Editorial

Eln y su sevicia destructiva

El Eln es uno de los peores depredadores del medio ambiente en todo el planeta. La impunidad (no solo en lo penal) de la que gozan hace que una y otra vez cometan tales crímenes con daños incalculables.
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ilustración morphart Publicado el 22 de abril de 2019

Ríos, quebradas y afluentes contaminados por derrames de combustible, nacimientos de agua envenenados, reservas naturales y zonas de patrimonio cultural y ecológica gravemente dañados o con afectaciones irreparables. Son solo parte de la pesadilla que sufren decenas de poblaciones por los sistemáticos ataques terroristas del Eln contra la infraestructura y, en particular, contra los oleoductos.

Desde hace décadas Colombia asiste a esta modalidad criminal del Eln, a la que en su momento también acudieron las Farc. “Atentado al oleoducto Caño Limón-Coveñas” se volvió un titular de prensa tan recurrente que, tristemente, se volvió paisaje.

Según datos del pasado 19 de abril del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo corrido de este año, solo en el departamento de Norte de Santander, van 19 ataques contra la naturaleza y el medio ambiente bajo la modalidad de acto terrorista.

Organizaciones ambientalistas enumeran el catálogo de bienes colectivos que resultan dañados por este tipo de crímenes: los ecosistemas acuáticos (con sus especies animales y fauna), los suelos (también con su flora y fauna, y las aguas subterráneas), o el aire (gases contaminantes). Y, evidentemente, en los humanos que sufren las consecuencias de los derrames incontrolados de combustibles y la expansión de materiales tóxicos.

En los días previos a Semana Santa y durante ella hubo nuevos atentados a la infraestructura petrolera y los daños fueron visibles en municipios de Norte de Santander, como Tibú, y la zona de Pozo Azul, uno de aquellos conocidos como “paraísos naturales” que han servido para promocionar a nuestro país como “destino de paz” y de turismo ecológico.

Ecopetrol y las autoridades nortesantandereanas activaron planes de contingencia para llevar agua potable a Tibú y otros núcleos de población, así como para limpiar, hasta donde es posible, las aguas de Pozo Azul, y retener las olas contaminadas en los ríos circundantes.

La indignación de los colombianos debe hacerse explícita ante el Eln y a sus cabecillas por la persistencia en este tipo de crímenes contra el patrimonio colectivo natural, ambiental y ecológico. Así ellos den por sentada la impunidad de la que siguen gozando: si remotamente resultan investigados o condenados, juran que jamás cumplirán la condena. Tienen enfrente el ejemplo de las Farc (recuérdense los atentados contra el oleoducto Transandino, por el cual resultó condenada la Nación, por parte del Consejo de Estado). Y su impunidad no es solo la penal. Es la política (de quienes les amparan desde la ideología) e incluso la ambientalista. Porque también hay aquí dobles raseros: como si para ciertos sectores los crímenes ecológicos del Eln fueran “altruistas, para que otros vivan mejor”.

Los atentados del Eln han sido sistemáticos, parte de una política dirigida a la destrucción de la infraestructura y encaminada a generar graves e irreparables daños a bienes jurídicos que, comenzando por la vida (la humana, la de las especies naturales y animales), son protegidos por la legislación internacional.

En 2016 (ver Contexto) la Corte Penal Internacional emitió un documento en el cual amplió el espectro de su sistema de valoración de delitos que, tanto por su forma de comisión como por su impacto, pueden llegar a ser objeto de investigación y juzgamiento, cuando los sistemas penales nacionales no puedan o no quieran hacerlo. Y allí están los crímenes contra el medio ambiente. Puede que, en algún momento, los del Eln tengan que rendir cuentas ante algún tribunal que judicialmente les imponga responsabilidades por sus interminables crímenes.

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