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Colombia había despertado este primero de enero con una resaca monumental. No se trataba del guayabo típico del alcohol y de la fiesta, sino de algo más inquietante: una profunda y amarga desazón en el lugar donde muchos colombianos y colombianas guardamos eso que algunos llaman patria.
El sorprendente asalto ordenado por el presidente Donald Trump para extraer al dictador Nicolás Maduro del poder en Venezuela nos hizo dejar por un momento a un lado lo que venía ocurriendo en Colombia.
Pero no lo olvidamos. El cierre de año del gobierno de Gustavo Petro dejó la sensación inequívoca de una estrategia diseñada para estirar —y forzar— los límites de la democracia justo ahora que comienza la fase final de campaña para las elecciones.
Primero fue el sorpresivo anuncio de que endeudó al país en 23 billones de pesos. Nos enteramos la noche del viernes 19 de diciembre cuando todo el mundo estaba en modo Navidad. No es una deuda cualquiera: el crédito lo tomó a una escandalosa tasa de interés del 13,15%. Y no lo hizo en subasta sino a dedo. ¿Por qué Petro endeudó tan caro al país?
En el menos malo de los escenarios, los puntos de más que vamos a pagar por esa deuda significan que a Colombia le tocará pagar cada año 264.000 millones más de intereses. Curioso: el mismo Presidente que acusa al Banco de la República por no bajar tasas del 9,5% no tiene reparos en pagarle a un “codicioso” fondo de inversión casi 4 puntos más.
¿Cuál es el afán de Petro de tener 23 billones de pesos a la mano ya? ¿Acaso tiene que ver con las elecciones?
El segundo hecho también tiene que ver con llenar los bolsillos del Gobierno en época electoral. Petro declaró emergencia económica para crear nuevos impuestos por decreto y recoger 16,3 billones de pesos. Se trata de un estado de excepción consagrado en la Constitución que solo debe ser utilizado para situaciones de emergencia, hechos o tragedias que de repente ocurren.
Esta movida tampoco brilló por el juego limpio. El mandatario no solo se saltó al Congreso, que le había negado la reforma tributaria, sino que desconoce a la Corte Constitucional que ya le había tumbado una emergencia económica porque no se trataba –como en este caso– de un hecho sobreviniente.
Y como si fuera poco, a pesar de que el Congreso tumbó la tributaria el 9 de diciembre, Petro solo decretó la emergencia el 22 de diciembre cuando los jueces ya estaban en vacaciones de manera que podía empezar a cobrar esos impuestos sin someterse al examen de constitucionalidad.
La tercera movida es la más preocupante para la democracia. El viernes 26 de diciembre el Ministro del Trabajo inscribió el comité para recoger firmas y convocar a una Asamblea Constituyente y se dio a conocer el proyecto de ley que propone reformas como las que siguió Venezuela para llegar a la dictadura. La idea del gobierno con la Constituyente es crear un nuevo Tribunal que deje sin piso a la Corte Constitucional, quitarle autonomía al Banco de la República y subordinarlo al Gobierno, entre otras.
El cuarto hecho, el aumento del salario mínimo cercano al 23,7%, completa el combo populista. Celebrado desde el atril, ignora una realidad incómoda: cuando los salarios crecen muy por encima de la productividad, los más golpeados no son los empresarios caricaturizados en el discurso, sino los trabajadores informales, los desempleados y los hogares más pobres, a quienes la vida se les vuelve más cara sin que les mejoren sus ingresos. Es una decisión políticamente rentable y económicamente riesgosa. Exactamente lo que suele pasar en años preelectorales.
En Antioquia, el guayabo fue aún más evidente. La nueva toma de la Universidad de Antioquia confirmó que la autonomía universitaria dejó de ser un principio respetado para convertirse en un obstáculo a remover. En 11 de las 32 universidades públicas del país el Gobierno tiene como delegados a activistas que en al menos tres de ellas ya lograron modificar los mecanismos de elección del rector.
Hannah Arendt advertía que los regímenes que aspiran a perdurar comienzan por colonizar los espacios donde se forma el juicio crítico. Una universidad sin autonomía no es más democrática: es más dócil.
Este no es simplemente el balance de un fin de año amargo. Es la advertencia de un gobierno dispuesto a sacrificar democracia y estabilidad fiscal para sostener un proyecto político. El guayabo no es moral ni simbólico: es democrático.