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De los nuevos ministros, la de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se ha mostrado como una de las más activas para hablar sobre lo que hará en esta cartera. Primero anunció que volverá a poner el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde, luego dijo que es indispensable reducir la jornada laboral como en países desarrollados, también que la cotización para pensiones debe estar a cargo exclusivamente de las empresas y, lo más sonado, que se deben eliminar los contratos por prestación de servicios.
Esto último lo planteó utilizando el siguiente trino: “Los contratos por prestación de servicios deben desaparecer, un gobierno con política de la vida no puede permitir neoesclavitud, consecuencia de tantos gobiernos de derecha antiobrera”. Y no se ha limitado a calificar de “neoesclavitud” lo que hoy es el trabajo de cerca de dos millones de colombianos, ha dado vía libre a su expresión tildando de tacaños a los empresarios, ha dicho que va a combatir a los grandes terratenientes y burgueses, y que toca doblegar el capital y dignificar las condiciones laborales de todos los trabajadores colombianos.
Sin duda es muy loable mejorar las condiciones de millones de colombianos, que no gozan de los mismos beneficios laborales que tienen aquellos que trabajan en grandes compañías, hay que analizar estos temas con cabeza fría porque las medidas en lugar de crear más empleos formales, como se pretende, podrían ir en contra de ellos.
La ministra debe tender puentes con los trabajadores y los empresarios y para ello debería comenzar por ver a los empresarios como aliados y no como enemigos. Si bien ella ha estado del otro lado de la barrera, ha sido líder sindical, senadora del Polo Democrático y presidente de Fecode, debe entender en su nuevo papel que hacer empresa en Colombia no es nada fácil debido a tantas cargas laborales e impositivas, a las que se agregan múltiples trámites.
Los puestos de trabajo no se crean por decreto, sino por la reactivación de la economía, el dinamismo de los sectores, la mayor demanda de productos y servicios. La reciente pandemia lo demostró claramente: el desempleo aumentó a niveles superiores al 20% con el desplome de la economía, y se ha vuelto a reactivar, (hoy está en 11,3%) con su reactivación.
Por eso, pretender vincular a las plantas de las empresas a miles de personas que trabajan con contrato de prestación de servicios, que no se rigen por el Código Sustantivo de Trabajo, desconoce la realidad del mercado laboral y podría dejar a millones de colombianos sin ingresos. Las empresas contratan a través de este medio porque no necesitan tener una persona fija en sus nóminas, sino para hacer un trabajo puntual por un tiempo determinado. Recurren a estos contratos no solo las pequeñas y medianas empresas sino las grandes, como Ecopetrol, la mayor empresa del país, que tiene cientos de contratistas.
Por no hablar de los cientos de miles que trabajan bajo esa modalidad en el Estado. Cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, por ejemplo, llegó a tener 50.000 personas trabajando por prestación de servicios. ¿Acaso piensa la ministra que el Estado puede crear una planta fija de esas dimensiones? ¿Qué va a pasar con todos esos contratistas del Estado?
Aunque no parece conveniente acabarlos, este tema merece una revisión porque los trabajadores independientes están en desventaja frente a los contratados directamente ya que tienen que hacer pagos elevados que les reducen considerablemente sus ingresos. Deben cubrir toda la seguridad social, el 12,5% por salud y el 16% por pensiones y otro porcentaje por riesgos profesionales, a lo que se suman los descuentos por retención en la fuente.
Si bien los aportes los hacen sobre el 40% de su ingreso, están contribuyendo sobre un ingreso muy bajo, que no les favorece para obtener una pensión mayor. Para compensar, muchos deben tener varios contratos o ingresos muy altos, lo que no siempre ocurre.
Acabarlos no es la solución sino un problema porque las empresas no van a contratar una masa tan grande de personas, así el gobierno les diga que deben hacerlo, y menos teniendo en cuenta que por cada empleado vinculado la carga laboral se incrementa en 50% por pago de primas, vacaciones, cesantías y pago de parafiscales.
En una época en la que el empleo formal es cada vez más difícil de crear, en un país donde la informalidad es del 56% y la productividad es baja, no se pueden simplemente borrar de un sacudón las soluciones que el mercado ha encontrado. Incluso hay muchos oficios, como diseñadores, obreros, profesores por horas, que han encontrado en esta modalidad una buena alternativa. ¿Qué pasará con ellos? ¿No podrán trabajar más?
Hay que mirar todas las aristas y evaluar cómo se incentiva la generación de empleo digno y evitar que algunas empresas abusen de esta figura para evitar mayores costos sobre la nómina o que los políticos no la usen tampoco para atender los compromisos de su clientela inflando la nómina de sus jurisdicciones.
La ministra Ramírez dice que convocará a una mesa técnica de trabajo para revisar el Código Sustantivo de Trabajo que data del año 1951, y postergará la presentación de la reforma laboral para el 2023, porque primero se hará un proceso de concertación. Ese es el camino que se debe seguir, el del diálogo, sin imponer un punto de vista, más ahora que se avecinan las negociaciones del salario mínimo, un tema que requiere de mucha sensatez de todas las partes