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Las dos empresas más poderosas y estratégicas del Estado —Ecopetrol e ISA— han estado durante el gobierno de Gustavo Petro en manos de personas que hoy enfrentan serios cuestionamientos legales. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, fue imputado ayer por la Fiscalía dentro de una investigación que se suma a otros enredos judiciales. Y Jorge Carrillo, gerente de ISA, recibió una orden del Consejo de Estado para abandonar su cargo, pero desde Ecopetrol —dueña mayoritaria de la empresa de energía— parecen ignorar el cumplimiento pleno del fallo.
La pregunta es inevitable: ¿por qué el Gobierno mantiene en posiciones tan sensibles a funcionarios envueltos en controversias judiciales tan graves como estas?
Roa lleva meses en la cuerda floja por la compra de un lujoso apartamento en Bogotá a un precio sospechosamente inferior al del mercado, operación que habría realizado aprovechando su influencia como presidente de Ecopetrol. A esto se suma el escándalo por la violación de los topes de financiación de la campaña Petro Presidente, cuyo exceso —más de 5.300 millones de pesos— ya ha sido probado por las autoridades.
Pese a las denuncias y a las investigaciones en curso, Roa se mantiene firme en su cargo con el respaldo del presidente Petro. La situación recuerda inevitablemente aquella frase con la que Ernesto Samper respondió a la crisis del proceso 8.000, cuando la financiación del narcotráfico a su campaña sacudió al país: “aquí estoy y aquí me quedo”.
El caso de Jorge Carrillo no es menos inquietante. El Consejo de Estado anuló su elección como gerente de ISA el pasado 27 de febrero. Sin embargo, hasta hoy Carrillo no ha abandonado definitivamente la empresa. Permanece vinculado en calidad de suspendido, lo que implica que ISA continúa pagando su salud y su pensión con base en un salario cercano a los 150 millones de pesos mensuales.
Conviene recordar lo que está en juego. Ecopetrol no es una empresa cualquiera: es la mayor compañía del país y uno de los principales soportes fiscales del Estado colombiano. Sus resultados impactan directamente las finanzas públicas y la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. ISA, por su parte, es una de las empresas de transmisión eléctrica más importantes de América Latina y pieza clave en la infraestructura energética del continente. Cuando la dirección de estas compañías se ve envuelta en controversias judiciales, lo que se pone en riesgo no es solo la reputación de sus directivos, sino la credibilidad institucional del país.
En el caso de Roa, la junta directiva de Ecopetrol —conformada en su mayoría por personas que llegaron al cargo con el aval del presidente Petro— se ha convertido en una verdadera convidada de piedra. Su silencio y su inacción empiezan a rozar la complicidad.
Pero por muy equilibrista que sea Roa, su permanencia parece cada vez más difícil de sostener tras la decisión de la Fiscalía que concluyó que el apartamento fue adquirido muy por debajo de su precio real. El inmueble tenía un valor estimado de 2.727 millones de pesos, pero fue comprado por 1.800 millones, es decir, 927 millones de pesos frente al precio de mercado. Según la Fiscalía, Roa habría utilizado su cargo para favorecer a personas vinculadas con este negocio mediante la adjudicación de contratos. La imputación fue clara: “Entre agosto de 2024 y enero de 2025, usted, señor Roa, en su calidad de presidente de Ecopetrol, utilizó indebidamente su cargo para favorecer intereses particulares”.
Para entender el origen del caso hay que remontarse a diciembre de 2023, cuando El Tiempo reveló irregularidades en la compra del apartamento por parte de Roa. El inmueble fue adquirido a una firma en la que figuraba el empresario Serafino Iacono, exdirectivo de Pacific Rubiales. Sin embargo, según la investigación, el verdadero dueño sería un coronel retirado que estaba detrás de un multimillonario negocio: la construcción de una regasificadora en la costa Atlántica —el proyecto Chuchupa-Ballena— que debía adjudicar Hocol, filial de Ecopetrol.
De acuerdo con la Fiscalía, Roa habría presionado al entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, para que adjudicara el proyecto a la empresa de Mancera. La firma tenía un capital de apenas 20 millones de pesos, pero aspiraba a quedarse con un negocio que daba ingresos anuales cercanos a los 1.400 millones de dólares. Rojas, un ejecutivo con más de 25 años de experiencia en el sector petrolero, terminó saliendo de la compañía tras negarse a ejecutar las órdenes irregulares que le impartían.
La imputación contra Roa se produce, además, pocos días después de que Ecopetrol presentara resultados financieros que dejan mal parada a la actual administración. El balance de 2025 muestra que los ingresos cayeron 10,2 % en 2025. Las utilidades, por su parte, se desplomaron de $14,9 billones a apenas $9 billones. La cifra es aún más crítica si se compara con las ganancias de $33,4 billones en 2022, año en el cual el presidente de Ecopetrol era Felipe Bayón, que había dejado Iván Duque.
A pesar de este panorama financiero y de las investigaciones judiciales en su contra, Roa —nombrado con el respaldo directo del presidente Petro en 2023— sigue al frente de la compañía. Un informe de Control Risks advirtió sobre los riesgos reputacionales que enfrenta Ecopetrol con Roa.
¿Qué más tiene que ocurrir para que Roa deje la presidencia de Ecopetrol? ¿Y por qué Carrillo sigue vinculado a ISA pese a un fallo judicial que anuló su elección?
Las respuestas a estas preguntas deberían ser simples en un Estado que respeta sus instituciones. Sin embargo, en el actual gobierno parecen cada vez más inquietantes.