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El fin de semana del Día de la Madre abrió paso a una seguidilla de asesinatos que significa un promedio aterrador: una muerte violenta cada cuatro horas en el Valle de Aburrá y 17 homicidios en Medellín, en cuatro días. Es decir, a la crítica situación de Bello, donde la guerra entre bandas golpea a la población civil, se suman hechos luctuosos en Itagüí, Copacabana y Girardota.
No se trata ya de episodios de intolerancia, que lo son en su conjunto, sino de un brote de ataques de grupos armados ilegales que protagonizan ejecuciones extrajudiciales, que descuartizan y arrojan cadáveres en bolsas y neveras en despoblados. Se descubre una brutalidad espeluznante.
Se trata de señales que sin duda exigen mayor despliegue interinstitucional, del orden local, regional y nacional, en una coordinación metropolitana que permita respuestas prontas y eficaces. Se ha dicho en varias oportunidades: las dinámicas delincuenciales de Medellín impactan las de Bello, y viceversa. Y así ocurre igual con otros municipios como Itagüí y Copacabana.
La mayoría de las poblaciones de la metrópoli está superando sus tasas de homicidios en relación con 2018. La situación de Bello es crítica, con 54 asesinatos en 2019.
Aunque llegó apoyo militar a esa localidad y no obstante el toque de queda para menores de edad, a partir de las 10 de la noche, es imperativo que la Alcaldía y la Policía Metropolitana lideren una gran ofensiva contra organizaciones como Pachelly y El Mesa y Niquía, las cuales, al parecer en medio de ajustes de cuentas por dineros robados de finanzas ilegales, tienen en la zozobra, el miedo y el confinamiento a miles de ciudadanos.
En Medellín, la Comuna 13, la 8 y la 10 (Centro), además de Robledo y San Cristóbal, continúan abatidas por asesinatos selectivos. A ello se suman los constantes robos, en la modalidad de fleteo, en las avenidas 30, 33, 80, Las Vegas y El Poblado. Es indiscutible la sensación de inseguridad creciente del último mes. Abril resultó especialmente violento.
La Gobernación de Antioquia también está llamada a poner su liderazgo y esfuerzo en la contención de estos fenómenos en el Valle de Aburrá, muy de la mano de las alcaldías locales y del Comando de Policía del departamento.
Las cifras agobiantes de delitos, en especial de asesinatos, afectan de manera notoria el buen desempeño del comercio. En Bello es sabido el cierre de establecimientos debido a las vacunas y al temor que rondan a los dueños de los negocios. Los indicadores desfavorables de seguridad están cerrando puertas a los pequeños empresarios y cortan los circuitos cotidianos de distribución de alimentos y materiales y la prestación de servicios, incluso públicos.
Lo que se está revelando es la lejana delantera que habían tomado las empresas criminales en el Valle de Aburrá. Incluso con la captura permanente de cabecillas, tarea en la que se ha empeñado al máximo la Alcaldía de Medellín, es inocultable el gran fondo social y económico que tienen estos fenómenos de inseguridad.
Un llamado al presidente Iván Duque para que rodee a los alcaldes del área metropolitana, y para que se refuercen los consejos de seguridad y el seguimiento a los planes que se tracen contra la delincuencia organizada, que en Antioquia tiene al 45 % de los grupos del país, con gran poder financiero y logístico. Hay que superar y frenar cuanto antes esta sangría lamentable.