Al caer la tarde del sábado, el cielo de Quito quedó partido en pedazos por las columnas de humo que se elevaban desde los cuatro puntos cardinales. Salían de las piras, alimentadas con llantas y viejos tablones, que bloqueaban las principales avenidas. Luego la noche acabó de desvelarse con el trueno de ollas y cacerolas de los habitantes pidiendo cesar la violencia incendiaria de las movilizaciones contra el Gobierno.
Aunque poco después del mediodía la confederación nacional de indígenas, conocida como Conaie, había anunciado que aceptaba sentarse a la mesa para discutir las recientes medidas económicas con el presidente Lenin Moreno, Quito siguió bajo toque de queda y su gente confinada por los disturbios en las calles. Batallas campales entre las fuerzas antimotines y protestantes, algunos de los cuales más bien parecían escuadras de combate que formaban organizadas con escudos y disparaban cohetes artesanales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respaldó el diálogo y solicitó finalizar la represión y los actos de violencia, además de garantizar respeto a los derechos fundamentales.
Pero, en paralelo, el gobierno ecuatoriano solicitó a la Organización de Estados Americanos, OEA, una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para monitorear estas agitaciones contra el orden democrático. Y en el seno mismo de la OEA se analizó la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana para defender un gobierno elegido por voto popular.
Así estuvo Ecuador: atravesado por las protestas ante el anunciado desmonte de subsidios estatales a los combustibles, dado que el actual gobierno consideraba que se trataba de una arraigada práctica populista de anteriores presidencias, para negociar intereses, que debían desaparecer y cuyos recursos podían ir a rubros como la educación. Los indígenas dijeron que se trataba de un “paquetazo” de medidas que encarecía el transporte y, en consecuencia, el costo de vida.
Las medidas derivaron, en parte, de los acuerdos del gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a créditos por cerca de 4 mil 200 millones de dólares. Ello exigía contraer el déficit fiscal con medidas extraordinarias de recaudo y austeridad estatal.
El desmonte del subsidio a los combustibles tuvo pasajeramente como efecto el alza de los precios de gasolina y diésel en más del 100 %. Con ello estallaron los ánimos de los transportadores, los sindicatos y la organización indígena.
Pero las protestas degeneraron en saqueos a tiendas, asonadas a las fuerzas de seguridad, destrucción de sedes públicas y un sitio a la vida cotidiana de varias ciudades, pero muy en especial de la capital. Allí 41 vías principales permanecieron cerradas, los vuelos aéreos cancelados porque era casi imposible el acceso a las terminales.
Este domingo en la tarde, las partes se sentaron para iniciar un diálogo que en principio parecía más un pulso, nada fácil, dadas las posiciones distantes y férreas.
Pero en medio estaba esa Quito humeante donde no cesaban los choques. Incluso, testigo de la salida del gabinete presidencial que a mediados de la semana pasada se trasladó a Guayaquil, para resguardarse de una turba que había amenazado la estabilidad del gobierno y la permanencia de Moreno en el poder.
Por eso anoche, cuando todo ardía, el diálogo fue capaz de apagar la violencia callejera y de salvaguardar a un gobierno elegido por el voto libre de los ciudadanos.
