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Sondeos de opinión de este y otros medios informativos, y del gremio de la educación, constatan que siete de cada diez padres de familia y maestros no tienen la certeza o la convicción de que aún sea momento para reanudar las clases y el proceso académico presenciales. La tarea es compleja, en esencia por los detallados protocolos sanitarios que exige y por los desniveles en las condiciones locativas y operativas requeridas desde las instituciones.
Es inmediata la proyección de los imaginarios de la educación pública y privada. Por los espacios disponibles, la cantidad de niños y adolescentes en las aulas y los recursos para ejercer una bioseguridad adecuada, en especial en los ambientes de la educación básica primaria y secundaria.
Si la conectividad, agilidad y comodidad, a partir del hardware, el software y la internet disponibles (equipos, programas y redes), han sido elementos diferenciadores de la calidad de los procesos virtuales, en el aislamiento, el regreso, sin vacunas ni medicamentos definitivos para sanar la covid-19, es un mundo lleno de preguntas de responsabilidad de salud familiar y social.
Por fortuna, la proyección de un regreso se vislumbra para agosto y en un modelo de alternancia: con horarios escalonados y con fases presenciales y virtuales. Es decir, solo se cumpliría una parte del proceso escolar en las sedes educativas y el resto en las casas de los alumnos.
Cualquier esquema, no obstante, deberá tener un meridiano, un eje transversal: la seguridad sanitaria de los estudiantes, pero también de los docentes. Son cerca de 11 millones de personas los actores que involucran la vida y la comunidad académica del país.
Ya el Ministerio de Educación advirtió que en este terreno de procesos y poblaciones tan sensibles, no puede haber imposiciones. Y que se dependerá del diseño de estándares de bioseguridad rigurosamente evaluados por las autoridades y por las mismas instituciones. Todo ello en una estrategia ajustada a las condiciones y datos de la pandemia en los niveles municipal, departamental y nacional. Una cadena ineludible y necesaria.
Si bien es cierto que hay gran desgaste y agotamiento de la comunidad educativa, al haber trasladado las aulas a los hogares de docentes y dicentes, no es menos importante ser responsables con una crisis de salud que aún no alcanza picos que permitan establecer certezas sobre una reactivación social y económica irreversible y totalmente segura, confiable.
Las recomendaciones están ahí: evitar aglomeraciones en entradas y salidas y en horas de descanso o actividad física. Reducir el número de alumnos en las aulas y en los transportes, para cumplir distanciamientos de entre 1,5 y 2 metros. No laborar docentes mayores de 60 años, ni asistir niños menores de dos años, y mucho menos con preexistencias médicas.
Hay aproximaciones a un protocolo que, siendo general, se adaptará a las condiciones específicas de cada plantel. Pero tanto el Mineducación como el gremio educativo y los padres asumen que se trata, aquí sí, y por largo tiempo, de una “nueva normalidad” que debe tomarse con pinzas y con el mayor rigor, dado el bajo nivel de conciencia de niños y adolescentes sobre las repercusiones graves del virus.
Por eso hay que hablar de un modelo en construcción y aproximación, ante el cual surgen estas reflexiones iniciales.