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Si por la salud llueve, por la educación no escampa. Las universidades públicas están contra las cuerdas: sin dinero suficiente para funcionar y cada vez más presionadas por la intromisión del poder político.
El informe que acaba de publicar la Contraloría General –cubre 2019 a 2024– lo deja claro: las universidades públicas del país están en crisis financiera, y no hay señales de que el Estado tenga un plan serio para resolverlo. De 34 universidades, solo una —la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD— es autosostenible. Las demás dependen de lo que el Gobierno les gira cada año. Y cuando el presupuesto aprieta, el riesgo es que los servicios educativos se deterioren o, peor aún, que se politicen. Es una situación que se ha vuelto estructural, que está creciendo y a la que no se le ha puesto la atención que se requiere.
El 50,1 % de los recursos que llegan a estas instituciones vienen del Estado. Pero más preocupante aún es que casi la mitad de ese dinero va a solo cuatro universidades: la Nacional, la UNAD, la de Antioquia y la del Valle. Mientras tanto, muchas otras sobreviven como pueden. Esa concentración no sólo es injusta, también profundiza las brechas regionales.
Las cifras son contundentes. Según los datos de la Contraloría, en la Universidad Nacional, educar a un estudiante cuesta casi 28 millones de pesos, pero solo recibe 11 millones por alumno. En la de Antioquia, el desbalance es aún mayor: gasta 29 millones y recibe apenas 7,5. En contraste, la UNAD, que sí logra sostenerse, recibe apenas 500.000 pesos por estudiante. El problema no es solo cuánto entra, sino cómo se gestiona.
A eso se le suma el gigantesco pasivo pensional, que ya supera los 10 billones de pesos. Pero la cifra podría ser muy superior teniendo en cuenta que no se incluyeron los datos de 2025 y varias universidades no actualizaron los cálculos actuariales. Las universidades Nacional y del Valle cargan el 58% de esa deuda, 4,5 billones y 1,4 billones, respectivamente. Mientras que el pasivo pensional de la Universidad de Antioquia es de 550.200 millones. Esto les quita margen de maniobra, les drena los recursos, y limita cualquier posibilidad de inversión para mejorar calidad, infraestructura o cobertura.
Pero el lío no es solo financiero. También hay un tema de fondo que preocupa cada vez más: la autonomía universitaria está en riesgo. La elección del rector de la Universidad Nacional se volvió una novela política. El Gobierno intentó imponer a Leopoldo Múnera, quien al llegar propuso una asamblea constituyente y movilizaciones estudiantiles para respaldar al presidente. Múnera tuvo que renunciar al cargo luego de que el Consejo de Estado tumbó su nombramiento.
En la Universidad de Antioquia, la historia no está siendo muy distinta. El gobierno también metió mano para sacar al rector John Jairo Arboleda y en su lugar llegó Héctor García, cercano a la exministra Carolina Corcho. Todo apunta a un patrón preocupante: convertir las universidades en fortines políticos, debilitando su independencia y su capacidad crítica.
El informe de la Contraloría se presenta en momentos en que el país se pregunta qué está pasando en las universidades públicas y cuál es el manejo que les está dando el gobierno. Porque no solo es la alta dependencia de recursos de la nación lo que preocupa sino hasta dónde se está afectando la independencia y la autonomía de estas instituciones. El gobierno de izquierda está pisoteando la autonomía en varias universidades para convertirlas en fortines políticos.
En plena época electoral, es legítimo que la ciudadanía se pregunte: ¿está el Gobierno aplicando el mismo “chu, chu, chu” que aplicó en salud, pero ahora en la educación superior? ¿Qué tan grave es la situación de las universidades? ¿Cuántos recursos les han girado realmente? ¿Y qué tanto se ha respetado su autonomía?
Ahora que el país está en plena campaña electoral es necesario que los candidatos digan cómo van a fortalecer la educación y las universidades públicas y que se revele hasta dónde ha llegado el gobierno para frenar la autonomía universitaria y cuántos recursos les ha girado a estas instituciones. No nos podemos llevar sorpresas y ver que puede estar pasando lo mismo que ocurrió con el sector salud.