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¿Qué va a pasar en materia de seguridad y orden público? es uno de los interrogantes más grandes que le quedan a Colombia para este año y sin duda será uno de los ejes de la campaña a la Presidencia.
Estamos viviendo una especie de calma chicha en el país: la inseguridad en las ciudades -y en particular en Bogotá- está disparada, las masacres van en franco aumento, el Catatumbo se ha convertido en una bomba de tiempo, y tenemos 143.000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Todo esto produce una percepción y una realidad de gran inseguridad.
Pero la calma se puede calificar de chicha porque, a pesar de las preocupantes cifras, no estamos en uno de los peores momentos de la historia reciente en materia de orden público.
Al Gobierno se le nota un esfuerzo en la materia pero por ahora no es suficiente. Los cultivos ilícitos, por ejemplo, se redujeron en un 7%, de 154.000 a 143.000 hectáreas sembradas. Nada despreciable teniendo en cuenta que se hizo a punta de erradicación manual. Lamentablemente los sembrados son suficientes para seguir alimentando a las más violentas bandas criminales que siembran de terror y muerte sus zonas de operación. Esperemos a ver si las cifras de 2021 muestran que la mejoría es sostenida o no.
La captura de Otoniel, el capo del Clan del Golfo que se movía a sus anchas desde hace una década, dio a entender que la Fuerza Pública está operando. La muerte de tres de los tenebrosos jefes de la Segunda Marquetalia -Santrich, el Paisa y Romaña-, mandó el mensaje de que quienes le apuestan al crimen terminan aniquilados o atrapados en cualquier escondite. Si bien no se sabe quién ultimó a estos tres, el hecho de que hayan caído en un corto lapso y el tipo de operaciones en las que cayeron, permite pensar que pudieron morir por un ataque de comandos de algún país interesado en su muerte, incluso podría ser Colombia. En menos de seis meses cayeron pues cuatro de los criminales históricos del país que no es poca cosa.
Y también se puede reconocer el trabajo que se hizo para reformar a la Policía. Los protocolos de manejo de armas más exigentes, sanciones más fuertes, uniformes que permiten hacer una veeduría ciudadana más eficiente y mayores estándares de derechos humanos, son algunos de los avances en este nuevo estatuto.
Sin embargo, la seguridad se ha venido degradando de tal manera que realmente el saldo tiende más a estar en rojo que en negro. La delincuencia parece ganar todos los días más terreno. En las ciudades los homicidios aumentaron un 10% en 2021 con respecto a 2019 y los asaltos agobian cada día más. Cada mes se roban unos 80.000 celulares (el dato sale del número de usuarios que piden a sus operadores suspender sus líneas por robo), es decir, mínimo 2.700 colombianos cada día son víctimas de asalto o robo por su celular.
En el campo no es menor la zozobra. Se produjeron 96 masacres este año, un promedio de 8 masacres cada mes. Es decir, más de una a la semana. En ellas murieron 335 personas. Y lo más preocupante es que se dio un aumento del 25% comparado con 2020 cuando según la ONU se documentaron 76 masacres (292 personas fallecidas).
Y para completar en 2021 el país fue testigo del nacimiento de una nueva forma de delincuencia: el vandalismo. Un fenómeno que se aprovechó del paro y durante casi tres meses dejó al desnudo que las ciudades no están preparadas para manejar este tipo de situaciones extremas.
Los retos en materia de seguridad no son pocos. No podemos olvidar que venimos de medio siglo en el cual el conflicto armado definió el día a día de la vida en Colombia. Llevamos también más de 40 años lidiando con el narcotráfico. Se han dado guerras contra las drogas. Se han firmado acuerdos de paz. Y hoy en realidad no sabemos qué capítulo estamos escribiendo de esta historia.
Comenzamos un año electoral y aún no vemos grandes debates sobre el manejo de este tema tan crucial para los colombianos y colombianas. Ojalá, más temprano que tarde, aparezcan