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La esclavitud no hace parte del pasado. Así lo confirma, con datos apabullantes, un informe de Naciones Unidas que habla de que 50 millones de personas en el mundo son esclavizadas bien porque las hacen trabajar contra su voluntad o porque las obligan a casarse a la fuerza. Es la ratificación de que en el siglo XXI hay esclavos modernos, seres humanos a merced de intereses y costumbres que deberían haber sido erradicadas hace siglos, o mejor, que nunca debieron existir.
A pesar del protocolo firmado por varios países para luchar contra este flagelo y de los sistemas de control establecidos por organizaciones internacionales, parece que todo hubiera quedado solo en letra muerta. Tal parece que en los últimos años, la impunidad y la corrupción se dieron la mano para permitir que este fenómeno creciera.
Las últimas cifras que se tenían corresponden al 2016 y por lo que se ve en los datos recopilados, no han parado de aumentar en estos años. 28 millones de personas son víctimas de trabajos forzados, de los cuales 3,3 millones son menores de edad; y 22 millones viven bajo el yugo de matrimonios obligados, lo que supone un aumento del 43%. Impresiona saber que más de la mitad de estos casos se produce en países ricos. Y que más del 85% de las uniones se dan impulsadas por la presión familiar.
Naciones Unidas se había puesto como meta erradicar toda forma de esclavismo moderno para el año 2030, pero el número de personas que ha quedado atrapada en alguno de esos dos tipos de opresión acabó con el objetivo. Hay que entender que a día de hoy, 1 de cada 150 personas en el mundo es un esclavo moderno. Cuesta asimilar esa realidad que se ha convertido en una dolorosa característica de nuestro tiempo.
Como siempre en estos casos tan violentos, las mujeres y los niños son los más vulnerables. 1 de cada 5 personas obligadas a trabajar es un menor de edad y más de la mitad lo hacen en el comercio de la explotación sexual. Además, los trabajadores migrantes tienen tres veces más posibilidades de ser explotados en trabajos contra su voluntad, que las que tiene un trabajador adulto que no sea migrante. Y los sectores donde son obligados a hacerlo incluyen la manufactura, la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico.
Para entender las causas, de nuevo hay que acudir a tres factores que son culpables de muchos de los problemas que vivimos. La pandemia del Covid, los conflictos armados y el calentamiento global, que generaron una “perturbación sin precedentes” en el empleo y la educación, según el informe, lo que provocó un aumento de la pobreza, la migración insegura y la violencia de género.
Lo que se une a otro tema álgido como es el del aumento de la inmigración ilegal, que convierte en víctimas de estos abusos a millones de mujeres y niños. Las cifras de este año de migrantes irregulares que entran en Europa han aumentado un 86% respecto al año pasado. La gente quiere huir de conflictos como los de Siria o Afganistán, por no mencionar lo que ocurre en Ucrania. Se teme que la crisis alimentaria y energética que comienza a sentirse, empiece a ser motivo de éxodos forzados. Y toda esta amalgama de circunstancias lleva a más y más personas a una situación de vulnerabilidad en la que es más fácil convertirse en un esclavo moderno.
Pero, ¿cómo lograr garantizar que cualquier forma de migración sea segura, ordenada y regular? Esa es una pregunta difícil de contestar. Y aunque las respuestas a veces pueden parecer utópicas o esquivas, no por eso hay que dejar de buscarlas e insistir en ellas. Está claro que se necesitan marcos políticos y jurídicos para proteger a los grupos vulnerables, y para esto es necesaria la participación activa de cada gobierno. Pero la tarea no se le puede dejar sola a los Estados. Se necesita que sindicatos, empleadores y organizaciones de la sociedad civil hagan parte de la solución. La tarea parece por momentos descomunal, pero hay que llevarla a cabo. Este abuso de los derechos humanos no puede seguir in fraganti