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A la salida de la reunión de los ministros de Hacienda del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos), se informó de un acuerdo histórico con consecuencias profundas en la forma como se hace la fiscalidad internacional (el conjunto de normas, leyes o procedimientos que se encuentran en vigor y aplican los países con el fin de recaudar impuestos).
Aunque la idea es gravar a las multinacionales que evaden impuestos, hay otro objetivo al lado que son las empresas digitales. Al fin y al cabo, son gigantescos los cambios en la vida moderna producidos por la creatividad de los fundadores de empresas como Google, Apple, Facebook y Amazon, por mencionar solo las más grandes. En ese mundo digital la red es la gran solución para todo y lo es todo, al tiempo que la innovación no tiene fin.
Si bien en ese mundo se dan desarrollos que revolucionan las fronteras de lo posible y lo imposible y que han llevado a una nueva economía, la economía digital, ha dejado atrás a los sistemas tributarios, porque es muy difícil gravar a las grandes empresas que ofrecen en casi todos los países sus servicios en la red y se apoyan en sus propios algoritmos para ello.
La única solución a ese impasse era multilateral y así lo comprendieron los países que se pusieron de acuerdo en lo que serían las primeras bases de una refundación de la fiscalidad internacional, para adaptarla a la economía digital del siglo XXI, que además tuvo un crecimiento considerable como consecuencia de la pandemia que transformó las necesidades de los ciudadanos.
Es un mensaje poderoso a la comunidad internacional y un impulso decidido para la reunión del G20 que se llevará a cabo en julio en Venecia, donde se espera un acuerdo más concreto. En esa reunión se hará una sesión en línea de los 139 países que negocian las normas de la tributación transfronteriza en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), donde se discutirán los detalles de la reforma.
La propuesta está basada en dos pilares. El primero corresponde a una nueva forma de repartición de los beneficios entre los países donde operan las empresas multinacionales de mayor tamaño. Hay que precisar que todavía no se tiene la solución al problema de la distribución, uno de los puntos en que se debe avanzar en Venecia. El segundo, corresponde a la instauración de una tasa mínima de impuestos sobre esos beneficios. En este caso, el compromiso al que se llegó fue un nivel de tasa de 15 %, país por país, y no sobre una base global.
No hay duda, es un muy buen punto de partida el que propone el G7, es una buena nueva para la justicia y la solidaridad fiscales y una mala noticia para los paraísos fiscales. Las empresas no podrán sustraerse de sus obligaciones fiscales y desplazarse hacia países donde estos sean menos exigentes. El G7 ataca de frente la disminución de los ingresos fiscales que se observa en esos países desde 1980, y que, en este momento de la pandemia llevó a que, ante el incremento de los gastos sociales, las cajas de los gobiernos se encuentren vacías. Falta por ver qué saldrá del G20, ya que se concretarán las propuestas y se podrá saber qué consecuencias precisas tendrá la reforma para un país como Colombia