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Un proyecto de ley radicado por los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Agricultura, Jhenifer Mojica, sobre el Impuesto Predial Unificado y la actualización catastral en más de 900 municipios del país, levantó un tierrero entre los propietarios de inmuebles, ante el temor de que los incrementos en el impuesto predial lleguen hasta el 300%.
Por supuesto, con semejante información, que se volvió viral en redes sociales, se armó un berenjenal por el impacto económico de miles de predios y grandes extensiones de tierra que hay en el país. Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Álvaro Uribe, con propiedades en Antioquia y Córdoba, quien en su cuenta de X dijo que “razón tienen ciudadanos de Bogotá que se quejan porque sus predios están más altos en el catastro que lo que valen en la realidad comercial. Impuestos exagerados paralizan la economía, el empleo y hacen que disminuyan los recaudos del Gobierno”.
El debate siguió creciendo por las diversas voces que atacaron el proyecto de ley sin conocer a fondo de lo que se trataba. Desde hace por lo menos 30 años se viene hablando en el país de la necesidad de actualizar los catastros porque existe mucha inequidad teniendo en cuenta que fincas y grandes extensiones de tierra pagan cifras irrisorias por impuesto predial, frente a otros predios pequeños a los que sí se les cobra más. Según la ministra de Agricultura “cualquier persona de clase media en Bogotá paga más predial de lo que paga un hacendado en zona rural en Colombia”.
Uno de los principales errores es que no se aclaró bien, desde el comienzo, qué se pretendía hacer, cuáles serían los incrementos y por qué no todos los predios se verían afectados. El proyecto, según han reiterado Bonilla y Mojica, tiene como fin ponerles topes o límites a los incrementos en el impuesto predial en aquellos municipios donde el avalúo catastral no está actualizado.
Hay que señalar que las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira e Ibagué no sufrirían modificaciones teniendo en cuenta que los catastros han sido actualizados. Además, las tarifas las fijan los municipios. La norma aplicaría para más de 900 municipios, especialmente de las zonas rurales, que tienen, en promedio, 15 años de desactualización catastral.
Sin los topes que se proponen en el proyecto de ley, tal como están las normas actualmente, los incrementos, según el gobierno, podrían superar el 1.000%, 2.000% o más, lo que los haría impagables. Los topes establecidos señalan que el aumento sería hasta del 50% en el predial para los inmuebles que tengan un avalúo catastral menor o igual a 156 millones de pesos; un aumento hasta del 100% para los que tengan un avalúo entre 156 y 290 millones; y aumentarían hasta 300% los que tengan avalúos superiores a 580 millones de pesos.
Lo que no entendieron muchos es que el hecho de que se diga que se puede subir hasta 300% no quiere decir que sea una obligación, y por el contrario lo que hace es evitar aumentos mayores. Por supuesto, por más que se explique, estos incrementos generaron una preocupación entre los propietarios que van a sentir un golpe en sus bolsillos si la iniciativa es avalada en el Congreso.
El gobierno insiste en que en caso de que no sea aprobada, los reajustes serán más drásticos porque no se harían ajustes a las leyes expedidas en 1990 y 2019 sobre la materia, que han dado lugar a confusiones y diversas interpretaciones por parte de las entidades territoriales.
A mayor avalúo, mayor debe ser el pago del impuesto. Sin embargo, en Colombia no siempre ocurre así, especialmente en las zonas rurales donde no se ha realizado la actualización catastral y grandes propiedades siguen pagando impuestos prediales muy bajos, en detrimento de las finanzas de los municipios que se quejan permanentemente de la falta de recursos propios para desarrollar las obras que necesitan sus habitantes.
A muchos les gusta que se les valoricen sus propiedades, pero pocos quieren pagar más en impuestos
Es tal la diferencia del recaudo por concepto de impuesto predial que, de los 9,8 billones de pesos en 2022, el 36,8% correspondió a Bogotá, que aportó 3,6 billones, seguida de Medellín, con el 8,8% y 870.000 millones de pesos y Cali con el 7,3%. Ciudades como Barranquilla y Cartagena con grandes proyectos inmobiliarios solo aportan el 3,9% y 2,9%, respectivamente.
El debate pasa ahora al Congreso. Sería desafortunado que, ante la falta de claridad en el proyecto sobre el Impuesto Predial Unificado, se pierda la oportunidad de actualizar los avalúos catastrales y fortalecer las finanzas de los municipios.
Su discusión no será fácil no solo por los intereses de los grandes propietarios de tierra, sino por la coyuntura económica, marcada por una fuerte desaceleración de la economía - en el tercer trimestre el PIB cayó 0,3% -, la elevada inflación y las altas tasas de interés, que hacen más difícil que los colombianos se sigan metiendo más la mano al bolsillo. .