Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9
Medellín tiene un problema que hace una década habría parecido paradójico: demasiada gente quiere venir a vivir, invertir, estudiar o trabajar aquí. Ser atractiva es una buena noticia. El problema empieza cuando ese éxito le dificulta a quienes siempre han vivido aquí seguir haciéndolo.
La discusión volvió esta semana con la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial y las nuevas reglas propuestas para las viviendas turísticas. El presidente del Concejo, Alejandro de Bedout, tuvo que aclarar que el proyecto no busca prohibir Airbnb, sino definir dónde y bajo qué condiciones podrán funcionar los alojamientos de corta estancia. La aclaración importa porque sería un error reducir el debate a una pelea entre partidarios y detractores de una plataforma. Lo que Medellín necesita discutir es qué tipo de ciudad quiere ser y, sobre todo, para quién.
Los números explican la urgencia. Según los estudios que soportan la revisión del POT, el costo promedio de los arriendos aumentó cerca de 50% entre 2014 y 2023, y la propia Alcaldía reconoce entre los problemas actuales el encarecimiento de la vivienda. La tendencia no se ha detenido: entre junio de 2025 y junio de 2026 los arriendos de apartamentos subieron 8,7%, por encima del promedio nacional, y el canon promedio de los apartamentos buscados en Medellín llegó a $4,92 millones mensuales, según cifras de Ciencuadras y El Libertador recogidas por este diario.
Cifras que confirman lo que cualquier familia joven ya sabe sin necesidad de estadísticas: encontrar una vivienda bien ubicada a un precio compatible con un salario local se volvió misión imposible.
Sería simplista culpar solo al turismo. La ciudad construye menos vivienda de la que necesita en algunos segmentos, el suelo disponible es limitado, los costos de construcción subieron, la demanda inmobiliaria es fuerte y miles de personas de otras regiones y países escogieron establecerse aquí.
Pero también es evidente que la proliferación de alquileres de corta estancia transformó sectores enteros de El Poblado, Laureles, La Candelaria y otras zonas. La Alcaldía reconoce ese crecimiento y advierte sobre la necesidad de regularlo. La lógica económica es sencilla: si un propietario obtiene en pocos días un ingreso mayor que arrendándole un año a una familia, el incentivo para sacar esa vivienda del mercado residencial es poderoso. Multiplique esa decisión por miles de apartamentos y aparece un fenómeno que ya conocen Barcelona, Lisboa, Nueva York o Ámsterdam: barrios diseñados para vivir convertidos en barrios diseñados para alojar visitantes.
El problema no son los turistas ni las plataformas. Medellín debe seguir recibiendo visitantes y aprovechando una industria que produce empleo, restaurantes llenos, vuelos internacionales, congresos e inversión. Sería absurdo cerrar la puerta justo cuando la ciudad consiguió abrirla al mundo. Pero ser cosmopolita no equivale a no tener reglas. Una ciudad no es un producto inmobiliario: es un lugar donde deben poder vivir el médico, la profesora, el policía, el periodista, el empleado de un restaurante, la joven que comienza su primer trabajo y la pareja que intenta formar un hogar.
Cuando esas personas deben alejarse de sus lugares de trabajo porque no pueden pagar un arriendo, el problema deja de ser inmobiliario y se vuelve urbano: trayectos más largos, más congestión, presión sobre el transporte público y una segregación creciente entre quienes pueden pagar las zonas mejor ubicadas y quienes son expulsados hacia la periferia.
El debate ocurre hoy en muchas grandes ciudades. Nueva York tomó un camino drástico: no se puede alquilar una vivienda completa por menos de 30 días en edificios residenciales, el anfitrión debe vivir en el apartamento durante la estadía, solo puede alojar hasta dos huéspedes y las plataformas no pueden procesar reservas de anfitriones no registrados ante la ciudad.
Medellín no propone copiar ese modelo, pero sí avanza hacia una idea que merece discutirse seriamente: que la renta turística no pueda instalarse indistintamente en cualquier barrio. Por eso es legítimo que el POT diferencie entre vivienda residencial y alojamiento turístico —los documentos técnicos plantean que las estancias inferiores a 30 días sean consideradas servicios de alojamiento y no vivienda—. Tiene sentido: actividades distintas deben tener reglas distintas.
Eso no significa perseguir al pequeño propietario que arrienda ocasionalmente una habitación para complementar sus ingresos, ni desconocer inversiones hechas de buena fe bajo normas anteriores. Pero la ciudad tampoco puede renunciar a ordenar su territorio.
El POT que se discute determinará buena parte de la ciudad de los próximos años. Airbnb es apenas una pieza de un rompecabezas mayor: cuánto construir, dónde hacerlo, qué densidades permitir, cómo recuperar vivienda en sectores centrales y cómo garantizar que el desarrollo inmobiliario responda también a quienes viven de salarios locales.
El reto es el equilibrio: que Medellín siga siendo atractiva para quien viene de Nueva York, Madrid, Buenos Aires o Ciudad de México, pero accesible para quien nació en Manrique, Belén, Robledo o Buenos Aires. Porque el éxito de una ciudad no se mide solo por cuántas personas quieren visitarla, sino por cuántas todavía pueden vivir en ella.