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El país no tiene claro si el gobierno de Gustavo Petro estaba ocultando las cifras de la Nueva EPS o en realidad en medio del desorden que lo caracteriza no tenía idea de cuáles cifras tenía que mostrar.
Pero lo cierto es que desde enero de 2024, cuando Petro le dio un zarpazo a las cajas de compensación que eran dueñas de la entidad el país no volvió a tener noticia de qué estaba pasando con las platas de la Nueva EPS.
Ni mucho menos, el Gobierno rindió cuentas, luego de que el 3 de abril de ese mismo año decidió intervenir –tomarse definitivamente–, la más grande entidad del sistema de salud, que debía velar por el bienestar de casi 11 millones de colombianos.
El informe que presentó la Contraloría la semana pasada fue devastador. Dejó al desnudo la grave crisis –la quiebra o cuasiquiebra–, que le estaban ocultando al país los interventores nombrados por el Gobierno.
La Contraloría General tuvo que recurrir a un operativo de policía judicial para obtener información de la Nueva EPS que no pudo conseguir por otros medios. En la diligencia se recolectaron miles de archivos de los años 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.
Y los resultados no dejan duda de que el Gobierno no la intervino para sacarla adelante y volverla una vanguardia en la gestión de la salud en Colombia, sino para acabarla. Tanto que Gustavo Petro venía cantando la quiebra de las EPS del país, su famoso chu-chu-chu, hasta que consiguió su propósito.
La Contraloría reveló que la intervención del gobierno coincidió con el agravamiento de los indicadores de dicha EPS. Entre diciembre de 2022 y marzo del 2025 las deudas crecieron 198% al pasar de 5,4 billones de pesos a 21,3 billones. Se presentó una excesiva concentración de contratos y diversas uniones temporales y hay un caos en la cantidad de facturas por auditar y procesar, que ascienden a 13,2 billones de pesos.
De un patrimonio positivo de 485.209 millones de pesos en 2022 se pasó a uno negativo de 6,95 billones a marzo de 2025 y al cierre del año podría llegar a 9,1 billones, con lo cual, según el ente de control se presentaría un “escenario de inviabilidad estructural que pone en riesgo los recursos del sistema de salud y la atención de millones de colombianos”.
Es decir, la quiebra de la Nueva EPS parece inminente, si no se toman medidas urgentes, llevándose tras de sí todo el sistema de salud.
Este gobierno ha puesto a varios administradores y ninguno ha podido sacarla adelante. El primero fue Aldo Cadena, amigo de Petro, quien solo estuvo en el cargo dos meses. En su reemplazo llegó Julio Alberto Rincón, quien salió en medio de cuestionamientos por no entregar los reportes de los estados financieros. En su reemplazo llegó Bernardo Armando Camacho y en agosto de este año entró Gloria Polanía. ¿En qué cabeza cabe que una empresa de estas dimensiones se administre cambiando de gerente cada 5 meses?
Como si el destape que hizo la Contraloría no fuera lo suficientemente escandaloso, Petro decidió sumarle algo aún más repugnante: puso a todas las entidades del Estado a defenderlo para tratar de lavarse las manos de la culpa que le cabe por estar destruyendo –¿o ya podemos decir haber destruido?– el sistema de salud que bien le sirvió a todos los colombianos durante 30 años.
Las cuentas en redes sociales de 77 entidades se vieron obligadas a publicar la versión de Petro de los hechos. No importaba que no tuvieran nada que ver con salud, entidades como la Dian, el Servicio Geológico y la Dirección de Parques, por mencionar solo algunas debieron dejar a un lado las tareas propias de sus funciones para trinar en coro la propaganda de Petro. Se percibe un aroma de los ministerios de propaganda que caracterizan a los totalitarismos.
El gobierno, en lugar de responder qué ha hecho para salvar a la Nueva EPS, armó el tinglado para echarle la culpa a José Fernando Cardona, un médico caldense, con gran reputación, que trabajó en las alcaldías de Antanas Mockus y de Enrique Peñalosa como secretario de Salud, y por encargo del gobierno creó la Nueva EPS, entidad que presidió durante 14 años.
Y lo más curioso es que justo cuando se conoce la auditoría de la Contraloría, la Fiscalía General tan cercana al gobierno Petro lo acusó, junto con otros tres exdirectivos de la Nueva EPS, por presunto ocultamiento de facturas y la desviación de 70.500 millones de pesos de deudas con clínicas y hospitales.
¿Si había tantos problemas en la Nueva EPS antes de que tomara el control el gobierno por qué no los denunciaron? ¿Por qué hasta ahora se conocen los señalamientos a antiguos directivos?
El presidente Petro, en un nuevo chantaje al Congreso, dijo que no va a salvar a ninguna EPS y que si quieren que las saque adelante le deben aprobar la reforma a la salud. Que está listo para girar 30 billones de pesos.
Exige que el Congreso apruebe la reforma que le da a él, como cabeza del Estado, control de los recursos de salud de cara a las elecciones.
A Petro, cada vez es más claro, no le interesa dejar hundir todo el sistema de salud, llevándose por delante a 50 millones de colombianos. Mientras tanto, todos los días son más las noticias de personas que mueren por falta de medicinas o de atención a tiempo.