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Editorial

El tarifazo eléctrico

En la Costa Caribe pagan más de $900 por kilovatio hora (hace cinco años, con Electricaribe, $400), y en Bogotá $640”.
Publicado el 09 de septiembre de 2022

Crece el malestar de los colombianos por la disparada en las tarifas de energía eléctrica, que parecen como si el país estuviera afrontando una crisis en el sector. Hasta el propio presidente Gustavo Petro pidió una explicación en su Twitter: “¿Puede aumentar el pago por servicio de electricidad cuando los embalses están llenos y es temporada de muchas lluvias?

El precio de la energía ha subido en el último año 25,9% y aún peor en la Costa Caribe donde han sufrido incrementos de entre 40% y 50%, lo que llevó al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, a amenazar con movilizaciones si el gobierno no toma medidas para detener estas alzas, que tienen a muchos hogares pagando sumas estratosféricas y a los comercios e industrias con los pelos de punta.

Entonces el alcalde le pide al presidente que haga algo, el presidente le pide explicaciones a los prestadores del servicio, y los operadores se tiran la pelota. Y hasta pueden tener razón porque este es un sector complejo, en el que entran en juego muchos factores que inciden en los precios.

De un lado está el diseño del esquema tarifario, a cargo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que tiene una fórmula que tiene poca flexibilidad para que cualquiera pueda bajar las tarifas cuando le parezca. De otro lado están los contratos de compra de energía que están atados al Índice de Precios del Productor (IPP), que en los últimos doce meses llegó al 30%. Pero además, las empresas están cobrando lo que dejaron de facturar en la pandemia, y también se le carga a la tarifa las pérdidas técnicas y no técnicas por la prestación del servicio, que incluyen los robos de energía, un componente que afecta mucho a distribuidores como Afinia y Air-e en el Caribe.

Todo esto se ha conjugado en un verdadero coctel molotov, especialmente en la Costa Caribe donde los habitantes pagan más de 900 pesos por kilovatio de energía consumido mientras en Bogotá está alrededor de 640 pesos. Hace cinco años, cuando operaba Electricaribe, el costo del kilovatio hora rondaba los 400 pesos.

Es tanto el malestar que algunos ya sienten que Air-e y Afinia no cumplieron con lo prometido porque no mejoraron el servicio y sí dispararon los precios. Esa apreciación tiene algo de injusta porque no solo heredaron los problemas de Electricaribe sino que les cayeron varios agravantes de los ya mencionados. Sin embargo, también es cierto que Afinia, filial de EPM, ha tenido una gestión cuestionable durante la administración de Javier Lastra. Despojaron a Afinia de todo el rigor técnico y dejaron las decisiones en manos de políticos.

Curiosamente, el alcalde de Medellín salió a decir que si no se crea un fondo de estabilización de tarifas de energía, estaría dispuesto a devolver Afinia al Estado, que porque no podrían hacer las inversiones prometidas por 10 billones de pesos durante una década. La ‘amenaza’ de devolver es una salida un tanto extraña teniendo en cuenta que este tipo de servicios una empresa no los puede ir tomando y dejando así no más. ¿O es que acaso solo interesaba el negocio por los 10 billones que tendrían para dar contratos?

Para frenar estas alzas el Ministerio de Minas y Energía anunció ayer un Pacto por la Justicia Tarifaria, en la que todos los actores del sector, incluyendo alcaldes, gobernadores, gremios, consumidores y la Creg, busquen soluciones. Gremios como Andesco, Acolgen, Andeg y Asocodis le enviaron una carta a la ministra Irene Vélez en la que proponen definir que no sea el IPP (índice de precios al productor) el indexador, y que la Creg revise el actual modelo tarifario. El gerente de EPM anunció que para evitar un gran incremento iban a subir lo menos posible.

El Congreso también puso en la mira al tema y citó a un debate a la ministra de Minas y Energía para el próximo martes. Los senadores José David Name y Mauricio Gómez radicaron una propuesta para que las hidroeléctricas ayuden a subsidiar a los estratos más pobres.

Estamos en alerta naranja. Apenas ahora se van a analizar medidas para ver cómo aliviar el tarifazo y no se sabe cuándo darán resultados. El sector energético se encuentra en alto grado de incertidumbre por los anuncios del gobierno de Gustavo Petro (freno de exploraciones de petróleo, prohibición del fracking y posibilidad de importar gas de Venezuela), y por el nombramiento de una ministra que ha dado a entender que no tiene mucha idea de los temas que maneja un sector tan estratégico para el país como el energético.

Como si fuera poco no han entrado en operación proyectos clave que ayudarían a bajar tarifas, como Hidroituango. Por no hablar del desarrollo de energías renovables no convencionales como la eólica y solar que se encuentran retrasadas por consultas con las comunidades y licencias ambientales.

El alza desmedida de las tarifas eléctricas puede afectar el crecimiento del país y causar problemas sociales. Por eso el gobierno tiene que entender la complejidad del asunto, darle prioridad y ponerlo en manos expertas

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