

Diagnósticos de la justicia

El presidente de la Corte Constitucional y el fiscal General entran haciendo repaso de los problemas que el país conoce de sobra. Lo que hay que ver es si tienen capacidad y voluntad de resolverlos.
<span class="priority-content" mlnid="idcon=35235350;order=2.0">Diagnósticos de la justicia</span>
ilustración Morphart Publicado el 18 de febrero de 2020

Las declaraciones de los recién posesionados presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, y fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, parten del reconocimiento de que hay muchas y muy graves falencias en la administración de justicia en el país.

No son, por lo tanto, ni sorprendentes ni extraordinarias, así el fondo de lo que digan sea grave por lo que implica de desarreglo de la institucionalidad judicial. Responden a los diagnósticos que repetidamente hacen quienes llegan a los más altos cargos de responsabilidad de la Rama, y que reiterarán con datos y problemas sobrevinientes quienes los sucedan al recoger el pesado fardo de asuntos sin resolver.

De las declaraciones del nuevo presidente de la Corte Constitucional hay que atender el contenido material de lo que dice, pero también tener en cuenta la autoridad que puede inspirar en los jueces del país, atendiendo el hecho de su trayectoria con serias objeciones que en el momento de su elección salieron a la luz, sin que nada pasara. Y con la nulidad de su elección como magistrado y su posterior restitución al cargo, en 2015, por orden del Consejo de Estado en sentencia de acción de tutela.

Por ello podría sonar casi sarcástico que sea el magistrado Rojas Ríos quien se duela del desprestigio de la justicia. Pero, haciendo de lado su historia personal, hay que convenir en que, efectivamente, tal grado de descrédito es una tragedia para el Estado de Derecho. Y que, como lo dice, la gente ya parte de la base de que no obtendrán pronta y cumplida justicia.

Omite el nuevo presidente de la Corte Constitucional algún asomo de autocrítica en lo que a esa entidad se refiere. No se trata de que salga a denigrar de ella, pero no puede desconocer que un factor esencial de la crisis es la pérdida de un valor esencial de la legalidad, que es el de la certeza jurídica. Ella está hecha añicos en Colombia, entre otras cosas, por actuaciones y decisiones de la Corte Constitucional, al autoatribuirse poderes legislativos e incluso constituyentes, y al haber bloqueado propuestas de reforma judicial tan necesarias como las de un tribunal de aforados para investigar y juzgar de forma independiente a altos funcionarios del Estado, incluidos los magistrados.

La credibilidad ciudadana, de cuya ausencia se duelen los magistrados, podría recobrarse en alguna porción cuando las altas cortes dejen de ser palos en la rueda para las reformas que podrían iniciar un proceso de mejora en el funcionamiento de la justicia.

Por su parte, el recién posesionado fiscal General Barbosa, ha dicho, por ejemplo, que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia será su “órgano asesor” y que con sus miembros “discutirá los grandes temas de la justicia”. Si el país tuviera la certeza de que esa Sala ya quedó definitivamente liberada de los estragos y tentáculos del “cartel de la Toga” podría recibir con tranquilidad ese anuncio. Pero, por lo pronto, lo que hay que preguntar es por qué esa promesa, cuando sus competencias son suficientemente autónomas como para tener que ir a solicitar bendiciones que, por bien que le vaya, le serían concedidas “quid pro quo”.

De las decenas de retos de un fiscal, todos van a una raíz común, que es el intolerable índice de impunidad, un verdadero escándalo para cualquier democracia. Para que dentro de cuatro años quien reemplace a Barbosa no tenga que hacer un diagnóstico similar al de hoy, las esperanzas se cifran en que el equipo que ahora inicia logre, en la medida de lo posible, reducir la brecha entre los delitos que se cometen y las investigaciones y condenas contra sus responsables.

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