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Lo que faltaba. La ministra de Trabajo, Natalia López, anunció que faltan $5 billones para pagar las mesadas de los pensionados de Colpensiones en noviembre y diciembre. En ese preciso instante buena parte del país entendió el precario estado en que el Gobierno de Gustavo Petro dejó las finanzas del Estado. Y es apenas la primera grieta visible de una crisis fiscal que ya no se puede disimular.
Ahora la pregunta de fondo no es si hay que recortar. Eso está claro. La pregunta es cuándo y cómo va a hacer el Gobierno el recorte que prometió. En campaña, Abelardo de la Espriella dijo que reduciría el aparato estatal en un 40% y que con eso ahorraría entre $25 y $30 billones. Dijo que pasaría de 19 a 10 ministerios. Habló de un ajuste inicial cercano a $70 billones, a punta de fusionar carteras, eliminar entidades y recortar la nómina central. Fue una de las banderas que lo llevaron a la Casa de Nariño. Hoy, cuando las cuentas públicas están en su peor momento, esa promesa se convierte en una urgencia.
Conviene distinguir que estamos ante dos crisis distintas. Una es la de ahora mismo, la de una caja que no da para terminar el año, como es el caso de las pensiones, y otra es la de 2027, la del presupuesto que se discute en el Congreso.
Las cifras no dejan margen y el propio De la Espriella las expuso con alarma. De los $635 billones del presupuesto de 2027, aprobado la semana pasada por las comisiones económicas del Congreso, $281 billones (el 44%) tendrán que pagarse con nueva deuda, porque los ingresos corrientes apenas llegarán a unos $300 billones. Es como si una familia fuera a pagar la mitad de sus gastos a punta de tarjeta de crédito sin tener claro cómo va a saldar la deuda.
Y lo más preocupante es en lo que se van a gastar los $635 billones: el pago de la deuda se llevará $155 billones, $55 billones más que este año. Es decir, uno de cada cuatro pesos que los colombianos entregamos en impuestos se irá en intereses y amortizaciones. Y el resto, $393 billones se van en funcionamiento —nómina estatal, pensiones, salud, educación y recursos para las regiones— y para inversión quedan apenas $87 billones.
Como si eso fuera poco, el déficit fiscal llegará a $200 billones, el 9,4% del PIB: el más grande que ha tenido Colombia en su historia. El déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado recibe y lo que gasta en un año. Si llega al 9,4 % del PIB, significa que por cada 100 pesos que produce la economía colombiana, el gobierno gasta 9,4 más de los que le entran. Esa diferencia no aparece por arte de magia: se cubre con deuda. “Estamos pagando la deuda del derroche”, dijo De la Espriella. Y por eso mismo, la salida no puede ser otra que el recorte que él prometió.
Para dimensionar lo que significa un déficit de esa magnitud hay que mirar atrás. En 2019, antes de la pandemia, el desbalance de caja del Gobierno Nacional Central era del 2,5% del PIB. En 2020, con la economía cerrada, el país enfrentando la mayor emergencia sanitaria del siglo y el gobierno endeudándose para pagar subsidios, llegó al 8,9%. El de 2027 sería igual o mayor, pero sin pandemia, sin confinamientos y sin una economía en caída libre. Es decir, tenemos un hueco en las finanzas de tiempos de catástrofe. Y se paga donde más duele: el 30% de los impuestos que pagamos los colombianos se irá pagar deuda, plata que no paga una sola pensión, no construye una sola vía, ni un solo hospital.
Ese es el país que nos dejó Petro. El gasto desaforado y medidas populistas como el aumento del 23,7% en el salario mínimo, que encareció de un golpe las mesadas atadas a él, dejaron a Colpensiones contra las cuerdas. Tampoco están asegurados todos los recursos para las universidades públicas, la salud, la nómina estatal y la deuda pública. Aunque desde antes de la posesión se conocía el crítico manejo fiscal, solo ahora, con el presupuesto sobre la mesa, se ve la verdadera dimensión del hueco.
Es cierto que ya se recortaron cerca de $20 billones en el gasto de este año y que se anuncia una cifra similar para el próximo. Es cierto que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentará una ley de rescate económico y medidas de ajuste en el Plan de Desarrollo. Todo eso va en la dirección correcta. Pero el país está esperando que se produzca.
El Consejo Nacional Electoral advirtió que no le alcanza para las elecciones de 2027. La Fiscal dijo que sus $6,7 billones solo cubren el primer semestre. La JEP calificó de dramático un recorte de $125.000 millones. Todos tienen razones para quejarse. Si el gobierno cede ante cada protesta, el recorte prometido se diluirá entre excepciones.
Como en el juego de la pirinola que popularizó Antanas Mockus, aquí todos tendremos que poner. No hay fórmulas mágicas. Pero el país votó por un Estado más pequeño y está a la espera de que se cumpla.