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Hay una pregunta que muchos colombianos se hacen sin saber que tiene un pomposo nombre económico: ¿por qué todo está más caro si el crecimiento de la producción del país es bajo? La respuesta es que ambas cosas son ciertas, y que su convivencia tiene un nombre: estanflación. El término nació en los años setenta, cuando las economías avanzadas descubrieron, con dolor, que la inflación y el estancamiento podían alimentarse mutuamente. Los choques petroleros de 1973 y 1979, sumados a políticas monetarias erráticas, demostraron que pocas combinaciones son tan dañinas para el bienestar de una sociedad.
Colombia, al cabo del cuatrienio de Petro, exhibe su propia versión de ese mal. No con la virulencia de la estanflación clásica, pero sí con sus dos ingredientes esenciales: una economía que crece poco y mal, y unos precios que no dejan de encarecer.
Empecemos por el crecimiento. El balance del cuatrienio es el peor del siglo, y eso en un momento en que la región ofrecía condiciones propicias para invertir y crecer. Tras avanzar apenas 0,8% en 2023 y 1,5% en 2024, la economía repuntó a 2,6% en 2025 y arrancó 2026 con un 2,2% en el primer trimestre. Para una economía emergente como la colombiana, ese ritmo es insuficiente: a ese paso, el país tardaría más de cuatro décadas en duplicar su riqueza, cuando a las tasas de comienzos de siglo lo habría hecho en menos de veinte. Ningún presidente del siglo XXI registra un desempeño tan flojo, ni siquiera Iván Duque, que cargó con una pandemia encima.
Pero hay algo más preocupante que el número en sí: quién está pagando ese crecimiento. Según un análisis de Lumen Economic Intelligence, el gasto del Estado explica el 63% del crecimiento de los últimos tres trimestres. Dicho de otra manera: no son las empresas invirtiendo ni los ciudadanos produciendo lo que está moviendo la economía colombiana, sino el dinero público. Sin ese impulso estatal, el PIB habría crecido apenas 1,2% en el primer trimestre de 2026 y un magro 0,3% en el último de 2025.
La fotografía por sectores confirma el desequilibrio. La administración pública y defensa crecieron casi 6% y aportaron por sí solos la mayor parte del avance trimestral. Mientras tanto, la construcción cayó 5% —lleva seis trimestres consecutivos en números negativos—, la agricultura retrocedió 1,4% y la minería sigue paralizada. Crece lo que depende del cheque estatal; se contrae lo que genera empleo formal, divisas y encadenamientos productivos. Es un crecimiento efímero, sostenido por el gasto y no por la inversión de largo plazo.
El segundo ingrediente es la inflación, y aquí Colombia se destaca por las razones equivocadas. Lejos de acercarse a la meta del 3% del Banco de la República, los precios volvieron a acelerarse: 5,68% anual en abril, con proyección de superar el 6% en diciembre. La comparación con la región es elocuente: mientras Chile ronda ya su meta del 3% y Perú, pese a su crónica inestabilidad política, cerró 2025 por debajo del 2%, los precios colombianos corren más rápido incluso que en las dos mayores economías de la región: en abril, Brasil registró 4,4% y México 4,5%, casi punto y medio por debajo.
Según el Fondo Monetario Internacional, salvo los casos crónicos de Venezuela, Argentina y Bolivia, Colombia tendría este año la inflación más alta de Latinoamérica. Y el golpe recae con especial dureza sobre rubros sensibles —como los alimentos— y sobre quienes menos margen tienen para protegerse. No hay impuesto más regresivo que la inflación: erosiona en silencio el salario del trabajador y castiga con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, que destinan casi todo lo que ganan a una canasta cuyo precio no deja de subir.
A esa dupla —poco crecimiento y precios altos— se suma un mercado laboral engañoso. El desempleo ha caído a mínimos históricos, sí, pero buena parte del empleo que se genera es informal o intermitente, con trabajadores que entran y salen de la cotización a pensiones. La caída del desempleo, celebrada como logro, esconde una formalidad cada vez más precaria.
El telón de fondo es fiscal. El déficit proyectado supera 6% del PIB y la deuda mantiene una trayectoria ascendente, sin que medie una crisis externa que lo justifique. El gasto que hoy sostiene artificialmente la actividad es una cuenta que alguien tendrá que pagar.
Esa es, en el fondo, la herencia económica del Gobierno: una estanflación a la colombiana, atenuada por un gasto público que compra crecimiento de corto plazo a costa de la sostenibilidad fiscal. El próximo presidente recibirá una caja en condiciones difíciles, una inversión deprimida y una inflación pegajosa.
Pero sobre todo recibirá una economía en la que millones de colombianos ganan menos en términos reales de lo que ganaban hace cuatro años, y lo sienten cada vez que van al mercado. Su reto será doble: ordenar las cuentas y devolverle a la inversión privada el lugar que el estatismo le arrebató.