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Mañana, lunes 28 de julio, no se tomará una decisión cualquiera en un juzgado de Bogotá. Se trata del juicio más emblemático en la historia política reciente de Colombia. No solo por la figura central del proceso —el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien, según las encuestas, terminó sus ocho años de gobierno con 75% de popularidad—, sino por la naturaleza misma de las acusaciones y la forma como ha transcurrido el proceso durante catorce años.
No estamos ante un caso ordinario. No es histórico únicamente porque sería la primera vez que un exmandatario colombiano podría enfrentar una condena penal. Lo es porque en el corazón del proceso hay una sombra de confusión, de ambigüedad jurídica y de tensiones políticas que sobrepasan los límites del expediente.
El juicio al expresidente es por presunto soborno de testigos y fraude procesal derivado de este. Y aunque su defensa ha insistido en que ni lo uno ni lo otro está probado, la acusación persiste, más por la carga simbólica que representa el personaje que por pruebas concluyentes. Y es allí donde el proceso deja de ser meramente jurídico para convertirse en reflejo de las fracturas políticas (y morales) del país.
El caso nació en 2011, cuando el entonces congresista Iván Cepeda visitó cárceles, según dijo como parte de una campaña humanitaria, pero terminó siendo el inicio de una compleja batalla legal. De esas visitas surgieron los testimonios de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes señalaron a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe como “creadores” del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas. Sin embargo, el supuesto delito fundacional del caso —la creación de un grupo paramilitar— se fue desvaneciendo ante los hechos: la finca ya no estaba en manos de los Uribe cuando nació dicho bloque, y Santiago Uribe, luego de años de ser investigado por paramilitarismo, fue absuelto.
El caso viró entonces hacia la supuesta manipulación de testigos. Pero incluso ahí, la columna vertebral del proceso se diluye bajo el escrutinio probatorio. No hay “prueba reina”, no hay interceptación donde se escuche al expresidente ordenar una actuación ilegal. Por el contrario, lo que revelan las grabaciones —hechas sin su conocimiento y sin autorización legal clara— es una insistencia en actuar “correctamente”, como cuando dice a su abogado: “Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas”.
Esta frase, que ha sido objeto de múltiples interpretaciones, es ejemplo del clima de ambigüedad que rodea el caso. Mientras sus críticos la presentan como una prueba de encubrimiento, el contexto completo de la grabación muestra que se trata de una autorización para interponer un recurso legal en favor de un testigo.
Ahora, si todo lo que puede usarse contra el acusado tras un mes de interceptaciones ilegales es una frase ambigua, cabe preguntarse si el peso de la evidencia es suficiente para condenar a juicio a un expresidente.
Aún más: ¿puede haber manipulación por parte de Uribe si el testigo Monsalve, para quien era la acción legal, de la cual se habla en la frase de ‘proceda doctor Diego’, nunca cambió su testimonio. o mejor, siempre lo mantuvo en contra de Uribe? ¿Puede darse el delito de soborno a testigos si Monsalve no fue testigo de nada que esté probado?
Las irregularidades del proceso también son parte central de esta historia. El entonces magistrado José Luis Barceló, una vez asumió la presidencia de la Corte Suprema en 2018, archivó la investigación contra Cepeda, a quien los Uribe habían denunciado por calumnia, y en un giro inesperado pidió investigar a Álvaro Uribe, y asumió él mismo el caso sin seguir el debido proceso de reparto.
Esa no fue la única irregularidad. Se desencadenó un rosario de anomalías difícil de entender en manos de un magistrado, de las cuales la más grave fue la interceptación ilegal del teléfono de Uribe, que oficialmente presentaron como un “error” del magistrado Barceló, pero quedan muchas dudas –e incluso investigaciones abiertas– sobre todo porque desde el primer día los técnicos de la escucha advirtieron a los magistrados que estaban chuzando a la persona equivocada y a pesar de ello desde la Corte no suspendieron la tarea, como debió haber sido, sino que mantuvieron la interceptación durante un mes.
Desde ese entonces, Álvaro Uribe ha dicho de una y otra manera que detrás de Barceló estaba la figura del entonces presidente Juan Manuel Santos. Desde hace más de seis años Uribe advertía en twitter: “Santos, sé de tus reuniones con el doctor Barceló para hacerme daño”. Y todavía ahora insiste que su caso es una “persecución del petrosantismo”.
En un país donde los escándalos de corrupción y los crímenes de Estado han quedado en la impunidad, resulta paradójico que el proceso más emblemático del sistema judicial verse sobre una frase telefónica o sobre si un abogado actuó por su cuenta. Nadie está por encima de la ley, pero tampoco puede aplicarse esta con una vara distinta según el color político o la popularidad del acusado.
Mañana una juez de la República decidirá si el expresidente Uribe debe ser absuelto o si se abre paso hacia una condena que será leída como una derrota simbólica para una corriente política que durante dos décadas gobernó. De otro lado, si lo declaran inocente, le permitirá desprenderse de señalamientos que lo han acompañado en los últimos 15 años.
No corresponde a este editorial anticipar el fallo. Desde aquí pedimos el acatamiento a lo que la juez disponga. Si alguna de las partes no está de acuerdo con el veredicto, bien puede apelar para que una instancia superior estudie de nuevo el caso.
Este juicio no se trata solo del expresidente. Se trata de la salud institucional del país, de la credibilidad de la justicia y del riesgo de que el derecho se convierta en una herramienta más de la lucha política.
Que el país esté dividido no es novedad. Lo grave sería que la justicia también lo esté.