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En este momento hacen trámite en el Congreso de la República dos proyectos de iniciativa parlamentaria que, si son aprobados, traerían consecuencias muy negativas para la economía colombiana. Los proyectos, muy populares entre los colombianos por sus beneficios de corto plazo, son nefastos si se considera el daño que pueden causar más adelante.
El primer proyecto consiste en crear una prima legal extra a los trabajadores que devenguen hasta tres salarios mínimos. En junio pasado, la iniciativa fue aprobada en segundo debate por parte del Senado, y en esta legislatura debe pasar dos debates más, para su aprobación total. El segundo, se ha conocido como el proyecto de habeas data y busca una amnistía para los deudores morosos reportados en las centrales de riesgo. La iniciativa se está empezando a tramitar desde cero, después de haberse hundido en la legislatura pasada.
La propuesta de la prima extraordinaria tuvo ya un concepto negativo del Ministerio de Hacienda y fue rechazada de forma enfática por el Consejo Gremial. Los argumentos son contundentes. Si bien los trabajadores pueden tener un beneficio temporal y aumentar su consumo, lo cierto es que este se diluirá rápidamente por los efectos indirectos que produce. Ante el incremento en los costos, muchos empresarios lo trasladarán a los precios de los bienes finales y se producirá inflación, que, como es conocido, afecta en mayor medida a los colombianos más pobres.
De otro lado, al aumentar el costo de enganchar un trabajador, sin que haya aumentado su productividad, es muy probable que se disminuya la demanda laboral, ya de por sí bastante maltrecha. En esas condiciones, puede aumentar el desempleo y el incentivo a la informalidad. Los gremios comparten esa advertencia de Minhacienda y consideran, adicionalmente, que lo que menos requiere en este momento la débil economía colombiana es una medida de este tipo, que golpea a las empresas.
Es conveniente reiterar los argumentos en contra del proyecto de habeas data. Hay que recordar que, para los prestamistas, ya sean bancos u otro tipo de agentes económicos que otorgan créditos, muchas veces es difícil obtener la información para evaluar la capacidad de pago de sus clientes potenciales. Los altos costos relativos de un examen personalizado, sobre todo si se trata de préstamos muy pequeños, puede llevar a que los prestamistas decidan no arriesgar su dinero y negar el crédito.
Una solución al problema ha sido precisamente la creación de empresas que proveen el servicio de recopilar y difundir la información acerca del comportamiento crediticio de hogares y firmas. Con esto se cumplen dos propósitos: al tiempo que se protege a los prestamistas también se fortalecen los mercados de crédito. En la práctica, muchas veces la ausencia de una garantía física puede ser complementada con una garantía reputacional. De esa forma, los proveedores de los reportes de crédito proveen información sobre los clientes y disminuyen los préstamos en mora, con la cual las tasas de interés pueden moderarse, la competencia puede ser mayor y, en definitiva, puede mejorarse el acceso al crédito de los colombianos. Un logro que se pondría en peligro si el proyecto de amnistía se aprueba.
En suma, se trata de iniciativas que, por los aparentes beneficios que traen a trabajadores y hogares, pueden resultar muy atractivas para la tribuna. Los legisladores, en esas condiciones, pueden tener beneficios electorales, pero para el país el balance es negativo, y al final todos perdemos.