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Editorial

La Corte y la Paz

El panorama sobre la aplicación del Acuerdo de Paz es desalentador y la Corte Constitucional ha hecho un fuerte llamado de atención al gobierno. Pero son muchos los actores que intervienen en el estado actual de esta situación.
La Corte y la Paz
ilustración elena ospina Publicado el 03 de febrero de 2022

La decisión de la Corte Constitucional de declarar el estado de cosas inconstitucional (ECI) sobre la aplicación del Acuerdo de Paz implica un fuerte llamado de atención al Gobierno.

El énfasis de la Corte se ha hecho en que a los exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz, que hoy son parte del partido Comunes, no se les ha brindado las suficientes garantías de seguridad.

El estado de cosas inconstitucional es tal vez una de las declaraciones más fuertes con que cuenta la Corte, la ha usado no más de quince veces en sus treinta años de historia y, sobre todo, porque, en consecuencia, toca crear una estructura para hacer seguimiento estricto a su cumplimiento. Las más sonoras han sido la ECI sobre desplazamiento forzado, sobre hacinamiento en cárceles y sobre la atención a los niños de la Guajira.

Si nos atenemos a los hechos, sin duda, la Corte expresa su legítima preocupación por el asesinato de más de trescientos desmovilizados, en su mayoría, a manos de los nuevos grupos al margen de la ley. Asesinatos que todos condenamos.

El Gobierno ha dicho que a corte del año pasado 626 personas tenían esquemas de protección, se les brindó apoyos a 335 personas para reubicación por fuera de la zona de riesgo y se ha puesto a salvo frente a amenazas de muerte inminentes a más de 50 personas. Adicionalmente, el Gobierno ayuda con comités de información para apoyar la investigación de la Fiscalía y ofrece recompensas para dar con los asesinos.

Sin embargo, y como lo reconoce el consejero presidencial Emilio Archila, “ninguna acción o medida será suficiente hasta que el resultado sea cero homicidios de personas por su condición de excombatientes”.

La pregunta es: ¿hasta qué punto se le puede atribuir al Gobierno la responsabilidad de estas terribles cifras? ¿Se le puede atribuir a la supuesta no aplicación del Acuerdo la muerte de estas personas? ¿O será que tiene que ver con la presencia de cerca de ciento cincuenta mil hectáreas sembradas de narcotráfico y la presencia de los grupos armados ilegales en el negocio? ¿El estado de cosas inconstitucional es por la no aplicación del Acuerdo de Paz o por el desbordamiento de las mafias del narcotráfico? Y lo más importante: ¿cómo, de verdad, se les podría haber salvado la vida a esos trescientos colombianos?

Es cierto que el triunfo del no en el plebiscito y el de Iván Duque en las elecciones de 2018 fueron un duro golpe para el Acuerdo de Paz. Y a pesar de que el Gobierno ha tenido logros importantes en la implementación del Acuerdo, y tirios y troyanos le reconocen al consejero presidencial Emilio Archila sus resultados, su dedicación y su compromiso, la realidad es devastadora: la violencia se agudizó en las regiones y las disidencias de las Farc se han vuelto el peor enemigo de sus excompañeros, a quienes hostigan para volver a las armas o los asesinan para mostrar quién ostenta el nuevo poder en los territorios.

La declaración de la Corte Constitucional tiene varios efectos. El primero es que, al decir que apenas se ha avanzado en la implementación de dos puntos, exhorta “al Congreso de la República con el propósito de que proporcione el impulso indispensable para desarrollar los contenidos del Acuerdo Final de Paz que aún se encuentran requeridos de implementación legislativa”.

El segundo es que la Corte verificará el cumplimiento de la sentencia. Tal como lo hizo hace unas décadas con las sentencias de salud y desplazamiento, la Corte creó una comisión de seguimiento para cumplimiento de las más de quince órdenes dadas al Gobierno. Ello, por supuesto, pondrá bajo la lupa de la Corte todo lo hecho para la protección de los excombatientes.

Y el tercero es que en la medida en que la Corte Constitucional no le da el aval al Gobierno en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, lo pone a dar más explicaciones ante la comunidad internacional.

El panorama en todo caso no es alentador, el problema de seguridad no es solo de los excombatientes, sino de todas las personas que habitan en regiones que después de la firma del Acuerdo fueron abandonadas a su suerte y se llenaron de bacrim, disidencias, paramilitares y carteles mexicanos. A este paso, si la Corte fuera consecuente con su reciente declaración, también tendría que hacer otra más, porque la falta de una política criminal que les dé golpes certeros a los grupos criminales tal vez hará necesario poner escoltas de la UNP a cincuenta millones de colombianos

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