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Editorial

Fuera de combate

Nunca antes como en estos últimos dos años han caído tantos criminales de tan diversas calañas en el país. Ni siquiera, tal vez, en el gobierno de Álvaro Uribe.
Publicado el 16 de junio de 2022

Mayimbú tenía una pistola enchapada en oro y no le sirvió de nada: la bala del francotirador que le apuntó al pecho llegó más rápido que la suya a su destino.

La anécdota —o tal vez esta suerte de parábola bíblica— sirve para subrayar que este lunes cayó otro cabecilla más de la mafia en Colombia y sobre todo para hacerle un reconocimiento al gobierno y a la fuerza pública en particular, porque tal vez nunca antes como en estos últimos dos años han caído tantos criminales de tan diversas calañas en el país. Ni siquiera, tal vez, en el gobierno de Álvaro Uribe, en el que se dieron golpes tan importantes como el de Raúl Reyes y el Mono Jojoy.

Mayimbú se declaraba el amo y señor del Cauca. En su expediente figura haber ordenado la masacre en la que murió la candidata favorita para la alcaldía de Suárez, Karina García. Entre otras muchas fechorías.

Con este son seis los cabecillas de las disidencias de las Farc que han quedado fuera de combate en este 2022. Apenas el viernes pasado también cayó alias Cabuyo, en Barbosa, se había mostrado en los diálogos de La Habana, pero pronto le hizo el quite a la paz y se convirtió en jefe de las disidencias en Antioquia.

Por el narco puro y duro, también cayó el ya muy mencionado Otoniel, heredero de los capos de la droga de los años 80 y máximo jefe del Clan del Golfo, capturado en Urabá en octubre de 2021 y extraditado en mayo de 2022. Y de parte de la narcoguerrilla del Eln no hay que olvidar a Uriel, comandante del frente occidental y uno de los principales voceros de esa banda criminal, que cayó en Nóvita, Chocó, en octubre de 2020.

Estos son apenas algunos de una larga lista de alias bien ubicados en el organigrama del crimen que han sido aniquilados en estos cuatro años: Pueblo, primo de Otoniel, miembro del estado mayor del Clan del Golfo y jefe del frente Carlos Vásquez (agosto de 2020, Mutatá, Antioquia); Matamba, jefe de la banda Cordillera Sur (mayo de 2022, en Bolívar, Santander); Guacho, jefe del frente Oliver Sinisterra de la disidencia de las Farc que delinque en Nariño, implicado en secuestro y muerte de tres periodistas ecuatorianos (diciembre de 2018, Tumaco); Chucho Mercancía, jefe de la banda Los Pachenca, que delinque en Magdalena y La Guajira (junio de 2019, en la Sierra Nevada); Caín o Pilatos, cabecilla de Los Caparros, que delinque en Bajo Cauca (noviembre de 2020 en Tarazá, Antioquia); Marihuano, segundo del Clan del Golfo (febrero de 2021, en Riosucio, Chocó).

La lista podría seguir con Ariel o La Frita, hombre de confianza de Iván Márquez; Rodrigo Cadete, hombre de confianza de Gentil Duarte, que murió en un bombardeo en San Vicente del Caguán; y Fabián, sucesor de Uriel el del Eln, que murió en otro bombardeo en Chocó, entre tantos más.

Hasta ahí tenemos un número considerable de bandidos fuera de combate, un verdadero récord para un solo gobierno. Pero la lista se quedaría corta si no se incluye en ella al póker de ases de las Farc abatidos en territorio venezolano. No existe ninguna prueba de que el Estado colombiano haya participado de estas operaciones y de hecho, la narrativa que se ha impuesto es que sus muertes han sido producto de guerras intestinas entre narcos, aunque no se descarta que se trate de operaciones de mercenarios extranjeros.

Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que los cuatro cayeron en circunstancias similares y en menos de un año. Si el gobierno colombiano participó o no, nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que son cuatro peces gordos —o legendarios guerrilleros de las Farc, dirían por ahí algunos— abatidos durante el gobierno Duque.

En el último año, entre mayo del año pasado y este, han muerto Jesús Santrich (mayo de 2021); Henry Castellanos, alias Romaña, (diciembre de 2021), el guerrillero que aterrorizó al país con los secuestros selectivos y las llamadas “pescas milagrosas”; Hernán Darío Velázquez, el Paisa (diciembre de 2021), el hombre de la bomba al Club El Nogal y del secuestro masivo al edificio de Neiva; y Gentil Duarte (mayo de 2022), el que no se sumó a los Acuerdos de Paz y había armado de nuevo la máquina de guerra.

Cuando se haga el balance de la lucha contra el crimen en Colombia, sin duda habrá unas líneas para contar cómo en este cuatrienio quedaron fuera de combate —o mejor, fuera del crimen— más cabecillas criminales que en ningún otro gobierno  

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