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Una polémica que vuelve por cuenta de las declaraciones del Director de la Policía. Empecemos por el parte de tranquilidad: Colombia no es el único país del mundo donde la cuestión de la religión y el Estado se discute constantemente. De hecho, una característica de muchas sociedades democráticas y libres es que este tema genera controversias públicas frecuentes. ¿Por qué? Porque por naturaleza es un tema difícil, porque para él no existen soluciones tipo blanco y negro: reconciliar el hecho de la creencia religiosa con la existencia de una sociedad plural y de un Estado que sea para todos no es siempre una tarea fácil. De modo que la discusión sigue y seguirá.
En nuestro país esta polémica se ha reactivado gracias a declaraciones que recientemente ofreció el mayor general Henry Sanabria, el director de la Policía Nacional. En dichas declaraciones y en otras que le hemos oído desde que asumió esta comandancia, el general Sanabria ha hecho explícitas sus creencias religiosas, y ha manifestado la importancia que estas tienen en su vida.
Como era de esperarse, se dieron todo tipo de reacciones. El presidente del senado, Roy Barreras, recomendó al general Sanabria dedicarse a “labores pastorales”. Un grupo de congresistas enviaron al presidente Petro una carta en la que le solicitan que se restaure el respeto que consideran perdido a la Constitución, bien sea retirando al general o ya sea ordenándole que cambie su conducta.
Por otro lado están quienes defienden que, dentro de la libertad de cultos, el general tiene derecho a tener sus creencias y a manifestarlas públicamente. E incluso consideran estas reacciones una persecución, pues consideran que se les están cerrando los espacios y se les está quitando el derecho de manifestar en público lo que piensan.
¿Quién tiene la razón? ¿Cómo resolver esta controversia?
Como decíamos al principio, no es fácil. Pero afortunadamente tenemos algo de donde agarrarnos, y ese algo es la Constitución.
Empecemos por decir que nuestra carta constitucional no crea un estado antirreligioso ni proscribe de lo público la creencia religiosa. Ella misma arranca, en el preámbulo, invocando la protección de Dios. Y por supuesto, consagra la libertad de cultos.
Pero esta carta fundamental es también clara en dos cosas. La primera, que el Estado colombiano, en sus principios y en su funcionamiento, no es un Estado confesional: es decir, no se orienta por los preceptos de ninguna religión, ni pone al servicio de ninguna de ellas su autoridad, en todo ni en parte, como sí lo hacía la Constitución de 1886.
En segundo lugar, nuestra Constitución es clara en que no puede haber discriminación por razón de creencias religiosas. Eso significa, entre otras cosas, que el servicio público que prestan el Estado y sus entidades no puede supeditarse ni dosificarse con criterios religiosos. En el Estado, además, tienen derecho a trabajar personas de todas las creencias, como también aquellas que no tienen ninguna.
El general Sanabria, por tanto, tiene derecho a sostener y manifestar sus creencias, así algunas de ellas, como aquellas referidas a demonios, fantasmas y exorcismos, puedan parecer estrambóticas. A él lo evaluaremos no por lo que cree, sino por lo que hace como policía.
A lo que no tendría derecho ni él ni ningún otro funcionario es, en primer lugar, a imponer esas creencias sobre los miembros de la institución que dirige, sea de manera directa o de manera sutil. Cada una de las personas que hacen parte de la Policía Nacional debe ser libre en su dimensión espiritual, y sus opciones en tal sentido no deben condicionar ni su permanencia, ni sus posibilidades de ascenso. Lo mismo vale para cualquier otro organismo o entidad del Estado, y claro, también del mundo privado.
Tampoco tendría derecho a que sus creencias religiosas terminen orientando o condicionando la prestación del servicio público que brinda la Policía. Toda persona, cualquiera sean sus creencias o sus modos de vida, tiene derecho a recibir protección y asistencia de parte de esta y de las demás instituciones públicas.
Ahora bien: reiterando que el general tiene derecho a sus creencias, hay tres cosas que nos preocupan de sus palabras. La primera, el estigma que en su entrevista crea sobre los miembros de la Policía que pertenecen a la población LGTBI, al responsabilizarlos por los casos de VIH dentro de la institución.
La segunda, unos trinos que publicó diciendo que la mujer debe ser sumisa, discreta y que debe callar para “alegrar el corazón del hombre”. La mujer debe ser todo lo que ella quiera y pueda ser, y debe decir todo lo que quiera decir. Su obligación en este mundo, general, no es “alegrar el corazón del hombre”.
Y en tercer lugar que califique el condón como un “método abortivo”. Una postura que no solo es más radical que la de la misma iglesia católica, sino que además no es cierta y va en contra de avances científicos que demuestran la importancia de su uso.
El problema no es la religión, el problema es llevar las posiciones al extremo. Porque en medio de las pasiones se puede perder algo de criterio. Y no necesariamente eso es bueno cuando se trata del hombre que dirige la Policía del país.