Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
Unos días después de la operación de película que dejó a Nicolás Maduro detenido por fuerzas estadounidenses, Venezuela sigue sumida en la incertidumbre. Las imágenes del dictador esposado dejan muchos interrogantes: ¿Quién mandará en Venezuela en los próximos meses? ¿Vendrán más operaciones? ¿Existe un plan para el restablecimiento de la democracia?
Este editorial no pretende, por ahora, resolver estas preguntas —todavía no hay respuestas claras— sino abordar una cuestión que ha ganado gran notoriedad: el petróleo venezolano.
El propio Donald Trump, en su rueda de prensa tras la captura de Maduro, repitió insistentemente la palabra “petróleo”. Con ello, dio argumentos a quienes interpretan esta intervención como una movida imperialista cuyo único objetivo –de Trump y Estados Unidos– es quedarse con el crudo venezolano.
Pero la realidad, como casi siempre, es más compleja.
Durante el siglo XX y hasta finales de los 90, con una industria que fue nacionalizada en 1976, Venezuela fue una potencia petrolera global. La riqueza de su crudo “extrapesado” del Orinoco llevó al país a una estrategia de integración vertical: no solo exportaba petróleo, sino que también compró refinerías en Estados Unidos para procesarlo. En los años 90, la “apertura petrolera” permitió el retorno de empresas extranjeras bajo acuerdos favorables que dinamizaron la producción. Sin embargo, a partir de 2001, el gobierno de Hugo Chávez expropió activos de varias de esas compañías, lo que provocó una caída sostenida de la inversión y la producción.
En su momento de esplendor, Venezuela producía más de 3 millones de barriles diarios y era uno de los cinco mayores exportadores del mundo. Hoy ronda el millón de barriles; Guyana y Argentina la superarán en los próximos años, y su producción se asemeja más a la de Colombia que a la de una superpotencia petrolera. Lejos de fortalecer la soberanía –con las expropiaciones y el uso de PDVSA como caja menor del chavismo–, se destruyó capacidad técnica y se produjo una fuga de ingenieros y geólogos hacia otras latitudes.
Recuperar esa industria no será un esfuerzo ni fácil, ni rápido ni barato: sino de miles de millones de dólares. Se estima que se requerirían entre 100.000 y 110.000 millones —una inversión monumental incluso para la industria petrolera— solo para volver a niveles de producción previos a 2008. Con la complejidad adicional de que buena parte del crudo venezolano es “extrapesado”, con alto contenido de azufre, lo que encarece su extracción y procesamiento. A precios actuales, entre 50 y 60 dólares, muchas inversiones en la Faja del Orinoco, donde están la mayoría de las reservas del país, simplemente no son rentables.
Buena parte del salto en reservas registrado en la década de 2010 respondió más a criterios contables —ligados a precios altos y a supuestos optimistas— que a condiciones reales de extracción. Algunos expertos sugieren incluso que el chavismo infló estas cifras para reforzar la narrativa de potencia energética.
El contexto global tampoco juega a favor. La Agencia Internacional de Energía proyecta sobreoferta de crudo hasta al menos 2030, lo que mantendría precios bajos, y el auge de países como Brasil, Guyana y el propio Estados Unidos ha desplazado a Venezuela en el mapa de prioridades energéticas.
Y para Estados Unidos, el escenario también ha cambiado. Desde la revolución del fracking, iniciada hace dos décadas, el país pasó de ser dependiente a un exportador neto de petróleo y gas. Hoy su seguridad energética no depende del Medio Oriente ni de Sudamérica.
Tampoco hay garantías de que las grandes petroleras estadounidenses quieran lanzarse con entusiasmo a invertir en Venezuela. Chevron, la única con operaciones actuales, se ha movido con cautela. ExxonMobil y ConocoPhillips, expropiadas en 2007, siguen enfrascadas en litigios. Los aprendizajes pasados pesan: el entusiasmo político no siempre se traduce en condiciones jurídicas y de seguridad suficientes para la inversión.
Entonces ¿por qué Trump habla tanto del petróleo y anunció como gran noticia tras la captura de Maduro la entrega de millones de barriles de Venezuela para ser vendidos bajo la tutela de Estados Unidos?
Los 50 millones de barriles anunciados no resolverán el mercado energético mundial ni rescatarán la economía venezolana. Son, más bien, un símbolo de control temprano, una señal de quién manda mientras se define el nuevo orden.
Pero también, y sobre todo, la administración Trump presentó el petróleo retenido por sanciones como un “botín administrable” para financiar la fase post Maduro. Por eso hablaron de dar a cambio una reducción de sanciones para hacer viable el esquema.
Lo ocurrido, es el equivalente a clavar una bandera. Un mensaje hacia adentro —la transición tendrá límites— y hacia afuera —Washington administra los tiempos y los flujos—.
Sería ingenuo creer que Estados Unidos se involucra solo por filantropía democrática. Pero también lo es reducirlo todo a una caricatura de “robo de petróleo”. El interés de Trump por Venezuela, en la ahora llamada doctrina “Donroe”, es más geopolítico que energético: reordenar la región, desplazar a actores como Rusia, Irán o China y, luego, buscar que, si Venezuela vuelve a producir en grande, lo haga bajo reglas más favorables para Occidente. El petróleo, en ese esquema, no es el premio final, sino que parece ser la garantía del arranque de la estrategia.