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Editorial

La cruda realidad del presupuesto 2022

Gastos inflexibles como el servicio de la deuda y los ya adquiridos por los ministerios, limitan la capacidad de maniobra del Gobierno en inversión social. Se trata de un presupuesto de emergencia.
La cruda realidad del presupuesto 2022
ilustración Morphart Publicado el 02 de agosto de 2021

Había gran expectativa sobre el Presupuesto General de la Nación para 2022, que acaba de radicar el ministro de Hacienda en el Congreso: el proyecto se presenta en un momento en el cual el Gobierno quiere mantener el apoyo a los colombianos más vulnerables, que fueron muy golpeados por el confinamiento, pero también debe dar un mensaje de austeridad y de recorte en el gasto. Sin olvidar como dijo el ministro de Hacienda que el presupuesto “debe contribuir a la reactivación económica”.

El problema es que el presupuesto persigue múltiples objetivos, con un solo instrumento, lo que hace que, al final, se deba sacrificar alguna de las metas. Ahora bien, hay que reconocer que esta propuesta de presupuesto es austera. El Gobierno, respetando las restricciones, diseñó un presupuesto por un valor de $350,4 billones, con un crecimiento anual de 3,8 %, sin considerar el servicio de la deuda, que resulta un poco más alto que la inflación esperada del 3 % en 2022 e inferior en alrededor de tres puntos porcentuales al pronóstico de crecimiento del PIB nominal para ese año.

Está contemplado que ese dinero vaya en su mayor parte al funcionamiento del Estado ($210,1 billones), con una parte mucho menor para la inversión ($62,2 billones). Mientras que el servicio de la deuda aumenta 10,6 % en relación con 2021, hasta alcanzar un monto de $78 billones.

Estas partidas de gasto son muy poco flexibles. En su mayoría ya están comprometidas y la distribución por sectores así lo muestra. Los sectores que tendrán más recursos de funcionamiento en 2022 serán los de educación ($49,3 billones), defensa ($41,9 billones) y salud ($41,2 billones), donde se encuentra la mayor parte de los trabajadores del Estado.

También es inflexible el servicio de la deuda, que va aumentando a medida que esta última crece, y que se debe honrar. De otro lado, hay gastos de inversión que también son inexorables porque son compromisos ya adquiridos de los ministerios. En vista de las inflexibilidades del gasto de funcionamiento y ante la gravedad de la situación fiscal, la inversión pública continúa limitada.

El mantenimiento de las ayudas sociales contempladas en el presupuesto del año próximo depende de que la ley de inversión social, como se ha denominado la nueva reforma tributaria, salga adelante en el Congreso. En el presupuesto hay una partida importante en inclusión social ($21,7 billones), que junto con otros gastos sociales quedarían financiados.

La reactivación con el impulso del Gobierno parece ser el objetivo sacrificado, no hay dinero, así de simple, y en el proyecto de reforma tributaria como su nombre lo indica, conseguir recursos para la inversión social es la prioridad. De otra parte, este es el último presupuesto que va a tramitar el actual gobierno, del cual además va a ejecutar solo una parte. El proyecto responde a esa realidad en la que hay pocos ingresos, así como gastos inflexibles, dentro de los cuales aumenta el servicio de la deuda. Y es de esperar que la deuda continúe aumentando por un tiempo y con ella su servicio hasta que se consolide la reactivación de la economía y del empleo.

Al final, se trata de un presupuesto de emergencia, que desnuda las falencias de la maltrecha economía, atiende algunos problemas, y deja planteado implícitamente que el próximo gobierno debe buscar nuevas fuentes de recursos. Un complejo panorama

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