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Hay frases que, por su contundencia, atraviesan generaciones. Una de ellas, atribuida al expresidente mexicano Porfirio Díaz –“¡Pobre México! Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”–, resume la ambivalencia de un país que ha vivido a la sombra de su poderoso vecino.
Hoy, la expresión puede ser parafraseada con matices: “¡Pobre Colombia! Tan lejos de Estados Unidos y tan cerca de Venezuela”. No por una idealización del primero ni por una condena absoluta del segundo, sino por las consecuencias concretas que esas cercanías —o distancias— tienen para el país.
Estados Unidos ha sido, por más de cinco décadas, el principal socio comercial de Colombia, su mayor fuente de inversión extranjera directa y un aliado clave en materia de cooperación en seguridad, programas sociales y desarrollo de instituciones. Venezuela, por el contrario, atraviesa una larga y dolorosa deriva autoritaria que ha destruido sus instituciones democráticas, reprimido libertades fundamentales y generado una de las crisis migratorias más graves del continente. ¿Si el presidente Gustavo Petro busca el bienestar de los colombianos de qué lado debería estar?
Gustavo Petro ha roto esa tradición de alianza estratégica con Washington y se ha acercado sin condiciones al régimen de Nicolás Maduro. El episodio más elocuente fue el trino de madrugada, con el cual el presidente Petro desautorizó el aterrizaje de aviones procedentes de Estados Unidos con migrantes deportados, y desató de parte de Trump amenazas de sanciones económicas. Aunque el impase se superó, pues el gobierno de Petro desplegó todo tipo de gestos de “arrepentimiento”, el malestar quedó en pausa.
Desde entonces, el presidente colombiano no ha hecho más que echarle leña al fuego. A los anuncios de importaciones de gas del vecino país y las posibles alianzas con PDVSA, la estatal petrolera tomada por la corrupción, se suman las recientes medidas en torno a la creación de una zona binacional con Venezuela, cuyos alcances no están todavía claros, y la compra de la empresa Monómeros. Petro hace caso omiso de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Caracas y sobre todo que Washington considera que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela sino el líder del cartel de los Soles.
La tensión ha escalado aún más con el reciente fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe. El pronunciamiento del senador republicano Marco Rubio, quien aseguró que la condena al exmandatario representa un uso político del poder judicial, fue replicado por la embajada de Estados Unidos en Colombia, generando una dura respuesta del presidente Petro. “No se entrometa en la justicia de mi país”. Hay expectativa sobre si el rifirrafe entre los dos países crecerá hoy cuando se conozca la pena para al expresidente Uribe.
Recordemos que hace poco Trump no solo calificó como una cacería de brujas el proceso judicial contra Bolsonaro, quién está procesado por intento de golpe de Estado, sino que impuso aranceles del 50% a Brasil, le quitó la visa al juez y bloqueó bienes del magistrado. ¿Tomará también ese tipo de medidas en Colombia? Una reacción de Estados Unidos de ese tipo llevaría al presidente Petro a avivar su discurso de golpe blando y de defensa de la soberanía nacional.
Petro no está equivocado en defender la autonomía de la justicia. Lo apoyamos en esa causa. Pero tal vez tendría mayor autoridad si no hubiera actuado en otros casos como un clon de Trump: Petro ha dicho que los procesos judiciales contra Lula, Pedro Castillo, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Manuel Zelaya, López Obrador y Evo Morales son parte de un patrón de “persecución al progresismo”. Cómo si por el hecho de ser políticos de izquierda tuvieran inmunidad.
Así como resulta inaceptable, antipático y antidemocrático que Trump imponga sanciones por su inconformidad con fallos judiciales de otro país, tampoco se pueden tolerar intromisiones de Petro en la justicia de otros países. Entre otras cosas porque no se puede defender la justicia mientras se toleran dictaduras. No se puede hablar de soberanía judicial y, al mismo tiempo, rendir pleitesía política a quien ha desconocido elecciones, encarcelado opositores y cooptado todas las instituciones del poder público.
Por supuesto que Estados Unidos puede decidir a quién admite o no a su país, también puede decidir a quién le permite hacer negocios dentro de su territorio, pero imponer sanciones por decisiones judiciales es cruzar una línea que antes que ayudar a que se haga justicia crea un antecedente nefasto de intromisión.
En cuanto a Gustavo Petro, estamos ante una apuesta ideológica antes que estratégica, en la que las afinidades políticas prevalecen sobre los intereses nacionales.