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A d portas de un nuevo periodo invernal vuelve a la memoria colectiva el recuerdo de las tragedias de Mocoa, Salgar, Apartadó, Donmatías, Bello, Medellín (...), dramas costosos en vidas humanas y damnificados; ciudades, pueblos y barrios arrasados, y pérdidas económicas incuantificables. Lo más doloroso: todos estos hechos pudieron evitarse.
Es importante saber enfrentar y atender las desgracias, pero la clave está en hacer buenos pronósticos, en la prevención, el conocimiento, la planeación y el desarrollo sostenible de los territorios.
Estos objetivos deben involucrar esfuerzos interinstitucionales, públicos y privados. La Carta del 91 exige a ministerios, gobernaciones, alcaldías, corporaciones regionales, individuos y sociedad en general ser vanguardia en la prevención y mitigación del riesgo, hoy asunto mayor por la variabilidad y el cambio climático, entre otros fenómenos “naturales”.
Ha sido una constante en el país las cifras al final de toda temporada invernal. La primera de 2020 que, según los pronósticos del Ideam, apenas comienza, en un momento en que el país enfoca sus esfuerzos en el control al coronavirus, preocupa. El balance de los últimos aguaceros, considerados de transición y antesala de lo que podría venir, es lamentable. Cobraron, al menos, 14 víctimas entre muertos y desaparecidos en Caldas y Santander; bloqueos y numerosos daños en Bogotá, Medellín, Bello y otras regiones.
Es urgente que los territorios trabajen en los programas de contingencia y actualicen los planes de Ordenamiento Territorial (POT), incluyendo en los mismos la variabilidad climática, cada vez más recurrente en la zona Andina; el cambio climático y la prohibición expresa de construir en las riberas de ríos, quebradas, laderas y zonas de alto riesgo.
Los estudios globales, hoy con escalas y proyecciones nacionales y regionales, advierten que Colombia es uno de los diez países más vulnerables al cambio climático. En la zona Andina habrá incremento de lluvias. Es decir, más comida, pero con alto riesgo. En otros territorios prosperarán el hambre y la desertización.
El Ideam señala que 28 % del país presenta amenaza de inundaciones en 79 municipios, ciudades y pueblos; mientras que otro estudio reciente el Departamento Nacional de Planeación advierte que el 31 % de la población colombiana está expuesta a amenaza alta y media por movimientos de masa asociados a crecientes súbitas, vulnerabilidad que crece por la pobreza extrema, déficit de vivienda, baja cobertura de acueducto y alcantarillado y otros items.
Antioquia, territorio con dos cordilleras e influencia de los mares Atlántico y Pacífico, hecho que trae más precipitaciones, debe multiplicar esfuerzos de prevención y control de zonas vulnerables.
Importante que el gobernador Aníbal Gaviria, en busca de herramientas para mitigar o bajar riesgos por problemas ambientales y climáticos, entre otros, declaró la “emergencia climática para el departamento”. Primera con tal cobertura en el país.
Desde 2016 Medellín cuenta con un Plan de Gestión de Riesgo de Desastres, realizado por personal técnico y científico de la Universidad Eafit, con recursos públicos. Este fue aprobado por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y, se supone, es de estricto cumplimiento, pero por razones que deben hacerse públicas y debatirse en el Concejo, el Dagrev lo archivó.
Entre otros items críticos, el plan expone la enorme vulnerabilidad de las laderas orientales de la ciudad, densamente pobladas contra toda norma de construcción y los peligros por el mal manejo de la cuenca de la Santa Elena y otras quebradas.
La máxima responsabilidad del Dagrev es gestionar el riesgo como un asunto territorial. Su función como entidad de planeación no puede desviarse. Claro que hay que estar preparados para atender desastres, pero primero es la prevención.