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El modus operandi de los carteles de la contratación en Colombia está muy estudiado: si una administración quiere llegar a saquear los recursos públicos —o, al menos, darle grandes mordiscos al erario—, lo primero que tiene que garantizar es tener a un contralor de bolsillo. Y para tener a un contralor de bolsillo le toca lograr una mayoría en el concejo, que es el que lo elige, en el caso de las alcaldías; o el Congreso, en el caso de los gobiernos nacionales.
La historia reciente del país lo ha demostrado. En el cartel de la contratación de Bogotá, por ejemplo, el contralor Miguel Ángel Moralesrussi se hizo el de la vista gorda con el saqueo de Bogotá y ahora está condenado a 13 años de cárcel. Cabe anotar que al alcalde Samuel Moreno (2008-2011) al final no le sirvió de mucho estar amangualado con la contraloría porque de todas maneras ha roto ya varios récords en materia penal por corrupción en Colombia: tiene tres condenas que suman, al menos en el papel, 96 años de prisión.
Y otro caso que también es bastante ilustrativo es el del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons (2012-2015). Esta vez, a diferencia de la anterior, la Contraloría sí hizo su tarea y descubrió el llamado cartel de la hemofilia. Lyons se sintió acorralado, decidió huir para refugiarse en Miami y, tratando de salvar su pellejo, se hizo delator y terminó destapando la gran caja de pandora del cartel de la toga. La idea de Lyons tal vez era tener un exilio dorado, pero el año pasado Estados Unidos lo deportó a Colombia para que respondiera por sus delitos. Hasta su padre terminó detenido porque, según la Fiscalía, adquirió 14 fincas durante la gobernación de su hijo, sin justificación en su patrimonio.
Los concejales tampoco se han salvado, en el caso de Bogotá: cuatro que participaron en ese carrusel fueron ya condenados y otros más todavía están escondiéndose o dando explicaciones a la Justicia. Porque lo que suele suceder es que los concejales reciben no solo prebendas burocráticas, sino también jugosos contratos por entregar en las entidades bajo su tutela. En el caso de la burocracia, muchos lo podrían justificar como “participación política”, pero en el caso de los contratos es donde los concejales suelen enredarse en los códigos penales.
Todo esto nos da una idea de la importancia de la elección de contralor que en el caso de Medellín ya se avecina. El periodo a la actual contralora se le vence el próximo mes de diciembre y, en teoría, debe elegirse pronto. Sin embargo, el proceso ha estado rodeado de tanta polémica que no está muy claro cuándo se concretará.
La primera gran polémica fue la elección del Tecnológico de Antioquia para hacer el examen a los candidatos a contralor. El hecho de que al rector de este instituto le declararon nula su elección por intervenir de manera indebida precisamente en su elección como rector ha generado mucho ruido. Y, más aún, la cercanía del rector con el concejal oficialista Álex Flórez, a quien le dio un contrato cuando era secretario general.
La segunda polémica que ha rondado esta elección es toda la revuelta que se dio en esta semana en el Concejo. Cuando parecía que el grupo opositor al alcalde Daniel Quintero, que ha ido creciendo con el paso de los meses, iba a lograr elegir la mesa directiva (y anticipar lo que sería la elección del contralor), en el último momento cuatro concejales del Centro Democrático se le voltearon al partido, incluso a las instrucciones directas del expresidente Álvaro Uribe, y ayudaron para que fuera elegido como presidente el candidato afín a la alcaldía.
La desobediencia de estos cuatro concejales les ha costado una de las sanciones más fuertes en la historia reciente de la política de la ciudad y tal vez del país, pues no tendrán ni voz ni voto durante lo que les resta del periodo. Como bien dijo uno de sus colegas: “Ahora son concejales de papel”.
La pregunta que se hacen muchos es: ¿qué pudo haber animado a estos cuatro concejales para preferir este tipo de sanción a votar como se los pedía el partido, instrucción que por ley de bancadas debían obedecer?
La historia tal vez se encargará de mostrar lo que pasó detrás de bambalinas para que Albert Corredor, Nataly Vélez, María Paulina Aguinaga y Lina García se le torcieran a su partido. Por ahora, algunas evidencias hablan de Albert Corredor enredado en un carrusel de diplomas y de Nataly Vélez y Lina García con cuotas burocráticas en el Inder y en el Isvimed, respectivamente, a pesar de que, siendo, en teoría, de la oposición, no tendrían por qué tenerlas.
Cada uno de ellos ha dado sus argumentos de por qué no siguieron la instrucción del partido. Que querían votar por una mujer y no por el concejal Simón Molina, dijeron. Alguna autoridad electoral tendrá que definir en su momento si ese argumento es suficiente para la desobediencia.
De todas maneras, a los concejales de Bogotá los condenaron porque se demostró que en algunos casos les correspondía parte de la comisión de los contratos. Ojalá en el caso de Medellín no estemos hablando de la misma historia y sea cierto que los concejales desobedientes luchan por la inclusión de las mujeres y no por las “mordidas”
