Ituango, se advirtió hace cuatro años, sería un laboratorio y un reto para el Estado en materia de posacuerdos con las Farc y de sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones de convivencia comunitaria, en su proyección al resto del país.
Ayer se anunció, por parte de los desmovilizados, el abandono del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía, en esa población del norte de Antioquia. Más que corroborar las difíciles condiciones del orden público allí, se escenifican las debilidades notorias del proceso de retorno a la civilidad y la amenaza que aún significa la permanencia y reocupación de los grupos armados ilegales de las zonas dejadas por las Farc.
Los doce asesinatos de excombatientes en Ituango, los últimos tres años, han transcurrido en paralelo a la conformación de las disidencias del frente 18 al mando de alias “Ramiro”, y al reforzamiento de las escuadras del Clan del Golfo y del Eln que operan en el corredor del Nudo del Paramillo, en donde incluso gravitan bandas del narcotráfico como Pachelly, de Bello.
Pero el más preocupante es el caso del Eln que, según análisis recientes, logró reorganizarse y pasar de 1.800 hombres que estimaba el Ministerio de Defensa en 2015, a cerca de 2.500 en la actualidad, con un particular engrosamiento de filas en Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia y Catatumbo, y otras de sus zonas habituales como Arauca.
La expansión del Eln tiene varios contenidos: hoy es una estructura de mayor solidez financiera debido a su creciente alianza con los clanes del narcotráfico en las zonas mencionadas y es, según el Gobierno Nacional, el mayor responsable de los asesinatos de excombatientes de Farc (182 muertos en total en el país, reporta su partido político).
La crítica situación de inseguridad de Ituango se extiende, con otros fenómenos y variantes, por municipios como Yarumal, Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia, en los corredores de aproximación e interconexión del Nudo del Paramillo, la selva chocoana contigua al río Atrato, Urabá, la Troncal a la Costa Atlántica y la Serranía de San Lucas.
Ituango es un medidor directo de los temblores del proceso de reincorporación: en la lentitud y limitaciones para implementar los acuerdos, en la integración de los excombatientes con el resto de la sociedad civil, en la intervención y copamiento institucional de los municipios escenarios del conflicto y del posconflicto, y en las garantías de orden público y seguridad para proteger la vida de los desmovilizados y de los no combatientes.
La desocupación del ETCR de Santa Lucía de Ituango, que al parecer podría ser total, significa un revés en varias direcciones: la de no haber podido, primero que todo, proteger la vida de los reinsertados y la seguridad de su albergue, pero también la dureza de aceptar que el Estado de Derecho no ha logrado imponerse y desarrollarse en un municipio piloto y referente en la búsqueda de la convivencia pacífica, clave para todo el país.
Las contradicciones y los problemas descritos no pintan un proceso fallido, pero sí que se acerca a estarlo, por lo menos en donde se esperaban resultados de gran incidencia práctica y simbólica en el conjunto mismo de la reincorporación de las disueltas Farc.
Hay tiempo, recursos y voluntad, para que el Gobierno Nacional, apoyado en el Departamental, enderece la marcha del ETCR Ituango y frene la violencia a su alrededor .
