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Editorial

Esa platica se va a perder

La creación de 1.200 nuevos cargos en la Procuraduría el mismísimo 24 de diciembre no solamente contradice la política de austeridad anunciada por el Gobierno, sino que además está en serios riesgos de caerse.
Esa platica se va a perder
ilustración Elena Ospina Publicado el 07 de enero de 2022

El 8 de julio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió un fallo en el cual concluyó que el Estado colombiano es responsable por haber vulnerado las garantías procesales de Gustavo Petro. El fallo se dio tras analizar la decisión de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó el 9 de diciembre de 2013.

El pronunciamiento de la CIDH causó un verdadero tsunami no solo por sus implicaciones políticas, sino también porque ordenó al Estado quitarle a la Procuraduría la facultad de sancionar a los funcionarios electos por voto popular, prácticamente la deja sin dientes. La Corte es clara en decir que solo un juez, a través de una condena penal en firme, y no la Procuraduría, puede inhabilitar a funcionarios de elección popular, como un alcalde, un gobernador o un congresista.

Sin embargo, en vez de hacer una reforma para quitarle esa facultad a la Procuraduría, el Congreso terminó expidiendo la ley 2094 de 2021, que establece que la Procuraduría tiene facultades jurisdiccionales, es decir, que ahora puede actuar como un juez y, con base en ello, inhabilitaría a funcionarios de elección popular. La solución del Congreso es tan absurda como pretender arreglar el problema de San Andrés en el Tribunal de La Haya diciendo que todo el mar Caribe es colombiano.

Obviamente, la Corte Interamericana consideró que la ley 2094 de 2021 no cumple su fallo y lo dijo expresamente en una decisión del 25 de noviembre de 2021: “Cuando un funcionario público de elección popular cometa una conducta ilícita que pueda culminar con la imposición de una sanción consistente en su destitución y/o inhabilitación, ésta deberá ser impuesta por sentencia de un juez competente en el correspondiente proceso penal, no por una autoridad administrativa a la que se han otorgado funciones jurisdiccionales”. Claramente, la CIDH está en contra de esta nueva jugadita del Congreso.

Pese a esto, el 24 de diciembre —sí, la fecha parece una broma, pero no lo es— el presidente expidió el decreto 1851, con el cual creó 1.200 nuevos cargos para poder implementar la citada ley 2094. Por supuesto, la polémica no se hizo esperar. La procuradora ha salido a defender la creación de los cargos con el argumento de que el fallo de la CIDH los obligó a separar la instancias de instrucción y juzgamiento y eso implica más personal para poder atender esa doble revisión.

Pero más allá de los argumentos, lo que los hechos demuestran es que el presidente creó 1.200 cargos para implementar una ley que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que no sirve para acatar el fallo que ella dictó.

De hecho, la procuradora admitió que el fallo “claramente no ordena” crear la doble instancia, pero que según la interpretación del Departamento Administrativo de la Función Pública ese es el camino para cumplir lo ordenado por la Corte.

Por supuesto, un Congreso y un Gobierno tienen derecho a patalear. Por supuesto, también hay todo un debate de fondo sobre el papel de la Procuraduría y si es sano o no que tenga ese tipo de facultades. Es más, hay quienes discuten si la Procuraduría es una entidad necesaria o no en el diseño institucional del país. Pero esos debates, más de fondo, superan los alcances de este espacio.

Lo que sí es cierto es que ya cursan varias demandas en la Corte Constitucional en contra de esa ley —con base en la cual se crearon los 1.200 nuevos cargos— y se presume que se caerá, pues la Constitucional siempre ha seguido los precedentes de la Corte Interamericana. ¿Por qué el presidente expidió el decreto 1851 pese a que la Corte Interamericana ya dijo que la ley 2094 de 2021 desconocía su sentencia? ¿Por qué no esperó, al menos, que la Corte Constitucional decidiera las demandas contra dicha ley?

La procuradora ha dicho que esos cargos solo se cubrirán después de elecciones; sin embargo, ¿cuánto perderá el Estado por el pago de los salarios de esos 1.200 funcionarios si esa ley se cae?

La Corte Constitucional tiene la palabra para decidir semejante papa caliente, pero lo único claro es el altísimo riesgo y las suspicacias que genera la expedición de un decreto con fundamento en una ley que puede caerse en cualquier momento 

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