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El pasado sábado compartíamos con nuestros lectores los requisitos que, a nuestro juicio, debería cumplir un ministro de Defensa de alto perfil para poder desempeñar con acierto un cargo de tamaña responsabilidad política y legal.
Ayer, el presidente Iván Duque anunció el nombramiento del hasta ahora canciller de la República Carlos Holmes Trujillo García, para que asuma la cartera recién dejada por Guillermo Botero Nieto. Atendiendo las condiciones que planteábamos el sábado, ¿es Trujillo García el indicado para asumir los retos mayúsculos que tiene hoy la cartera de Defensa Nacional? Consideramos que sí, por varias razones.
Tiene trayectoria más que probada, con ejercicio de competencias en varias instancias del Estado, desde las de elección popular a las de responsabilidad política en el alto Gobierno, además de un extenso recorrido por la diplomacia. No es un recién aparecido en la política, de la que domina sus artes y códigos, así como la no siempre fácil destreza de lograr acuerdos con quienes no están en el mismo bando partidista.
Un ministro de Defensa, por la propia naturaleza del cargo, por la significación política e ideológica que implica el ámbito de sus poderes, y con independencia del nombre de quien ocupe el sillón, será siempre objeto de críticas, ataques y objeciones. En Colombia, será siempre incómodo para la izquierda, y ni se diga cuando a esta se han incorporado en su sector parlamentario personajes que antes estuvieron en uso de las armas combatiendo lo que cualquier ministro digno jura defender y proteger: la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Con el nombramiento del excanciller Trujillo el presidente Duque transmite una señal de fortaleza en el sentido de decir que no solo va a persistir en lo que ha sido su programa de Gobierno, sino que quiere sumar fortalezas para optimizar los resultados en lo que sigue siendo un sector crucial para el país: la seguridad y la defensa nacional.
El presidente mencionó ayer las líneas preponderantes de actuación en lo sucesivo: lucha contra el narcotráfico, erradicación de cultivos ilícitos, combate a los grupos armados organizados, recuperación del control y la legalidad en territorios como el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, Cauca, Arauca, el Pacífico nariñense; continuar el desminado; la protección a los derechos humanos. Y, por supuesto, la seguridad ciudadana: menos homicidios, menos hurtos, atajar el microtráfico.
No es menor tampoco el activo que significa la trayectoria diplomática del nuevo ministro de Defensa. Las más serias amenazas contra la seguridad nacional provienen del régimen dictatorial de la vecina Venezuela, y del amparo de igual tipo de regímenes a terroristas del Eln y disidencias de las Farc.
El ministro habrá de saber que el objetivo del cargo no es pavimentar caminos electorales ni ser popular, sino cumplir con sus deberes, que son muchos, y que al hacerlo, generará oposición, ataques, invectivas, despertará recelos y maniobras de bloqueo político.
Entre los requisitos del puesto están el temple y la verticalidad, que no riñen con flexibilidad política a la hora de sumar apoyos -que va a necesitar- en la ejecución de un programa de seguridad que fue convalidado en las urnas en 2018 por un electorado mayoritario que aguarda con fe el cumplimiento de lo ofrecido.
Esto, unido a una más que necesaria labor de transparencia y vigilancia en los procesos contractuales de una de las carteras con mayor presupuesto -un indeclinable compromiso anticorrupción- le significará al nuevo ministro el reconocimiento y gratitud del pueblo colombiano.