Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Este país, Colombia, cada día vive más aturdido por cuenta de los escándalos de corrupción que se destapan desde adentro del gobierno de Gustavo Petro y de las absurdas polémicas que el Presidente propone cada día con sus trinos y discursos a los que nunca les falta ese toque agresivo que lo caracteriza.
Mientras la atención del país se enreda en esos vericuetos del escándalo, por debajo de esa bulla interminable se está produciendo uno de los mayores descalabros de este gobierno: la destrucción del sistema de salud que se había levantado con mucho esfuerzo hace poco más de 30 años y que había logrado verdaderos milagros en términos de aseguramiento –casi total de la población– y de imagen –el 75% de los colombianos decían estar satisfechos con el sistema–.
Las malas noticias de la salud se han vuelto pan de todos los días. Esta semana, por ejemplo, un día la congresista Cathy Juvinao denunció que el país llegó a un triste nuevo récord de 186.000 quejas por problemas de acceso a la salud en octubre, casi tres veces más de las que se presentaron en octubre de 2020. Eso significa que 6.200 personas pusieron una queja formal cada día del mes.
Otro día, de esta misma semana, 126 hospitales públicos de Antioquia dicen que no tienen con qué pagar la nómina y tendrían que cerrar los servicios para los afiliados a la Nueva EPS que son 11 millones en todo el país. Y en las mismas están cerca de 3.000 instituciones prestadoras de salud (IPS) del país.
Y Audifarma, el gestor farmacéutico que atiende a 2,8 millones de usuarios, anunció también que entra en insolvencia.
Detrás de cada una de esos números hay personas de carne y hueso con un drama o una tragedia, mayor o menor. Esta misma semana, la reconocida periodista la Nena Arrázola tuvo que salir a denunciar su caso: llevaba dos meses de un lado a otro, donde la mandaban para ver si le aplicaban un tratamiento que antes recibía cumplidamente, en el mismo lugar, y sin contratiempo alguno. Y como el caso de ella, fueron 186.000 solo en octubre.
Hagamos un poco de memoria de cómo empezó la debacle. Recién comenzaba el gobierno Petro, la no muy gratamente recordada exministra de Salud, Carolina Corcho, dijo que se necesitaba una crisis explícita en el sector para hacer la reforma que quería el mandatario colombiano.
Meses después, en una entrevista, en marzo del 2023, Petro enfatizó en esta idea y advirtió que las EPS caerían como fichas de dominó, y “chu, chu, chu”. Pues bien, hoy la crisis que el gobierno tanto venía anunciando se materializó. La lista de líos es interminable: hay graves problemas financieros, millonarias deudas por pagar que se acumulan, EPS intervenidas, demoras en citas médicas, no entrega de medicamentos y aumento del 43,5% en las tutelas.
Pero el gobierno se hace el ciego, sordo y mudo ante los reclamos y en lugar de buscarles solución a los problemas, los está agravando con decisiones como la intervención de las principales EPS que atienden más de 25 millones de colombianos, entre ellas dos de las más grandes, Sanitas y la Nueva EPS. Y se suman Compensar y EPS Sura, que solicitaron retirarse del sistema de salud por los problemas financieros a los que se vieron abocados debido a que el gobierno no quiso destinar mayor presupuesto para la salud de los colombianos.
Sin que el Congreso le aprobara reforma alguna, Petro logró lo que quería: la salud de los colombianos prácticamente en manos del Estado.
Pero el remedio ha resultado peor que la enfermedad. La intervención no ha solucionado los problemas y, por el contrario, los ha agravado. El caso más dramático es la Nueva EPS. La cartera de más de 180 días se multiplicó por 10 desde el momento en que su control fue asumido por la Superintendencia de Salud en abril de este año, al pasar de 89.000 millones de pesos a cerca de un billón de pesos. Petro puso en febrero al frente de esta EPS a un viejo amigo suyo, Aldo Cadena, pero a los dos meses lo retiraron en medio de rumores de malos manejos. Luego de que el Estado se tomó a la Nueva EPS ha tenido dos interventores y sus indicadores se han deteriorado.
También al garete se ha visto la Supersalud. El gobierno Petro ha tenido tres superintendentes, uno de ellos Luis Carlos Leal, que duró ocho meses en el cargo, intervino las EPS y salió en medio de un escándalo.
A junio de este año el Estado les debía a 225 instituciones prestadoras de servicios de salud 18,9 billones de pesos. Acemi, el gremio de las EPS dijo que el 2024 será el peor año en la historia del sector salud y que cerrarán con un déficit de 5,9 billones de pesos por los menores recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el gobierno reconoce por cada afiliado, los presupuestos máximos y los del Soat.
El chu, chu, chu se hizo realidad. Todas las entidades del sector están cayendo como fichas de dominó. ¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno atienda los problemas del sector? ¿Cuántas clínicas y hospitales tienen que cerrar para que alguien se pellizque? ¿Cuántos pacientes tendrán que morir para que se haga algo? ¿Puede dormir tranquilo el presidente Gustavo Petro con todos estos destrozos?