Esta semana habrá de continuar la Conversación Nacional liderada por el presidente Iván Duque y su gobierno, con sectores diversos y representativos de la pluralidad de intereses, no solo los que han salido a flote en las marchas organizadas desde el pasado 21 de noviembre.
La ronda de conversaciones y los temarios fijados son un plan de acción política en general bien recibido, aunque, como toda decisión política en democracia, sometida a crítica y a la paradoja de verse impugnada por quienes venían pidiendo diálogo y atención del Gobierno. Cuando éste decide ampliar los espacios de contacto con la sociedad y sus sectores representativos -ya venían desarrollándose los “Talleres Construyendo País” en las regiones- se oyen voces diciendo que eso no era lo que había que hacer.
Se ha reprochado también al Gobierno que en esas conversaciones, el presidente y sus funcionarios ocupen parte del tiempo en hablar y en hacer repaso a sus ejecutorias. Es una crítica necia. Sería del todo absurdo que, cuando hay muestras claras de que varias de las consignas del llamado “paro nacional” y de las marchas sucesivas se fundamentan en hechos que no han ocurrido, o en acciones que no se han ejecutado, se niegue al Ejecutivo el derecho de explicar qué ha hecho y cuáles han sido sus políticas y programas. Si varios sectores sociales protestan por lo que consideran han sido políticas inconvenientes o fallidas, por lo menos hay que tener disposición para atender las explicaciones que podrían dilucidar si las objeciones tienen o no fundamento en la realidad. Salvo que lo que se quiera sea ratificar que los paros y marchas son fines en sí mismos, y se organizan con objetivos distintos a cambiar lo que no funciona bien.
Dentro de esa diversidad de consignas y profusión de exigencias, saltan aquellas recurrentes que atribuyen todos los males al sistema capitalista y al empresariado. Y aquí también hay renuencia -o directamente, negativa- de sectores muy definidos a atender cualquier argumento distinto a los suyos. Tantos empresarios que pueden mostrar resultados descollantes en materia de responsabilidad social empresarial, solidaridad y aporte a las comunidades, deben mostrar sus ejecutorias. Tienen valiosas lecciones que podrían compartir, y hay que vencer pudores que les impiden mostrar lo que han hecho, lo que construyen, aportan y suman. Esa discreción hace que les ganen terreno discursos antiempresariales, estigmatizadores y, sobre todo, falaces por parte de quienes no podrían mostrar ni una centésima parte de aportes tangibles en beneficios de la sociedad.
Ante la Conversación Nacional, también resurge el derecho de las comunidades a inquirir por el sentido y alcance de la representación que algunos dicen ostentar. Se habla en nombre de mayorías que se vuelven intangibles y que, basados en el indicador más certero para cuantificarlas -las urnas, los votos- no responden a mandatos reales.
Quedan sobre la mesa, también, las posiciones reivindicativas de prerrogativas y prestaciones para sectores determinados, que mientras exigen solidaridad y reparto, no están dispuestos a aportar en similares proporciones, o directamente exigen subsidios a costa de quienes producen y aportan. Toda una serie de exigencias mientras se ataca cualquier forma de operatividad de las fuentes de financiamiento. El lema “todos ponen” está seriamente a prueba, y no es solo el Gobierno quien debe conminar a unos y a otros a distinguir de forma realista entre lo deseable y lo posible.
