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Hay momentos en que la indignación deja de ser una emoción privada y se convierte en un pulso colectivo. Eso ha ocurrido en Colombia con el caso de la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años.
Cuando el país escuchó cómo el presidente Gustavo Petro, en su tradicional consejo de ministros televisado, le echó la culpa a la mamá de Kevin, por las venas del país corrió la indignación como una ráfaga sin control y llena de dolor.
En lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde, el presidente Gustavo Petro le echó la culpa a esa joven y humilde mujer, que en ese momento no dejaba de llorar la muerte de su hijo. “¿Quiénes son los que deben prevenir?”, preguntó el jefe de Estado, y él mismo, experto en delegar culpas, respondió: “En primer lugar, la familia”.
Y añadió, como una bofetada para esa madre adolorida: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”. Si un niño con hemofilia puede llevar una vida activa con tratamiento oportuno —como sostienen sociedades médicas—, entonces la discusión no es si debía montar bicicleta, sino por qué no tenía el medicamento que reducía el riesgo de una hemorragia fatal.
Es un gran fracaso nacional darnos cuenta que Colombia, hasta hace poco, tenía un sistema de salud que era capaz de entregarle a Kevin su medicamento cada mes y ese mismo sistema ha sido estratégicamente destruido desde que llegó Gustavo Petro a la Presidencia, al punto de no ser capaz de evitar la muerte del menor.
Las redes sociales se inundaron de un rechazo casi unánime. La vida de un niño con hemofilia severa no puede convertirse en anécdota de un consejo de ministros. Kevin murió el 13 de febrero de 2026, en la UCI del Hospital La Misericordia de Bogotá, tras casi dos meses sin recibir el medicamento preventivo que debía garantizarle la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno desde 2024.
Cabe recordar que la Nueva EPS fue objeto de una toma hostil por parte del gobierno Petro a finales de 2023 y principios de 2024. Las cajas de compensación, dueñas del 51%, sufrieron la presión de ministros para que les dejaran cambiar al presidente, sacaron a José Fernando Cardona, quien había sido secretario de Salud de Antanas Mockus y durante 14 años había administrado la Nueva EPS, y pusieron allí a Aldo Cadena, un funcionario que había dado muestras de incompetencia administrativa en su paso por la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá.
Cadena duró apenas tres meses. El Gobierno decidió intervenir la Nueva EPS, y en 20 meses ha tenido cuatro interventores distintos. ¿Cómo va a funcionar una empresa aseguradora de salud que atiende a más de 11 millones de usuarios en tan precarias condiciones de su gerencia? El desorden y el desgreño cunden. La Nueva EPS duró 2 años sin presentar estados financieros.
Por eso, el caso de Kevin seguramente no es una excepción. Es el rostro de una tragedia que hoy viven millones de familias en Colombia: terapias interrumpidas, citas aplazadas, medicamentos represados y, sobre todo, historias suspendidas.
La Defensoría del Pueblo reportó que en 2025 las quejas contra la Nueva EPS se duplicaron frente al año anterior. La Superintendencia de Salud registró más de dos millones de reclamos en 2025 por fallas en atención y acceso a tratamientos.
¿Cuántos hogares colombianos viven hoy la angustia de una fórmula médica que no se entrega, de una autorización que no llega, de una enfermedad que no espera? Kevin no es una muerte aislada; es el rostro visible de una catástrofe.
Un gobernante puede equivocarse. Pero lo que no debería perder nunca es la empatía y la capacidad de conmoverse. El mismo Petro, que es extremadamente indulgente con los criminales del Tren de Aragua, de quienes ha dicho que son unos jóvenes necesitados de amor, o el mismo que absuelve a los ladrones de celulares porque según él roban para invitar a cine a sus novias, señala sin clemencia a una madre que ha perdido a su hijo.
Y lo mismo el caso del ministro Jaramillo, con la misma indolencia con la que dijo que los ricos también lloran, refiriéndose a trabajadores de la salud que no reciben salario desde octubre, o despreció a los médicos diciendo que se la pasan tomando tinto en el parque de la 93 de Bogotá, también tuvo su apunte cruel al decir que Kevin murió por estar montando en bicicleta. Cuando la verdad, el motivo real de su final, fue que no le habían suministrado, en los últimos dos meses, el medicamento para controlar su hemofilia.
La pregunta que hoy debe hacerse el Gobierno no es por qué subió a una bicicleta, sino por qué el sistema que prometía protegerlo no estuvo a la altura.
Cuando el Estado falla en lo esencial —proteger la vida de un niño—, ninguna explicación que desplace la culpa hacia los más vulnerables resulta moralmente aceptable.