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La están pasando mal los argentinos con una economía que no logra superar las dificultades y está al borde de la bancarrota. La economía está en recesión y muy endeudada, con una deuda que se eleva a US$100 mil millones de dólares, cerca del sesenta por ciento de esta con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Hay ciertas similitudes con lo que sucedió en enero de 2002, cuando Argentina declaró la cesación del pago de su deuda. En ese año, el monto era de US$95 mil millones de dólares y la economía también estaba en problemas. Los dos años anteriores fueron de austeridad, impuesta por el FMI hasta el punto de que los hogares moderaron su consumo y la economía dejó de crecer.
La declaración de la cesación de pagos decidida por el gobierno buscó darle un respiro y realmente lo logró, pero hizo muy costoso financiar la economía. Sin financiación, se frenó el crecimiento. En 2002, el PIB cayó 10,9 %, 57 % de la población vivía por debajo de la pobreza y la tasa de desempleo era mayor al 10 %. En un año la deuda publica pasó de 63 % a 135 % del PIB.
A pesar del alivio temporal, declarar la cesación de pagos acarreó otros costos importantes. Argentina demoró mucho tiempo en reconstituir la relación con los inversionistas extranjeros y eso es complicado para una economía abierta como la suya. Lo hizo gradualmente reduciendo sus pasivos, incluyendo el reconocimiento al pago de los fondos buitre que habían adquirido deuda argentina repudiada, con lo cual el país salió después de diez y siete años de su condición de deudor moroso, castigado por las calificadoras de riesgo para conseguir financiamiento externo.
En contraste, con lo que se está haciendo ahora se va a poder evitar un mayor empobrecimiento de la población, al dar la alternativa de tener un proceso ordenado sin llegar al extremo de la cesación de pagos. Con el apoyo del FMI a la posición de la Argentina acerca de su incapacidad de pagar la deuda y la petición a los acreedores de que acepten su reducción, se inicia con toda seguridad un proceso de renegociación para aliviar los pagos.
No está garantizado que los acreedores del sector privado sigan al FMI en su propuesta de una quita de la deuda. Incluso, porque el FMI no hace referencia en su comunicado a la propia. Tampoco ha gustado que el esfuerzo que se les pide a los acreedores no esté acompañado de un requerimiento al país para que implemente medidas de austeridad, informa el Financial Times (FT, 20-02-2020). Para los poseedores de bonos, resulta inconcebible que el FMI le haya aceptado al gobierno de Fernández que el plazo para alcanzar el equilibrio fiscal sea 2023. Queda una sensación de complacencia.
Si el gobierno del presidente Fernández logra su propósito y puede renegociar las condiciones y pagos de la deuda externa, es incuestionable que logra algo importante. Al aliviar la situación fiscal, puede liberar recursos para realizar sus programas sociales y de inversión pública. Sin embargo, es esperable que los acreedores exijan mayores compromisos de austeridad y que el FMI ponga condiciones que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. Para ello, será necesario un acuerdo interno que permita financiar el gasto público con mayores recursos propios y un menor endeudamiento.