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Una semana después de haber anunciado, por boca del fiscal General de Estados Unidos, que se presentaban cargos criminales contra Nicolás Maduro y la cúpula de su dictadura por narcotráfico y conspiración terrorista, cometido de forma continuada desde 1999 en asocio con la guerrilla colombiana de las Farc, el Departamento de Estado de la administración Trump hizo conocer un documento denominado “Marco para la transición democrática en Venezuela”.
Son trece puntos en los que, de manera unilateral, hasta donde se sabe, el Departamento de Estado formula la ruta a seguir para llegar a la convocatoria de unas elecciones “libres e imparciales”. El núcleo central del manejo del poder durante el período de transición radicaría en el Consejo de Estado, que ejercería el poder Ejecutivo, compuesto por cinco miembros elegidos por la Asamblea Nacional, y uno de ellos, como secretario General del Consejo, sería el presidente interino del país hasta la celebración de las elecciones.
La Asamblea Nacional se ratifica como único poder legislativo legítimo, y a los diputados que la componen les deberán ser retiradas las acciones judiciales que el régimen chavista les ha impuesto. La Asamblea Constituyente, poder legislativo paralelo y compuesto en su totalidad por simpatizantes del chavismo, deberá disolverse, así como el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos nuevos magistrados deberán ser nombrados por el poder legislativo legítimo.
Nicolás Maduro y la cúpula del régimen, todos bajo sospecha de narcotráfico –y para las cortes de Estados Unidos, en busca y captura–, no van a aceptar este plan, menos con el antecedente del Indictment encima. Pero de la letra y el espíritu del documento del Departamento a cargo de Mike Pompeo, lo que se deriva es una zanahoria no para esa cúpula del cartel de los Soles, sino para funcionarios de nivel superior, como magistrados y miembros de la cúpula de las fuerzas armadas, a quienes se les ofrece el levantamiento de las sanciones impuestas por diversas entidades del gobierno de Estados Unidos.
La idea, en ese sentido, sería comenzar a romper el apoyo monolítico que Maduro y sus cómplices han tenido hasta ahora –muy bien remunerado, a costa de la miseria de todo un país– y lograr un goteo de acercamientos de niveles superiores del chavismo a la adhesión a un programa de transición, si bien no dictado desde Washington, sí negociado con las fuerzas de la oposición agrupada en la Asamblea Nacional y con apoyo internacional.
En el documento revelado por Pompeo se asumen compromisos a nombre de la Unión Europea y de gobiernos que, como el de Colombia, no se sabe si fueron consultados por el Departamento de Estado. Y da por hecho de que habrá recursos de cooperación internacional para lograr, en un primer momento, rescatar algunos servicios públicos básicos para amplias capas de la población a las que la revolución del siglo XXI ha arrastrado a la miseria y al robo de su dignidad. En esta época, los recursos de cooperación internacional no solo escasean, sino que los que hay no se destinan para la asistencia a los venezolanos, como bien lo sabe y lo sufre Colombia, tan solitaria en la atención a los millones de expatriados de la dictadura vecina.
Cualquier elucubración sobre el advenimiento de un sistema democrático en Venezuela ha pasado a ser temeraria, habida cuenta de la fortaleza criminal de la que hace gala la cúpula del chavismo, que opera como un cartel. Mientras tanto, la oposición ve cada día cómo se le encierra y machaca en las cárceles del régimen, que suman cada día nuevos presos políticos.