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Al igual que en el caso del gobernador de Antioquia con la Asamblea, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pidió facultades especiales al Concejo de la ciudad para modificar la estructura administrativa del Municipio. También obtuvo, en mayo, las facultades solicitadas y por amplia mayoría, lo que indica no solo la cesión de competencias que por principio tiene el propio Concejo, sino también la aceptación de un amplio poder discrecional en manos del alcalde para hacer las reformas.
Estas se formalizaron en un decreto del pasado 11 de septiembre -anterior al de la Gobernación, con el que tiene elementos comunes- y trajo también la creación de nuevas dependencias para la Alcaldía.
Partiendo de la concepción del modelo de Conglomerado Público del Municipio erigido en 2015, se definen como pilares de este, el gobierno corporativo, la planeación estratégica, la gestión, los ambientes de control, el direccionamiento jurídico, la gestión financiera, la gobernanza de las comunicaciones y compras.
“Buenas prácticas”, “fortalecimiento de los órganos de dirección”, “ejercicios de control”, “direccionamiento y planeación estratégica”, “mecanismos de auditoría y control” son conceptos que se repiten en el decreto.
Mencionábamos en nuestro editorial de ayer que, a diferencia del Departamento, el Municipio de Medellín tiene mayor flujo y fuentes de recursos, lo cual ha hecho que tradicionalmente se le considere como un Municipio “rico”. Eso hace que los compromisos en programas, planes y obras sea numerosos, así como las promesas de grandes proyectos que comprometen recursos futuros y suban los niveles de endeudamiento.
Por eso es importante recordar que este principio ha quedado plasmado en la nueva reglamentación de la estructura municipal: “El pilar Financiero tiene como objetivo generar mayor valor económico y social de las entidades que conforman el Conglomerado Público Municipio de Medellín, de forma sostenible en el tiempo; a través del cuidado y la optimización en el manejo de los recursos públicos”, con “buenas prácticas financieras en la administración de recursos públicos, el manejo y consolidación de estados financieros, la medición de indicadores de desempeño y de riesgos financieros”.
El ya robusto y expandido organigrama de la Alcaldía creció todavía más. Dos secretarías, una subsecretaría, tres gerencias y una unidad administrativa especial. La explicación 0ficial las justifica en la construcción de “una ciudad más pacífica, más incluyente, más estratégica, más innovadora y más ambientalista”, y habiéndose apoyado en estudios técnicos hechos por funcionarios de la propia administración.
Al igual que en el caso de la Gobernación, si esto pasa por ser un avance en la gestión pública, o se reduce a crecimiento burocrático para componendas o formación de movimientos que apuntalen candidaturas futuras, será algo que dilucidará el paso del tiempo, la rendición de cuentas, las veedurías ciudadanas y el control político en el Concejo por parte de los escasos corporados que lo ejercen.
Pero mientras tanto, no hay que perder de vista que una reforma con verdaderos alcances se cocina no en la Alcaldía, sino en el Congreso: la reforma constitucional para erigir a Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Va en sus primeros debates pero es un asunto que hay que mirar con la máxima atención.