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Editorial

La energía pasa factura

Aumenta el malestar por las elevadas alzas en las tarifas de energía en el país, un tema al que debe poner mucha atención el nuevo gobierno.
Publicado el 04 de agosto de 2022

Hace 30 años exactamente en Colombia estábamos en pleno “apagón”. En ese entonces se dio un coctel explosivo: un verano muy fuerte, las empresas que prestaban el servicio estaban burocratizadas y politizadas y el sector en general no tenía un buen diseño institucional ni estaba bien manejado.

El apagón le costó al entonces presidente César Gaviria sudor y lágrimas porque en la mayor parte del país, y durante casi un año, pasamos 10 horas de cada día sin energía eléctrica. Y en lugares como San Andrés les tocó soportar hasta 18 horas diarias apagados.

Desde entonces, el sector eléctrico ha dado un gran vuelco y se ha logrado un progreso del que nos debemos sentir orgullosos en Colombia, al menos por ahora. Tenemos empresas sólidas, con inversión internacional, entidades reguladoras como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y un sistema de interconexión cada vez más robusto y gracias al cual el servicio llega a lugares cada vez más distantes.

El gran cuello de botella es el de las excesivas alzas en las tarifas, que pueden seguir subiendo en los próximos meses. El nuevo gobierno y las entidades de regulación tienen que prestarle mucha atención al tema porque la inconformidad social está creciendo y para millones de hogares el servicio de luz se está volviendo impagable.

Cada vez más usuarios se quejan de las elevadas tarifas y preguntan qué es lo que está pasando.

No hay región de Colombia que se salve de los incrementos, que han subido el doble de la inflación. Mientras los precios de la canasta básica familiar en el último año aumentaron 9,67 %, el alza de las tarifas de energía llega a 19,63 %, en doce meses. En los departamentos de la Costa Atlántica, que han padecido por décadas la deficiencia en la prestación del servicio, las alzas están entre el 30 % y el 40 %, en lo corrido del año.

Pese a que el país no afronta una situación de sequía, como ocurría en el pasado cuando la falta de agua en los embalses llegaba a afectar el suministro, y, por el contrario, hay lluvias mil, las empresas prestadoras explican el aumento por varios factores. Uno de ellos es la ya mencionada inflación, que le está pegando a todos sus costos. El Índice de Precios del Productor (IPP) ha aumentado tres veces más que la inflación, está en 32 %.

A ello se suman las inversiones que están haciendo las compañías para garantizar la confiabilidad en el suministro. Además, ahora están pasando la factura de lo que dejaron de cobrar durante la pandemia, a consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno tendientes a aliviar el bolsillo de los consumidores. Es decir, lo que se dejó de cobrar antes se está cobrando ahora.

Y, como si fuera poco, está el aumento en el cargo por pérdidas de energía, que les pega más duro a los habitantes de la Costa Caribe. Por eso los alcaldes de las ciudades capitales de esta región le solicitaron al nuevo gobierno y al Congreso crear un fondo regional de estabilización de tarifas, que con recursos públicos compense estas alzas y que el gobierno, vía presupuesto, financie las inversiones de los operadores del servicio, para que no las trasladen a las tarifas.

A pesar de las fuertes alzas de la energía, Colombia, comparada con lo que está ocurriendo con otros países a causa de la guerra en Ucrania, se puede dar por bien servida porque tiene una matriz energética que se está diversificando, y no depende del suministro de otros países, como ocurre en Europa. El país sustenta su generación en un 70 % en las hidroeléctricas, cuyos niveles de embalses están en promedio en 80 %. Y eso que no ha entrado en operación Hidroituango, que suministrará cerca del 17 % de la generación de energía del país.

Para garantizar el suministro y no depender tanto de una sola fuente, como la hídrica, el gobierno Duque puso en marcha un ambicioso programa para impulsar las energías renovables no convencionales, especialmente la eólica y solar, que permitirá pasar de menos del 1 % al 14 % de la matriz energética.

Un senador de Barranquilla, Efraín Cepeda, se quejaba porque, según él, las tarifas de energía que pagan los estratos 1 y 2 de su ciudad están al nivel de las del estrato 6 en Bogotá. Eso no debe ser así, y menos con los subsidios cruzados que se crearon para que quienes más tienen le den un apoyo a los más necesitados. Pero más le vale también al senador revisar qué tanta responsabilidad les cabe a dirigentes como él que estando en posiciones políticas de privilegio han permitido los manejos no muy santos de las empresas de servicios públicos o se han hecho los de la vista gorda con ellos. Si Afinia, para citar un caso cercano, se maneja con criterios distintos a los técnicos, los que terminamos pagando somos todos los colombianos vía las tarifas de energía.

Justo ahora hay una alerta por el manejo que se le está dando a Afinia, empresa que heredó la mitad de Electricaribe. El Concejo de Medellín pretendió hacer un debate de control político al gerente de la filial de EPM, por las denuncias conocidas, y este no se atrevió a dar la cara, pese a su obligación de rendir cuentas sobre las inversiones con dineros públicos 

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