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Colombia respira contenida. Como alguien que aguanta el golpe sin caer, que aprieta los dientes y espera a que pase la tormenta, el país entero —sus instituciones, su Congreso, sus gremios, sus ciudadanos— está contando los días que faltan para que termine este gobierno. Menos de tres meses. Ochenta días en los que el principal peligro no es el enemigo externo sino el propio presidente, que desde la Casa de Nariño insulta, amenaza y destruye con una energía que ya no le alcanza para gobernar.
El panorama es de asedio permanente. Gustavo Petro respalda abierta, y descaradamente, la candidatura de Iván Cepeda mientras su gobierno no mueve un dedo para preparar al país ante un posible racionamiento energético. El gobierno intenta apropiarse de los ahorros de los pensionados al mismo tiempo que el presidente denuncia fraude electoral sin presentar una sola prueba. Son frentes abiertos con un propósito común: si su heredero no gana, que no gane nadie en paz.
Y sin embargo, las instituciones resisten.
El Banco de la República sorprendió al mercado al mantener las tasas de interés estables en 11,25%, cuando los analistas esperaban una nueva alza para frenar la inflación, que llegó a 5,68% en abril —casi tres puntos por encima de la meta del banco–. La junta fue explícita: la decisión buscaba evitar que su política monetaria fuera leída como un gesto político en plena campaña. Fue la decisión correcta. Subir las tasas habría dado a Petro el pretexto que busca para decretar otro aumento del salario mínimo. El emisor probablemente ajustará su postura después del 7 de agosto. Por ahora, le niega la munición.
La Corte Constitucional también aguanta. Lleva año y medio estudiando la reforma pensional, aprobada por el Congreso pero demandada por vicios de trámite. Aunque devolvió el proyecto para que corrigieran las irregularidades —corrección que nunca ocurrió—, solo le dio vía libre al traslado voluntario de afiliados entre fondos privados y Colpensiones. El gobierno quiso convertir esa apertura en una orden de transferencia forzosa: una artimaña que pretendía que los fondos privados giraran en 15 días la totalidad de 25 billones de pesos correspondientes a los ahorros de más de 130.000 colombianos. El Consejo de Estado le puso freno. Petro amenaza ahora con nuevos decretos para forzar esa transferencia en plena temporada electoral. Lo que el gobierno llama reforma, los jueces lo llaman expropiación.
La Registraduría enfrenta un hostigamiento distinto pero igualmente peligroso. Petro exige el código fuente del software electoral alegando transparencia; el registrador Hernán Penagos se ha negado con razón, señalando que ninguna democracia del mundo ha entregado esa información y que hacerlo pondría en riesgo la integridad de los comicios. Las elecciones están blindadas: hay 850.000 jurados, cerca de 600.000 auditores y testigos electorales, las actas son manuales, existe el escrutinio y lo hacen jueces de la república. De manera que no hay razón para entregar la clave de la caja fuerte del banco, como define el registrador el código fuente, a partido o persona alguna, y menos a un presidente que ha demostrado una codicia extrema por el poder.
La Contraloría y la Procuraduría acompañan el proceso. Pero el presidente no busca garantías: busca un argumento para movilizar a sus seguidores si los resultados no le favorecen. Un hombre que llegó al poder gracias al mismo sistema electoral que hoy descredita no merece el beneficio de la duda.
La Fiscalía, cuya titular fue ternada por el propio Petro, también resistió al negarse a suspender las órdenes de captura contra 29 jefes del Clan del Golfo. Y el Congreso se prepara para su prueba más difícil: si el 20 de julio el presidente presenta formalmente la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como ha anunciado, la rama legislativa tendrá que defender no sólo su propio lugar en el sistema sino el modelo político, económico y social que los colombianos eligieron.
El desgaste es real y es enorme. Pero el sistema de pesos y contrapesos —ese mecanismo discreto que los colombianos pocas veces celebran y que ahora resulta ser la última línea de defensa— ha resistido cada embestida. Petro se presenta como demócrata mientras replica, paso a paso, el manual de Hugo Chávez: desprestigiar las instituciones, acumular poder por decreto, convocar una asamblea constituyente para reescribir las reglas del juego a su favor. La diferencia, por ahora, es que Colombia no es Venezuela. Sus instituciones no han cedido.
Ochenta días. Hay que aguantarlos.