viernes
7 y 9
7 y 9
La condena a pagar 4,3 billones de pesos de la Contraloría General por las demoras del proyecto Hidroituango contra 26 personas naturales y jurídicas, entre las que se encuentran exgobernadores de Antioquia, como Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, y exalcaldes, como Alonso Salazar, a pesar de ser un fallo de primera instancia y tener un largo camino jurídico por delante para quedar en firme, abre grandes interrogantes y preocupaciones sobre el impacto que esta condena puede causar en la estrategia de generación de energía del país, el proyecto mismo de la hidroeléctrica y EPM.
La Contraloría General de la República encontró básicamente, según se lee en el fallo, “atrasos en los diseños”, “falta de planeación” y “decisiones improvisadas que introdujeron modificaciones sustanciales a las características del proyecto”, e incluso culpa a la “junta directiva por no conminar al gerente a cumplir a tiempo las decisiones que se adoptaban”. En pocas palabras: la Contraloría considera que le faltó gerencia al proyecto y por eso les cobra a los implicados 1,2 billones de pesos por lucro cesante, es decir, porque la hidroeléctrica debería estar produciendo energía desde diciembre de 2018, y 3,1 billones de pesos más por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019.
Queda claro que no se habla para nada de corrupción en este fallo. En últimas, es un llamado de atención para que todos los funcionarios y los contratistas del Estado actúen con la mayor diligencia y, en particular, un jalón de orejas a los miembros de las juntas directivas por falta de diligencia para detectar fallas de planeación.
El fallo de la Contraloría tiene 2.511 páginas, que, con el paso de los días, se irán entendiendo y decantando mejor. Por lo pronto, llaman la atención tres detalles. El primero es que varios de los condenados han anunciado que interpondrán recursos judiciales porque se les habría violado el debido proceso. Si bien hay quienes lo pueden interpretar como el derecho al pataleo natural en este tipo de casos, lo interesante es que si los condenados logran demostrar que la contraloría delegada a la investigación dijo que no necesitaba oír sus argumentos, una tutela podría eventualmente suspender la condena.
También llama la atención que la condena de pagar 4,3 billones recaiga sobre todos, los 26 implicados, en igual medida y de manera solidaria. ¿Cómo se sustenta que un gobernador tenga que llevar las riendas del proyecto como si fuera el gerente del mismo, que al final es el ordenador del gasto y quien toma las decisiones?, ¿o cómo se puede entender que algunas de las firmas que no tuvieron que ver con el problema de diseño tengan que responder por los errores de otros?
Y aquí viene lo mejor: dice el vicecontralor Julián Mauricio Ruiz que si la aseguradora paga la póliza por el monto de la condena, el proceso fiscal terminaría de inmediato sin llegar a la segunda instancia. Lo interesante es que la aseguradora ya hizo dos peritazgos y decidió pagar la póliza, con lo cual —contrario al fallo de la Contraloría— consideró que se trató de una contingencia. Hasta este momento, la aseguradora ha pagado 350 millones de dólares, y se necesita que llegue a la cifra mágica de mil millones de dólares (o un billón en inglés) para que se cierre el caso.
Es decir, ¿nos habríamos ahorrado todo este desgaste para el proyecto Hidroituango si la Contraloría se hubiera esperado unos meses a que la aseguradora terminara de pagar? O la otra pregunta, más complicada: ¿Será que este fallo de la Contraloría puede llevar a que la aseguradora decida que no sigue pagando?
No se puede perder de vista que Hidroituango abastecerá el 20 % de la energía del país y que cualquier nueva dificultad puede ponerlo en riesgo