Los altos estándares internacionales de un deporte como el fútbol, que mueve masas humanas exigentes y recursos económicos millonarios, demandan cada vez más un ambiente laboral de equilibrio, transparencia y garantías, tanto para los jugadores como para los clubes. Con reglas de juego fijadas de manera concertada y profesional entre los organismos que reúne el fútbol de primera división, masculino y femenino.
Este aparato productivo y de trabajo debe reglarse también con el seguimiento de los organismos estatales, que a su vez deben garantizar la aplicación del derecho laboral colombiano (Código Sustantivo del Trabajo y Ley 100 de Seguridad Social) y las convenciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Durante el fin de semana pasado, los jugadores ejercieron una protesta pacífica y se sentaron durante un minuto en varios de los encuentros de la fecha del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). La Asociación Colombiana de Futbolistas, Acolfutpro, reclama un diálogo con directivas de la Dimayor y la Fedefútbol. Hay inconformidad. No los escuchan, dicen.
Son varios asuntos los que quieren abordar, de acuerdo con un dossier que consta de 12 puntos: afinar el calendario de los torneos, perfeccionar el estatuto del jugador -con su aporte-, revisar el código disciplinario, definir el contrato único del jugador, exigir un torneo femenino más largo y tener una póliza de salud complementaria.
Así mismo, fijar tiempos de descanso, hacer un partido anual benéfico para la Acolfutpro, buscar un derrame mínimo de derechos de TV para los jugadores, tener una reunión semestral con integrantes de selección para analizar condiciones laborales y procesos de trabajo, contar con boletas de los partidos para el grupo familiar y seguir mejorando los protocolos de género para evitar discriminación o acoso.
Una lista que pareciera extensa pero que lleva más de una década en el tintero y los escritorios de los actores del fútbol nacional, sin que se hayan desmenuzado su contenido y trascendencia. Un debate aplazado.
Son 1.117 jugadores agremiados los que enviaron esta lista de pedidos a la Dimayor, para concertarla. Cabe la pregunta sobre si esa es la naturaleza jurídica y la función de la Dimayor, o si es realmente con los clubes profesionales -de los cuales casi el 80 % está insolvente-, que se debe tramitar esta discusión que examine en profundidad el conjunto de las relaciones laborales entre los equipos y los jugadores, con la mirada atenta del Ministerio del Trabajo.
Los pedidos, numerosos y complejos, indican que es pertinente un escrutinio a la totalidad del gremio y la estructura productiva y organizativa de un deporte de innegable impacto en la vida social y económica de la nación.
Aunque algunos sectores del periodismo deportivo y del fútbol mismo critican a la Acolfutpro por “pedir mucho y dar muy poco”, es la entidad que oficialmente representa y agremia a los jugadores y que debe ser parte de un diálogo amplio con los clubes, la Dimayor y la Fedefútbol, sobre el futuro de esta megaempresa deportiva.
En el llamado a tender puentes, la Dimayor, a propósito de sus funciones, parece no interesarse por ahora. Su única respuesta fue un comunicado del fin de semana pasado en el que advirtió que “se pondrán en conocimiento del Comité Disciplinario del Campeonato “los hechos irregulares (...) que interrumpieron el desarrollo normal de los partidos”.
Un capítulo de tensiones y diálogo posible que apenas se empieza a escribir. Lo deseable es que haya apertura, antes que conflictos irresolubles. Y que el fútbol colombiano, por supuesto, ni pare ni deje de crecer.
