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Bajo la figura de “control excepcional” y atendiendo lo que define como una “solicitud de la ciudadanía”, la Contraloría General de la República asumió hace poco más de un año la investigación por competencia preferente para determinar el daño fiscal generado por las diversas crisis y “contingencias” del megaproyecto de la Hidroeléctrica de Ituango, y para determinar a quién cabían responsabilidades, por acción o por omisión, o por ambas.
Las diligencias de ese proceso de responsabilidad fiscal se le encomendaron a la contralora Delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. No obstante, las imputaciones que se hacen ahora a anteriores gerentes y exmiembros de la junta directiva de Hidroituango, a algunos ex gerentes de EPM, a ex gobernadores de Antioquia y exalcaldes de Medellín no corresponden a cargos por corrupción, sino por decisiones que la Contraloría considera erradas o inconvenientes, y que tuvieron graves consecuencias económicas.
El contralor General y el vicecontralor encargado, atendiendo la relevancia pública de las personas ahora imputadas como posibles responsables fiscales por un billonario detrimento patrimonial y su protagonismo político, insistieron una y otra vez en que esta investigación es producto de una rigurosa labor de “un equipo interdisciplinario de abogados, ingenieros y contadores”, con acompañamiento técnico de la Universidad Nacional, que fue la que aplicó los estimativos de las sumas perdidas para el fisco.
Lo que en esta etapa dice la Contraloría es que, por malas decisiones, criterios erróneos y cambios contractuales irregulares, hay un lucro cesante por $1,1 billones, y un detrimento patrimonial de $2,9 billones. “Las fallas del proyecto Hidroituango son resultado de una cadena de errores, cuyas consecuencias fueron el incumplimiento del objetivo principal del proyecto, el desmesurado aumento de sus costos y la grave contingencia que sufrió en 2018”.
Precisamente a raíz de los enormes problemas de 2018, que hicieron dudar seriamente sobre la viabilidad y supervivencia del proyecto, hubo cierto consenso en confiar en el resultado de investigaciones técnicas y rigurosas, para no precipitarse en conclusiones y asignación de responsabilidades. Ya algunas de estas investigaciones avanzan y, preliminarmente, como en esta, se dice que la “contingencia” de 2018 no se deriva de casos fortuitos, sino de errores y malas decisiones acumuladas.
Politizar, o mejor expresado, “electoralizar”, sea a favor de los encartados, sea en contra, esta investigación y juicio, sería la peor forma de continuar con este proceso. Ojalá prime el criterio riguroso de peritos y técnicos que, valga decirlo, tienen una tarea muy compleja -como la tendrá el contralor que decida al final- pues deben tener en cuenta que muchos de los ahora enjuiciados fiscalmente asumieron sus cargos ya cuando había decisiones tomadas con anterioridad, y su responsabilidad en determinado momento fue continuar el proyecto y elegir opciones que se reducían a escoger entre lo regular o lo malo. Parar semejante proyecto, o decidir continuarlo asumiendo costos sobrevenidos: el dilema al que se enfrentan gerentes y juntas directivas.
Ayer la junta directiva de EPM ratificó que “los compromisos técnicos y el ánimo para la ejecución del proyecto siguen intactos”. No estaría de más que, atendiendo la advertencia que hace la Contraloría sobre las pérdidas que por años arrojaría el proyecto, se explique a la ciudadanía el modelo financiero actualizado sobre el cual están fundamentando sus decisiones actuales.