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Tal y como vamos, el 2023 podría pasar a la historia como el año de la impunidad en Colombia. Hagamos cuentas. El presidente Gustavo Petro arrancó el año pidiendo levantar las órdenes de captura contra 16 capos de las bandas criminales. Estamos hablando de los mayores delincuentes del país, los que durante décadas se han dedicado a construir máquinas del crimen y que solo persiguen intereses de lucro personal sin importarles un comino la Constitución y la ley.
Hasta ahora en Colombia se había suspendido la persecución a jefes de la guerrilla luego de un proceso de diálogo y también se habían recluido a jefes paramilitares en zonas como Ralito en Córdoba, pero nunca antes se había decidido de buenas a primeras darles esa gabela a este tipo de capos. El fiscal general Francisco Barbosa dijo ayer desde Estados Unidos que lo que ha hecho Petro es el equivalente a firmar un “cese bilateral” de hostilidades con Pablo Escobar o el Cartel de Cali.
Pocos días antes Petro también había pedido liberar a 15 de la primera línea, que fueron grandes protagonistas del vandalismo en las protestas del 2021 en el país. Hasta ahora jueces de garantías han negado la libertad porque no ven claro el sustento legal. Solo dos han sido liberados y el procedimiento está siendo revisado por la Procuraduría.
Como si eso fuera poco, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, también nos tiene entre sorprendidos y preocupados con la propuesta de una excarcelatón, gracias a la cual, de aprobarse, los presos que hayan pagado ya más del 60% de la pena podrán salir de la cárcel en el día para trabajar y volver a dormir por la noche. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha tomado la vocería en contra: “todo lo que nos cuesta llevarlos a la cárcel para que ahora los vayan a soltar. Yo francamente no logro entender porque la política del Gobierno nacional es impunidad, impunidad e impunidad”.
Esas tres propuestas ya serían suficientes para desquiciar el sistema de justicia de cualquier país del mundo, pero la mala noticia es que no son las únicas, en la Corte Constitucional también está caminando un proyecto de fallo que tal y como está planteado le amarraría las manos a la Procuraduría en el combate a la corrupción.
Este caso, si bien es diferente a las otras iniciativas mencionadas, pues aquellas son creación del Gobierno y en esta la Corte está obligada a resolver una demanda, lo cierto es que en últimas se traduciría en lo mismo: más ventajas para los delincuentes, esta vez para los corruptos.
El proyecto de fallo que podrían debatir hoy mismo los magistrados le quita a la Procuraduría, según ha trascendido, la facultad de destituir, suspender o inhabilitar a funcionarios públicos elegidos por voto popular. La Corte le permitiría a la Procuraduría seguir investigando casos de corrupción, abuso de poder o mal manejo de dineros públicos, pero de encontrar algo solo podría amonestar o multar a los implicados. Es como tener una enorme infraestructura pero trabajando sin dientes. Una suerte de elefante blanco de la justicia. ¿Qué multa podrá disuadir a un corrupto de participar en el robo de miles de millones de pesos?
Esperemos a ver en qué termina el debate de los magistrados. Pero no sobra recordar, por ejemplo, el caso del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. La Procuraduría lo suspendió en marzo de 2011. Y la justicia penal lo condenó en 2016. Si bien, antes lo habían detenido, no sería descabellado pensar que, con los tiempos de la justicia penal, habría tenido tiempo de hacer más fechorías e incluso, por qué no, postularse como quería a la Presidencia de la República. La historia, de pronto, sería otra.
Más allá de los casos puntuales ojalá los magistrados, a la hora de evaluar la demanda, tengan en cuenta el diseño que hizo la Asamblea Constituyente del Estado colombiano. Fueron los 70 constituyentes, elegidos por el voto popular, en representación de todos los colombianos, los que decidieron que existiera la Procuraduría y le dieron sus funciones.
¿Hasta qué punto debilitar una institución de control puede provocar un desbarajuste en el sistema de pesos y contrapesos? ¿En qué medida la Corte va a sopesar los dictados de una corte externa, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los designios de la Asamblea Constituyente que se reunió a rediseñar el Estado por encargo del pueblo colombiano?