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Colombia por estos tiempos parece el epicentro de un terremoto muy particular: uno que no para un solo día de sacudir al país. Quienes nos dedicamos a informar no recordamos una semana tan agitada como esta que termina. ¡Brutal!, es la palabra de moda.
Pero no vamos a hablar de lo que mucho se ha hablado sino por el contrario de lo que, a pesar de su importancia, se ha dejado de hablar por cuenta de que la agenda mediática está totalmente copada.
Es el caso de la más reciente idea del Ministerio de Medio Ambiente de declarar como “Zona de Protección” a 11 municipios del Suroeste de Antioquia en donde viven más de 300.000 personas. Se trata de Caramanta, Jardín, Valparaíso, Andes, Támesis, La Pintada, Jericó, Pueblorrico, Tarso, Fredonia y Santa Bárbara.
Por ahora apenas se conoce un borrador de resolución del Ministerio en el cual se puede leer que no solo se “detendrían los proyectos mineros”, como ya lo ha manifestado el presidente Gustavo Petro en sus visitas a Jericó, sino que –y esto es lo más grave– tampoco se otorgaría ningún tipo de “permisos, autorizaciones, concesiones, licencias, planes de manejo ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental para el desarrollo de actividades de alto impacto ambiental” en la región mencionada.
¿Qué quiere decir? ¿Qué esos 11 municipios se cierran para cualquier actividad? Como le dijo la directora de Corantioquia, Ana Ligia Mora, a EL COLOMBIANO, de los cientos de solicitudes de licencia que tiene en su despacho no sabría decir si un proyecto porcícola o una vía terciaria son consideradas de “alto impacto”.
El proceso que llevó al anuncio no se ha caracterizado propiamente por la rigurosidad. A finales de enero, por solicitud del equipo de la ministra Susana Muhamad, Corantioquia entregó un estudio sobre el potencial de aguas subterráneas en el Suroeste, con la advertencia de que no había con qué adelantar estudios en detalle, ni perforaciones ni muestreos, para saber, con exactitud, cuál es el potencial hídrico subterráneo.
Pero, ¡oh sorpresa! menos de quince días después, Minambiente convirtió ese estudio en uno de los soportes principales de la polémica resolución. Es decir, el gobierno de Gustavo Petro hizo un anuncio que afecta de manera importante el presente y el futuro de una región como es el Suroeste, en un abrir y cerrar de ojos.
¿En dónde está o estuvo la consulta con las comunidades? ¿O es que solo se vale consultar a unas comunidades y no a todas? ¿Cómo pueden cambiar la vocación de desarrollo de una región de este tamaño con una revisión de apenas unos cuantos días? ¿Cómo pueden desde Bogotá, simplemente estampar la firma sobre una resolución que le podría cambiar la vida a más de 300.000 personas y a un departamento en general?
¿Acaso no saben que ya hay cinco áreas con declaratoria ambiental en esa región –dos distritos regionales de manejo integrado y tres reservas naturales de la sociedad civil– y funcionan? Los distritos de manejo son el Nubes Trocha Capota con un área de 4.193 hectáreas y el Cuchilla Jardín Támesis con una extensión de 28.061 hectáreas y son las figuras más avanzadas que tiene el país para la coexistencia de proyectos productivos y conservación ecológica. Y estos dos marchan muy bien.
Aquí –debe quedar muy claro– no estamos hablando de la minería. Ese es un debate aparte. Pero lo que no puede ocurrir es que por crear titulares populares de mano dura contra la mina Quebradona –que es el origen de la polémica– el Gobierno Nacional se lleve por delante las posibilidades de todo tipo de desarrollo de una región próspera. ¿Qué pasará con otros sectores económicos que podrían ser catalogados como generadores de “impactos ambientales”?
Mucho se habla, con razón, del potencial turístico y agrícola del Suroeste antioqueño. ¿No se permitirá más el desarrollo de nueva infraestructura? Como está planteada la resolución quedarían esta y otras dudas. ¿Cómo se expandirá la capacidad turística de la región y las vías de acceso de los municipios? ¿La construcción de vías terciarias en la región entra en las actividades de “alto impacto” que estarán prohibidas?¿No se permitirán nuevos proyectos agroindustriales de gran escala de aguacate, café y cítricos?
La narrativa de conservación del medio ambiente es necesaria, y la apoyamos. Pero Colombia no se puede dar el lujo de equivocarse y confundirla con una versión romántica del subdesarrollo. ¿Estarían dispuestos los funcionarios que empujan esta resolución a cambiar sus estilos de vidas y la infraestructura de Bogotá por una vida en el casco urbano de Caramanta, Valparaíso u otro de los municipios afectados por la medida?
El plazo para recoger observaciones al borrador de resolución cerró el 28 de febrero y el gobierno debe evaluarlas para luego emitir la resolución en firme. No puede ser posible que una decisión de tal magnitud para una región tan importante vaya a pasar por debajo del radar de la sociedad antioqueña. .