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Las votaciones de este 8 de marzo para las consultas presidenciales y el Congreso de la República no pueden entenderse como un simple trámite previo a la primera vuelta. Podrían ser, incluso, más importantes o si se quiere –exagerando un poco– un momento de vida o muerte para la democracia en Colombia.
La elección del Congreso reviste una importancia singular. El deseo expresado desde sectores del petrismo de convocar una Asamblea Constituyente —bien sea como estrategia política o como propósito real— no puede desestimarse como un recurso retórico más. El riesgo es altísimo. Cualquier Constituyente puede desembocar en poderes ilimitados. Por ejemplo, podría pedir volver a convocar elecciones presidenciales. O tal vez, permitir la reelección o cualquier otra iniciativa que podría darle un tiro de gracia a la democracia, a la libertad o al sistema económico que tenemos hoy.
El gobierno de Gustavo Petro ya dejó claro que eso es lo que quiere. Así se ha visto no solo en el hecho de acompañar la inscripción del comité que busca recoger tres millones de firmas para la Constituyente sino también en el texto que justifica ese proyecto con el argumento del famoso –pero no probado– bloqueo institucional.
El petrismo busca un cheque en blanco para hacer borrón y cuenta nueva. Y está dispuesto a utilizar los recursos del Estado para lograrlo. No es casualidad que, paralelo al esfuerzo del presidente Petro para desacreditar a la Registraduría y las elecciones, cabalgue al mismo tiempo la Constituyente.
Esta semana casi todos los ministros firmaron la planilla con ese fin. No deja de llamar la atención que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, no se sumó. Además, dejó claro que esa había sido su única “observación” para aceptar el cargo.
Mauricio Gaona, el hijo del magistrado mártir del Palacio de Justicia, lo ha advertido casi a gritos. Desde Estados Unidos, ha hecho una exhaustiva investigación de cómo y por qué ciertas democracias en el mundo han mutado en dictaduras. Gaona ha señalado que las constituyentes han sido el punto de inflexión hacia regímenes híbridos o abiertamente autoritarios. Su conclusión es que Colombia parece seguir el mismo camino. Ese punto de no retorno es el que se juega en las urnas.
El Congreso que se elija este 8 de marzo será determinante para permitir o contener cualquier iniciativa de esa naturaleza. La abstención no es neutral. Cuando la participación disminuye, crece el peso de las maquinarias que suelen venderse al mejor postor. O aún peor, crece el peso de las estructuras cooptadas por los recursos del Estado como se ha demostrado en las últimas semanas.
El abuso de los recursos que debían destinarse a la salud, por ejemplo, ha sido dramático. No solo el ministro de Trabajo invitó a firmar la planilla de la Constituyente a los trabajadores de hospitales, sino que este viernes, la tarima utilizada en la Plaza de Bolívar para el evento en el que el gobierno puso a marchar a los equipos básicos de salud –como si fueran ejércitos proselitistas–, fue la misma que luego dejaron instalada para el cierre de campaña, con concierto, del Pacto Histórico. Un abuso condenable.
Sí todos los ciudadanos se movilizan a votar, no solo las que pertenecen a estructuras políticas, ese voto independiente le dará un oxígeno fundamental a la democracia.
Pero la jornada no se agota en el Congreso. La votación en las consultas para elegir los candidatos que competirán el próximo 31 de mayo por la Presidencia constituye, igualmente, un termómetro.
En particular, la denominada Gran Consulta se presenta como un ejercicio de unión y conciliación, lo que precisamente el país ha reclamado. La apuesta por la unión de quienes antes eran contradictores constituye un mensaje político de alto valor simbólico. La unidad, en un país fatigado por la confrontación, no es un valor retórico, es una necesidad estratégica
No todas las consultas han mostrado la misma solidez. La consulta promovida por Claudia López fue estructurada a última hora, en medio de improvisaciones. Los procesos electorales que se construyen sin la debida anticipación corren el riesgo de convertirse en ejercicios coyunturales más que en verdaderos escenarios de deliberación programática.
Más preocupante aún resulta la consulta asociada a Roy Barreras, que ha reunido figuras cuestionadas y alianzas con sectores cuya trayectoria pública genera grandes dudas. En una democracia que exige reglas claras y comportamiento ejemplar de quienes aspiran a dirigirla, no es menor el mensaje que se envía cuando se normalizan prácticas o discursos que relativizan el marco jurídico.
No se trata de descalificar sin fundamento, sino de recordar un principio elemental: la democracia no puede fortalecerse de la mano de quienes muestran ambigüedades frente al Estado de derecho.
Si la experiencia sirve de referencia, en marzo de 2022 las consultas interpartidistas superaron los 13 millones de votos, con participaciones cercanas a los 5,8 millones en el Pacto Histórico y alrededor de 4 millones en la Coalición Centro Esperanza. Es razonable estimar que, si el clima político mantiene su intensidad, una gran consulta podría convocar entre 4 y 6 millones de votantes, una cifra muy significativa.
Este 8 de marzo, por tanto, no está en juego únicamente la escogencia de un candidato. Está en juego la salud de la democracia. Participar, informarse y exigir estándares éticos no es un gesto simbólico: es el acto más concreto de defensa de nuestra democracia y nuestras libertades.