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Editorial

La Alpujarra: ¿directorio político?

Más allá de que los códigos o la norma lo prohíban, de todas maneras es reprochable ver como un alcalde en ejercicio dedica buena parte de su tiempo a la política electoral en vez de dedicarse el ciento por ciento a gerenciar la ciudad”.
Publicado el 16 de noviembre de 2022

Cualquier antioqueño podría estar tentado a preguntarse si fue que ya aprobaron la ley que permite la participación de funcionarios públicos en política. Porque no de otra manera se entendería que el alcalde de Medellín esté utilizando sus redes sociales para promover a candidatos de sus afectos a otras alcaldías del país, y también a la de esta ciudad, sin que ocurra absolutamente nada.

Por supuesto siempre habrá interpretaciones de la ley o circulares. Siempre habrá quien diga que aún no estamos en campaña electoral y que toca esperar a que comience oficialmente. También podrá aparecer un fallo o una directiva que precise el alcance de la expresión “participación en política”. Cualquiera de las tantas excusas que se han ido convirtiendo en patrimonio cultural de los colombianos para hacerle el esguince a la ley.

Pero, más allá de que los códigos o la norma lo prohíban, de todas maneras es reprochable ver como un alcalde en ejercicio dedica buena parte de su tiempo a la política electoral en vez de dedicarse el ciento por ciento a gerenciar la ciudad.

Daniel Quintero siempre está en campaña. El pasado 29 de septiembre, trinó: “He solicitado a mi equipo de gobierno su renuncia protocolaria. Desde hoy y hasta el próximo 29 de octubre nos reuniremos para diseñar el equipo que cerrará con broche de oro nuestra administración, y al que en 2023 con amor y valor defenderá a Medellín y derrotará al uribismo”. Un mes completo dedicado a diseñar la campaña.

El 27 de octubre, aprovechó el escenario de los “diálogos regionales vinculantes” del gobierno Petro en Medellín y entró, con megáfono en mano, acompañado por un puñado de contratistas y gritando como si se tratase de un activista cualquiera: “¡No más Uribe!”, “¡Antioquia no es Uribe!”.

Y apenas un día después, el 28 de octubre, hizo un evento, y anunció a varios funcionarios de su administración como candidatos para 2023. “Quiero presentarle a Colombia el nombre del equipo que va a defender a Medellín y va a derrotar definitivamente al uribisimo”, decía otra vez mientras bajaban por las escaleras entre aplausos de contratistas y funcionarios la para ese momento secretaria de Salud, Andreé Uribe; el subsecretario de Integración Social, Juan Daniel Pulgarín; el secretario de Planeación, Sergio López; el director del Inder, Carlos Mario Romero; la secretaria de las Mujeres, Ana María Valle, y el otrora secretario de la no violencia, Juan Carlos Upegui.

No es la primera vez que anunciaba y promocionaba la candidatura de exfuncionarios. A Esteban Restrepo y a Juan Pablo Ramírez ya los había despedido, casi entre llanto, para que se fueran a hacer campaña por el Pacto Histórico.

En esta nueva tanda de ‘avales’ desde el piso 12 de la Alpujarra, también le dio su guiño a Deninson Mendoza, exgerente de Telemedellín, para que se fuera como candidato a la alcaldía de Cali. “Yo le digo de una vez a Catalina Ortiz en Cali que se prepare porque este se la va a llevar por delante”, dijo el alcalde en un Consejo de Gobierno.

“¿Qué tal Camila Villamizar para Cúcuta?”, fue el último trino del alcalde el pasado 3 de noviembre promoviendo desde su cargo la candidatura de otra de su funcionarias de confianza.

El solo hecho de que esté promoviendo candidatos con recursos públicos -el tiempo del alcalde, las redes sociales administradas con dinero del erario, la interrupción del Consejo de Gobierno, etc- debería configurarse en una falta porque los ciudadanos no pagan sus impuestos para que el alcalde se los gaste haciendo campaña electoral.

Por no hablar de casos como el del entonces gerente de Telemedellín, que después de gastarse la plata de los medellinenses en contratos con medios e influenciadores del Valle del Cauca se retira del canal público para ser candidato a la alcaldía de Cali.

Es cierto que todavía no ha comenzado oficialmente la campaña y que por eso, dicen algunos, no se configura la participación en política. Pero vale la pena revisar porque no solo estamos a menos de un año del día de elecciones locales si no que ¿cuál es la lógica de que un alcalde se puede gastar el dinero público haciendo campaña política en octubre pero no en junio? ¿Qué garantías tienen los demás participantes en las elecciones locales de 2023 frente a la posible injerencia del mandatario? ¿Cómo puede tener la ciudadanía la garantía de que el alcalde no usará recursos públicos y la influencia que tiene en contratistas y funcionarios para incidir en las próximas elecciones?

Hay sin duda un vacío de autoridad o de interpretación de la autoridad en materia disciplinaria e incluso tal vez penal que está haciendo mucho daño.

En julio pasado, con el nuevo Congreso recién inaugurado, Daniel Quintero apareció posando en una foto junto a representantes a la Cámara y senadores que, supuestamente, radicarían la “Ley Quintero”, un proyecto de ley que buscaría permitir la participación en política de alcaldes y gobernadores. Sin embargo, nada de esto se ha materializado. Vale la pena preguntar: ¿los funcionarios públicos siguen teniendo la prohibición de participar en política en Colombia. ¿Quién se encarga de que se cumpla la norma? ¿O “deje así”?

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