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Este diario le preguntó a cuatro taxistas de Medellín si estaban de acuerdo o no con la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de prohibir las plataformas de transporte como Uber, Didi, InDrive y Cabify. Contrario a lo que se suele creer, los cuatro respondieron tajantemente que no.
La explicación es que muchos taxistas han resuelto acoger el famoso proverbio de si ‘no puedes con tu enemigo únete a él’. Y ya cada vez es más común que los amarillos tengan en su celular dos o tres plataformas instaladas. La fórmula es buena para los taxistas porque tienen más alcance y para los usuarios también porque tienen más opciones para pedir el servicio.
¿Qué tan cierta es la reforma? De acuerdo con el borrador que dio a conocer el excongresista José Daniel López, quienes elijan seguir utilizando estas plataformas para transportarse podrían pagar millonarias multas. Por parte de los usuarios, el articulado que se filtró hablaba de multas de más de 10 millones de pesos para los usuarios, y para los conductores, se mencionaba la posibilidad de inmovilizar el vehículo por hasta 3 meses. Según Alianza In, el gremio que representa las aplicaciones tecnológicas, unos 100.000 conductores verían sus ingresos en riesgo por estas medida.
Luego de que se filtró el borrador de este polémico proyecto de ley se produjeron protestas en Bogotá en la noche del lunes, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, decidió salir a calmar las aguas, anunciando que habría mesas de diálogo con conductores de aplicaciones antes de tomar cualquier decisión.
¿Qué se decidirá al fin? Por supuesto, eso está por verse. Pero los antecedentes de cómo ha procedido el Ministerio dan una idea de qué camino tal vez tomará. Así como pasó con la reducción del 50% en la tarifa del SOAT de motos -para evitar las protestas de los motociclistas- y la congelación del precio de los peajes -para evitar las protestas de los trasportadores-, el Ministerio de Transporte parece estar encaminando sus decisiones a hacer todo lo posible por dilatar un “paro” en este sector. Los líderes del gremio taxista, lejos de ser ingenuos, saben que el panorama actual es inmejorable para obtener concesiones del Gobierno.
Y es que el problema entre los taxis y las plataformas de transporte se ha ido dilatado en el tiempo. Desde que Uber comenzó sus operaciones en Colombia en el 2014 sin pedir permisos – al igual que hizo en otras partes mundo – todos se han tirado la pelota frente a cómo regular esta innovación tecnológica. En su momento Juan Manuel Santos delegó en Germán Vargas Lleras la labor de regular las plataformas, pero ni siquiera el superpoderoso vicepresidente pudo ejecutar la misión.
Con líneas grises y la inconsistente persecución de la autoridades de tránsito, los colombianos pudieron seguir utilizando la plataforma consentida de Silicon Valley durante varios años. A finales de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó suspender el servicio de Uber, y le dio así un verdadero primer sacudón a las plataformas. Pero duró poco porque la decisión fue revocada en escasas semanas. Desde entonces, hasta el día de hoy, las plataformas funcionan con normalidad, nada más a un clic de distancia de cualquier colombiano.
Con la presencia de plataformas de transporte como Uber ganan los usuarios. Aunque no necesariamente por recibir un mejor servicio. Quien utilice con frecuencia estas plataformas sabrá que la diferencia de calidad entre un taxi y un Uber hoy es prácticamente nula. A diferencia de hace unos años, los precios entre las plataformas y taxis ya tampoco son tan distintos. A veces, incluso, resulta más barato utilizar un taxi.
Lo que sí mejora para los usuarios es la facilidad de conseguir transporte: hay más opciones y es más cómodo conseguir un servicio de transporte privado. Por supuesto esto no les gusta a algunos taxistas, o al menos a algunos líderes de taxistas, que antes tenían garantizado un mercado cautivo con el sistema de “cupos” y les tocó pasar a un esquema competitivo.
Los “cupos”, vale recordar, son un modelo importado. La Gran Depresión llevó a que en los años 30 hubiese una sobreoferta de conductores de taxis en Nueva York, llevando a precios muy bajos en los servicios que no lograban satisfacer las necesidades de los taxistas. Por esto, el gobierno neoyorquino firmó el Haas Act, que restringía el número de licencias disponibles de manera que les permitiera ser rentables. Todo esto en contra del pasajero, que debe pagar precios más altos y tener mayores tiempos de espera por un servicio muchas veces ineficiente. La introducción de plataformas como Uber, que no necesitan ningún tipo de licencia o “cupo” para funcionar, inclinó nuevamente la balanza hacia el lado del usuario.
A esta altura de la revolución cultural que ha generado la tecnología y las aplicaciones en particular es ciertamente retrógrado y absurdo prohibir su uso en el transporte. En vez de la salida fácil de prohibir, valdría la pena mejor dedicarnos a buscar soluciones pensando en lo mejor para la movilidad de los colombianos, y no para mantener privilegios de gremio .