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La captura de los presidentes del Senado y la Cámara (2023-2024), Iván Name, del Partido Verde, y Andrés Calle, del Partido Liberal, por orden de la Corte Suprema de Justicia representa un momento sombrío en la historia de las instituciones en Colombia.
Nunca antes en los más de 200 años de vida republicana de nuestro país había ocurrido algo así. Esta medida de aseguramiento no solo implica que la Corte Suprema tiene pruebas suficientes para considerar que las dos cabezas del poder legislativo habrían cometido un delito, sino que, igual de grave, el delito se habría originado en el corazón mismo de la Casa de Nariño. Porque las pruebas que tiene la Corte también enredan a Carlos Ramón González, para ese entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, es decir, mano derecha del mandatario, y a Sandra Ortiz, a quien el propio Gustavo Petro había nombrado como su consejera para las regiones.
Que el Senado y la Cámara, máximas instancias de representación popular, hayan sido presididas por figuras presuntamente compradas con bolsas o maletas de dinero provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no es un mal menor. Es una vergüenza institucional de proporciones históricas. No se trata de desvíos marginales. Se habla de 3.000 millones para uno y 1.000 millones para otro. Un dinero que, además, debía ir a paliar los dolores de las poblaciones víctimas de las peores tragedias en el país. Pero que, por el contrario, y según los testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, el gobierno de Gustavo Petro se lo dio a Name y Calle en calidad de soborno, para lograr la aprobación de sus reformas.
Los congresistas Name y Calle engañaron al pueblo y, de llegar a ser condenados, serán recordados como símbolo de la corrupción que el país necesita de manera urgente dejar atrás. Y Gustavo Petro ratifica también ser un exponente de la filosofía del todo vale a la hora de manipular las reglas del juego democrático con coimas encubiertas en programas de emergencia para lograr sus gustos a como dé lugar.
El presidente Petro ha optado por lavarse las manos. Pero lo cierto es que Olmedo López, que como director ayudó a saquear la UNGRD, no llegó solo. Fue recomendado, respaldado y sostenido en su cargo por el círculo más cercano al Presidente. Está documentado cómo el Gobierno dotó de recursos extraordinarios a la Unidad de Riesgos que, por su régimen excepcional, podía contratar sin mayor control. Aprobó una adición presupuestal que llevó a la UNGRD a gastar más de 2,2 billones de pesos en 2023, cuadruplicando su presupuesto inicial. ¿Con qué controles? ¿Con qué criterios? ¿Para qué propósitos?
La respuesta de los órganos de control ha sido ambigua. La Fiscalía se ha molestado con las filtraciones, más que con la corrupción. La Procuraduría y la Contraloría solo empezaron a actuar con fuerza cuando la opinión pública ya estaba enterada del saqueo. Mientras tanto, regiones como La Guajira y La Mojana siguen sedientas y anegadas, respectivamente. Porque mientras estos truhanes embolataban el dinero de los carrotanques, los niños seguían sin agua. Mientras se firmaban contratos para diques que no se construyeron, las familias perdían sus cultivos y sus casas.
Esta no es solo una crisis ética, sino una tragedia humanitaria. El Estado que debía proteger a los más vulnerables terminó siendo su principal verdugo. La UNGRD fue convertida en una caja menor para financiar intereses políticos y alimentar ambiciones personales. En lugar de prevenir desastres, fue el epicentro del mayor desastre institucional del actual gobierno.
¿Hasta dónde llegará la justicia? ¿Quién más está implicado en esta red de corrupción?
Más allá del profundo malestar en el corazón, vale la pena destacar un giro entre esperanzador y poético de la democracia. El hecho de que el poder ejecutivo y el poder legislativo estén expuestos a dar respuestas al país es porque el tercer poder, el poder judicial, representado por la Corte Suprema está haciendo su trabajo con juicio y valentía.
Es fundamental que los implicados enfrenten la justicia sin privilegios y que la ciudadanía no olvide lo ocurrido. Porque un gobierno que entrega el erario a cambio de votos no solo corrompe la política: destruye la democracia misma..